La minería a cielo abierto se convirtió en los últimos años en uno de los blancos predilectos de organizaciones sociales y políticos de la oposición que cuestionan su impacto sobre el medio ambiente y las exenciones impositivas que tienen las multinacionales que operan en el sector. En diálogo con Página/12, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, respondió a cada una de las críticas y resaltó las ventajas que generó el crecimiento de la actividad durante los últimos seis años.

Usted es funcionario del área vinculada a las actividades más cuestionadas por su impacto ambiental y las ventajas impositivas que concentra.

–Argentina es un país inmenso que históricamente intentó apalancar su desarrollo social y económico desde la Pampa Húmeda, pero quedó demostrado que el modelo agroexportador no alcanza porque las provincias que no forman parte de esa región lo único que generaban era exclusión social. A partir de 2003, nuestro objetivo fue revertir la situación poniendo en valor una serie de actividades productivas y de servicios capaces de frenar el éxodo hacia las grandes ciudades. Dentro de este esquema, la minería comenzó a cumplir un papel importante porque generamos las condiciones para su desarrollo.

Para generar esas condiciones se otorgaron exenciones impositivas que no tiene ningún otro sector.

–Los incentivos se concentran en la etapa de búsqueda de las reservas de minerales porque es una actividad muy costosa y de alto riesgo.

Las empresas que ya están extrayendo minerales también tienen incentivos impositivos.

–No es así. El año pasado se exportaron minerales por 3650 millones de dólares y las empresas pagaron 3700 millones de pesos entre impuestos, tasas y porcentajes correspondientes a las empresas mineras públicas que están vinculadas con los proyectos. Cuando la actividad se pone en marcha deben cumplir con las exigencias impositivas como en cualquier otro sector. El único beneficio extra es una zona franca aduanera sólo para importar equipos que no se fabrican en la Argentina, pero desde 2003 venimos sustituyendo importaciones para que cada vez sean menos los equipos que haya que traer de afuera.

También tienen estabilidad fiscal por 30 años y eso complicó al Gobierno cuando a fines de 2007 quiso cobrar retenciones a la exportación debido a la suba del precio de los metales.

–Lo primero que hay que dejar en claro es que la actividad minera paga entre 5 y 10 por ciento por derechos de exportación. La diferencia depende del valor agregado que tenga el recurso natural primario.

Paga bastante menos que el sector agropecuario.

–No es una comparación válida. En San Juan, por ejemplo, se montó un proyecto minero detrás de una zona montañosa de 5300 metros. Para llegar hubo que construir una autopista en la altura. Luego fue necesario llevar energía eléctrica, montar un gasoducto e incluso fundar un pueblo. No se puede comparar esa situación con la de un productor bonaerense que decide sembrar soja en 25 de Mayo o Pergamino porque en esas localidades la infraestructura ya está montada y fue solventada por el Estado.

¿Y quién financia la infraestructura que necesita la empresa minera?

–Los recursos salen del propio proyecto minero. Cerca del 30 por ciento de la inversión empresaria es para el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, ahora se está avanzando en el desarrollo de un proyecto en Malargüe, al sur de Mendoza, para extraer minerales de potasio. Se prevé una inversión de 12 mil millones de pesos y el 40 por ciento (5 mil millones) va destinado al desarrollo de infraestructura básica porque se van a construir 300 kilómetros nuevos de ferrocarril para unir el yacimiento con la línea Ferrosur que sale a Bahía Blanca. Los inversores también van a generar su propia energía y montar una terminal portuaria propia. Todo eso se hace antes de comenzar a producir.

Usted dice que las empresas mineras pagan entre 5 y 10 por ciento de retenciones, ¿qué es entonces lo que se quiso cobrar a fines de 2007?

–El cuerpo jurídico del Estado consideró en ese momento que no correspondía mantener la estabilidad impositiva consagrada en un régimen normativo específico como el minero porque el alcance de la ley de Emergencia Económica de 2002 tiene mayor peso que los acuerdos sectoriales. Por ese motivo, una docena de empresas que no pagaban retenciones tuvieron que empezar a pagar entre 5 y 10 por ciento.

¿Sólo doce empresas?

–Del universo total, que son cerca de 1000 empresas mineras, solamente una docena estaban exceptuadas de pagar retenciones porque habían adherido a la ley de Inversiones Mineras con anterioridad a la sanción de la de Emergencia Económica. No hubo ningún otro cambio.

¿El resto de las mineras no estaban incorporadas al régimen de inversiones?

–Estaban incorporadas cerca de 500 empresas, pero sólo habían presentando un proyecto solicitando estabilidad fiscal entre 15 y 20 empresas y apenas 12 estaban exportando.

¿Ninguna de esas empresas protestó?

–Algunas pagan bajo protesta, pero si se observa la curva de comportamiento del sector se puede ver que eso no ha dañado en nada el proceso de crecimiento sectorial que nosotros estábamos previendo.

Algunas organizaciones sociales y políticos de la oposición afirman que las mineras extraen los metales más preciados junto con otros de menor valor, pero sólo declaran los primeros al momento de exportar.

–Ese temor podía estar justificado en la década del ‘90, pero una de nuestras tareas ha sido rejerarquizar al Estado para la defensa del bien común. La Aduana tiene equipos especiales para controlar lo que se exporta e incluso toma muestras de los embarques que quedan lacradas por si surge algún cuestionamiento posterior. Además, los proyectos más grandes cuentan con la participación accionaria de empresas mineras públicas provinciales que también se encargan de controlar lo que se exporta para defender sus intereses. En Bajo la Alumbrera los privados operan junto a la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, la cual está controlada en un 60 por ciento por el Estado provincial y en un 40 por ciento por la Universidad Nacional de Tucumán. En Santa Cruz está Fomicruz, una sociedad del Estado que participa del proyecto Cerro Vanguardia en el norte de la provincia, y en San Juan opera el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipem) que es socia en el proyecto que Barrick Gold tiene en Veladero.

También se cuestiona a la minería a cielo abierto porque se dinamitan montañas y el polvo de las rocas deteriora los cultivos.

–Esos discursos expresan visiones radicalizadas sobre los procesos. En Chile conviven sin problemas enormes yacimientos mineros al lado de viñedos de las marcas de vinos más famosos del mundo. Argentina tiene un marco normativo muy riguroso para poder hacer minería. Los proyectos tienen que hacer un informe de impacto ambiental que se debe actualizar cada dos años y además nosotros hemos incorporado el control social de los proyectos. En muchas localidades del país la gente participa de los controles para tratar de quitar miedo.

En Chilecito dinamitaron una montaña y a los vecinos les llovieron piedras.

–No fue una actividad minera. En ese caso, la comunidad le solicitó a la autoridad minera de la provincia que le preparare la plataforma de un cerro para establecer allí la figura de un Cristo. Sin lugar a dudas hubo una equivocación de los técnicos, pero eso no tiene que ver con la minería.

Otro cuestionamiento es que utiliza cianuro para separar los metales contaminando el medio ambiente.

–El cianuro se fabrica desde el año 1777 y se usa industrialmente desde comienzos del siglo XIX. La actividad minera es absolutamente minoritaria en el uso industrial del cianuro. No obstante, hay un marco normativo que asegura controles para darle seguridad a la gente. Se adecua el terreno, se impermeabiliza el suelo y se trabaja en cuencas cerradas para evitar que un accidente termine contaminando un curso hídrico natural. Además, es importante aclarar que el cianuro se usa para “entrampar” la partícula de metal, ya sea el oro y la plata. Por lo tanto, si se escapa el cianuro se escapa también el metal preciado que es objeto del deseo económico. El negocio es que no se escape el cianuro. Muchas veces esto no se conoce porque se está a mucha distancia y también porque las empresas del sector han sido reticentes a abrir las puertas para mostrar, lo cual ha sido un error porque no hay nada que esconder.

Sin embargo, en mayo de 2008, la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente de Minera La Alumbrera porque consideró que se encontraba acreditada la contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales.

–Minera Alumbrera no usa cianuro. El problema ahí fue que la empresa tiene la actividad primaria y la planta industrial en lugares diferentes. El mineral molido se lleva a la planta a través de un ducto y lo que hubo fue una denuncia que decía que había habido una rotura, pero en realidad fue una maniobra de mantenimiento. Nunca hubo pruebas que acreditaran que se haya afectado el medio ambiente. De hecho, tengo entendido que recientemente el vicepresidente de Minera Alumbrera fue sobreseído. En las investigaciones participaron universidades, el servicio geológico minero nacional y las autoridades de aplicación, que son las provincias. En Argentina los recursos mineros son provinciales y las provincias son las autoridades de aplicación. Lo que hace el gobierno es fijar normas para que la conducta sea similar en todo el país.

¿No puede ocurrir que las provincias flexibilicen sus controles ambientales para atraer inversiones mineras?

–No hay posibilidad porque todas las provincias cumplen con el marco normativo nacional, que es uno de los más exigentes del mundo.