Existe una macropolítica, la de las grandes ideas, la de la ideología. Y una micropolítica, la de la gestión de todos los días, la de “transpirar la camiseta” de la construcción cotidiana, la de los trabajosos consensos con los actores, la de la pelea por la administración de recursos escasos. La primera es una tarea preponderantemente intelectual; la segunda es menos glamorosa y demanda “poner los pies en el barro”. En esta división sui géneris del trabajo político se espera que la macro sea una guía para la micro. Un buen laboratorio de esta interrelación son las economías regionales, donde el observador puede diseccionar el comportamiento de los actores sin perderse en una maraña inabarcable.

El circuito frutícola de la Patagonia norte brindó esta semana un ejemplo de la interacción entre los dos niveles de la política. Para comprender la secuencia es necesario remontarse a sus inicios, a comienzos de 2007. El modelo de la macropolítica para las economías regionales fue el de la construcción horizontal y vertical de consensos: la directiva que bajó desde la Secretaría de Agricultura fue la elaboración de “Planes Integrales”, los que suponían que los actores de los circuitos productivos construyesen de manera conjunta un diagnóstico y la subsiguiente propuesta de política. Sobre la base de este respaldo el Estado buscaría luego las alternativas de financiamiento.

En los circuitos productivos regionales conviven actores con poder de mercado muy desigual y objetivos diferentes, por lo que a primera vista la elaboración de estos planes integrales parecía algo voluntarista. Sin embargo, se trató de una apuesta al consenso y a la construcción racional de políticas frente a las prácticas clientelares tradicionales y al manejo superestructural y discrecional de los recursos. Adicionalmente, los procesos de construcción de los planes suponen una externalidad positiva: obliga a los actores a involucrarse, lo que conlleva un mayor grado de compromiso.

Cuando en febrero de 2007 los actores del circuito frutícola, productores, empacadores y comercializadores presentaron públicamente esta idea dijeron que “el Plan” estaría listo en pocos meses. La realidad demostró que la tarea sería mucho más ardua y el trabajo de construcción de consensos y formulación de políticas se extendió, con no pocos ruidos, por más de un año y medio. Cuando todo estuvo listo se le puso el moño: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a la región en octubre de 2008 y prometió 66 millones de pesos para el Plan: 16 millones se aplicarían en lo que quedaba de 2008 y 50 millones eran para 2009. Por el peso relativo de sus producciones, alrededor del 20 por ciento de los recursos se destinaría a Neuquén y el 80 a Río Negro. El Plan Frutícola Integral (PFI) definía la utilización de los recursos: alrededor de un 40 por ciento serían subsidios para sanidad y seguro contra granizo y el 60 restante se destinaría a créditos blandos para promover la integración de los productores primarios con el objetivo de fortalecer su posición relativa al interior del circuito. A diferencia de los subsidios, los créditos suponen devolución. La idea era que con los recursos devueltos se crearía un fondo que se retroalimentaría año a año.

Hasta aquí, macro y micropolítica parecían ir de la mano. Los cambios sucedidos en Agricultura en 2008 se consideraron un muy buen augurio. El secretario Carlos Cheppi venía de la presidencia del INTA, de donde surgió el modelo de los Planes Integrales. El PFI, además, fue coordinado por el INTA. Sólo faltaba un detalle, que se giren los fondos y se establezca por ley el consejo directivo del Plan, el organismo integrado por representantes de los productores, de entidades públicas del sector y de los estados provinciales que tendría a su cargo aplicar los recursos. Pero nada de ello ocurrió. Según se informó esta semana, el trabajo de infinidad de actores que se comprometieron y gestaron el Plan durante dos años quedó en nada. Los fondos para Río Negro no serán los 40 millones prometidos, sino 14: 5 millones serán subsidios para sanidad y 9 subsidios directos para “pequeños productores”. No se aplicarán según el Plan, sino, otra vez, como resultado de la discreción de funcionarios nacionales. Regresando al viejo clientelismo, no los gestionarán los propios actores del circuito sino, mayoritariamente, los intendentes.

Quienes se involucraron en un trabajo de construcción de consensos de dos años tienen sobradas razones para sentirse frustrados y continuar desconfiando de “la política”. En apenas dos meses, con la oportuna intervención de la subsecretaria de Agricultura, Carla Campos Bilbao, y el senador nacional por Río Negro, Miguel Pichetto, el PFI se esfumó

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