Esta semana se oficializó la noticia ya conocida de la constitución del Ministerio de Agricultura, un viejo anhelo de la dirigencia rural. No se sabe bien si es por reminiscencias de los tiempos políticos en que tal ministerio existió o por la creencia de que una transformación burocrática superestructural va aparejada, también, de un cambio en la relevancia que el Estado otorgará a la política sectorial. Con prescindencia de las figuras que lo ocuparán, a las que se verá en la acción, aunque a algunas (lamentablemente) ya se las vio, el punto es que la nueva repartición aparece, hasta prueba en contrario, como un intento de unificar políticas que hasta ahora se encontraban dispersas entre distintas áreas del Estado, desde la propia ex Secretaría de Agricultura, Comercio Interior, la Oncca y hasta la Afip.

El presupuesto de análisis es que, de esta manera, las corporaciones agrarias encontrarán a un interlocutor que estará, ahora sí, respaldado con una autoridad política acorde con su rango. Esto es así por más que la actual administración haya demostrado que es posible ser ministro y carecer de cualquier poder. ¿Podría haberse logrado el mismo objetivo manteniéndose al nuevo interlocutor con el rango de secretario de Estado en vez de ministro? Probablemente sí, pero el nuevo funcionario tendría que haber remontado la completamente desdibujada imagen que tuvieron los últimos secretarios por razones también completamente ajenas a sus capacidades intrínsecas. Seguramente, y sólo para citar al último, nadie podrá decir que el ex secretario Carlos Cheppi carecía de la capacidad personal y técnica para el cargo que lo sacó de la más que relajada presidencia del INTA.

Sintetizando, el diagnóstico de fondo que parece haber llevado al Gobierno a crear el Ministerio de Agricultura se asemeja mucho al de las críticas recibidas y se basa en la creencia de que el conflicto con las corporaciones agrarias fue “político” (de negociación política) antes que el reflejo de cambios estructurales. Es el mismo diagnóstico que llevó a ocupar un cargo a la hasta ayer “opositora” María del Carmen Alarcón. La idea base es cómo regresar, junto con los precios internacionales y los niveles de cosecha esperados, a 2007, cuando “el campo”, aunque refunfuñaba por no poder apropiarse del precio pleno, votaba con ganas al Gobierno. En este marco, la única prenda no negociable es el 35 por ciento de retenciones a la soja, es decir lo mismo que antes de marzo de 2008.

Si desde la derecha más entusiasta se leyó una presunta “radicalización” de la actual administración tras el bochazo electoral, no son pocos los movimientos reales que desmienten la hipótesis. Desde el discurso y desde las concesiones de devolución de retenciones y más subsidios, el Gobierno dio muestras de haber bajado varios cambios. Las corporaciones, frente a las buenas condiciones económicas que se proyectan para la presente campaña y el desgaste propio de la movida esmerilante de un año y medio, también ansían volver a la calma tranqueras adentro. A este escenario se suma, como se notó en el último lockout, el hastío de la población, que día a día ratifica que “a estos gorditos quejosos” no les va nada mal.

Dejando la política, de la que tanto se habló esta semana, y regresando a lo estructural, quizás el Ministerio de Agricultura sea un reflejo de la consolidación del nuevo patrón de acumulación “agroindustrial exportador”, con “un político” negociando, académicos y técnicos de Acrea acompañando el proceso productivo de la zona núcleo y, por qué no, alguien ocupándose de los restos de la agricultura familiar tras la aceleración de la mercantilización y la sojización.

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