En una discusión hay sólo una cosa peor que tergiversar los dichos del otro a los fines de demostrar una (supuesta) superioridad de los argumentos propios: utilizar para tal fin la descalificación personal. Esto es, ni más ni menos, lo que hicieron los autores (Fabián Amico y Alejandro Fiorito) en su respuesta, publicada en el Cash del 6 de septiembre (“Viejos nuevos errores”), a mi artículo aparecido en el mismo suplemento del 9 de agosto (“Ortodoxias nuevas y viejas”). Sin embargo, su crítica me permite desarrollar algo más profundamente los argumentos tomando otras críticas constructivas que recibí y que, creo, aportan al debate.

El artículo original intenta poner en discusión un punto en el que coinciden muchos economistas: la necesidad ineludible de devaluar como mecanismo para retomar el crecimiento económico. En primer lugar, porque dada la imposibilidad de elevar las retenciones en el actual contexto político, poco podría hacerse para evitar la caída del salario real que la devaluación supone. En segundo lugar, porque ningún plan de desarrollo se basa en la devaluación como única herramienta. Evidentemente, tal variable jugó un rol central en el crecimiento económico reciente, pero hoy las políticas deben incluir necesariamente otro eje. A su vez, criticar una opción lejos está de abogar por la contraria. Por ello estar contra una nueva devaluación no significa automáticamente que no haya que mantener el actual nivel del tipo de cambio real (TCR), que lejos está de los de la convertibilidad o de la dictadura militar, pero eso no es suficiente. Por esta razón se sostenía que con ese TCR debía otorgarse un necesario aumento salarial, que junto con el financiamiento estatal (cuyo pilar podría ser el promocionado y aún inexistente Banco de Desarrollo) permitiría generar los incentivos, la demanda y la posibilidad de desarrollar la economía.

Frente a una posible nueva devaluación se intentaba mostrar que el aumento de ganancias provocado por la devaluación (vía caída salarial) no lleva al desarrollo. Esta argumentación, que no considera al mercado como “asignador eficiente”, se basa en que devaluar beneficiando a todas las empresas sin importar sus características y potencialidades bloquea los incentivos para acumular capital innovando. ¿Por qué razón una empresa incurrirá en costos elevados (en relación con los devaluados salarios) para tecnificar la producción y elevar sus niveles de productividad, si no se ve obligado a ello por la competencia o el Estado?

Frente a eso, se señalaba la importancia de la competencia para lograr desarrollar la economía de manera similar a las experiencias del sudeste asiático. Allí el Estado otorga subsidios (créditos, garantías) en base a metas de inversión, empleo y/o exportaciones. La competencia se utiliza para forzar a las empresas a aplicar esos fondos a los fines que el Estado señala: si una empresa local quiere mantener el flujo de ayuda estatal debe cumplir las metas estipuladas. De este modo un determinado objetivo de exportaciones, por ejemplo, implica que la empresa debe superar la competencia externa para continuar recibiendo la ayuda. De esa manera se puede obligar a las compañías a ampliar la escala, innovar en sus procesos. Sólo cuando aplican de esa forma los fondos logran niveles de productividad que les permiten competir en igualdad de condiciones y abonar salarios similares a los de otras latitudes, proceso que requiere, a su vez, fortaleza sindical y políticas estatales de ingreso. Claramente, la propuesta de discusión salarial tripartita se articula con esa dinámica, pero olvida discutir el paso previo. A todo eso aludía, en reducido espacio, cuando decía que “se deberían considerar políticas que premien los incrementos genuinos de productividad logrados a través de la innovación y ampliación de la escala productiva”. Se deben privilegiar políticas industriales que impliquen objetivos y, por ende, premien ciertas conductas y no al conjunto de empresas, como se hizo en los últimos años. Cualquiera sea el mecanismo específico aplicado, el Estado podrá planificar el desarrollo, especificando metas y retirando el subsidio cuando sean incumplidas. Este control es imposible si el único instrumento de promoción, o más importante, es el tipo de cambio.

Entonces, no se considera al tipo de cambio como una variable irrelevante sino, que se critica su entronización como mecanismo suficiente para alcanzar el desarrollo. Y luego se intenta centrar el debate en el rol del Estado en la construcción de los mecanismos de la competencia que encaminen a las empresas en el sentido deseado a través de condicionalidades.

Creo que existe un consenso general de que, en promedio, las empresas locales no pueden competir directamente con las extranjeras. La cuestión es qué mecanismos son los más potentes para aproximarnos a una situación donde eso sea posible. Una nueva devaluación no sólo reducirá el salario real (por no poder aplicar retenciones mayores), sino que además quita incentivos a la innovación e impide construir una política industrial seria. De ser así, se seguirá perdiendo el tiempo y las empresas que se desarrollan a nivel nacional seguirán utilizando los salarios bajos como única arma de competencia.

* Investigador en Formación Conicet/Ceped-UBA.
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