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En una entrevista publicada en Cash de la semana pasada, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, defendió la minería desarrollada a partir de los años noventa en el país, resaltando las ventajas del crecimiento de la actividad durante los últimos seis años.

En pleno debate contra los grandes grupos de los medios de comunicación, el gobierno nacional argumenta a favor de uno de los sectores más concentrados de la economía, hoy mayoritariamente en manos extranjeras, que ha demostrado en el país y en la región alta capacidad para imponer su discurso ante la opinión pública, sancionar y derogar leyes, designar ministros y hasta desestabilizar gobiernos democráticos, como en Honduras.

Mayoral deja entrever algo más que un acuerdo político con algún gobernador de la cordillera: revela los límites concretos del Gobierno para imaginar un desarrollo económico por fuera del modelo extractivo exportador. Convoca en el exterior a invertir aprovechando nuestras “ventajas comparativas” y el alza del precio internacional del oro, y a “derramar” las ganancias en provincias que desde hace décadas ven morir sus economías regionales. Perfilándonos como el segundo productor de oro en América latina, ofrece disfrutar del “esplendor de Potosí” hasta que se agoten las reservas.

¿Qué otra actividad tiene congelados los impuestos por treinta años o la posibilidad de descontar del impuesto a las Ganancias todo lo que invirtió en insumos o estudios previos? ¿Cuál está exenta los primeros cinco años de cualquier tasa a su maquinaria o vehículos, o del impuesto al Cheque? En Andalgalá vivían 2000 agricultores, hoy sólo quedan 700. Vaya a saber si su destino fue algún centro urbano, pero el éxodo comenzó con el inicio de actividad de La Alumbrera, en 1998.

Con una producción anual de concentrados que contienen 600.000 onzas troy de oro, a una cotización promedio de 1000 dólares la unidad, La Alumbrera se lleva cerca de 600 millones de dólares, sólo contando el oro. Invirtió 1400 millones de dólares entre 1995 y 2003, pero el conjunto de la actividad minera en el mejor año le dejó a la provincia en concepto de canon y regalías sólo 126 millones de pesos.

A pesar del crecimiento de las inversiones, el sector minero representa el tres por ciento de los puestos de trabajo asalariado del país, por requerir mucha tecnología y muy poca mano de obra. La idea de desarrollo que sugiere Mayoral con las obras de infraestructura contrasta con la miseria y la desocupación de esas poblaciones, que seguirán recorriendo sus vidas por caminos de tierra cruzados por impecables rutas pavimentadas hacia enormes huecos perdidos en la nada.

Considera las críticas a la actividad como maniobra de la oposición o fundamentalismo ecológico. Como en el conflicto de Kraft-Terrabusi, ve el problema principal en los “grupos izquierdistas infiltrados”, no en el incumplimiento de la empresa. Si hoy la sociedad va cobrando conciencia de la obscenidad con que operan estas multinacionales es gracias a los conflictos que a lo largo del país denuncian la contaminación y el saqueo. Cualquier gobierno popular debiera ver allí –aun con sus características y debilidades– más una oportunidad para recuperar derechos que un problema a sofocar.

Poco aprovecha el estrecho margen que le quedó al Estado para recuperar soberanía o cambiar mínimamente las reglas de juego. Las mineras estatales provinciales o las universidades asociadas a las mineras son, en los hechos, “dadores de firmas” en los informes de impacto ambiental o en sus balances anuales.

Todo esto es conocido en detalle por el gobierno nacional, pero ha elegido el camino de no querer ver. Nuestra propia historia –incluso la del sector minero– muestra que es posible retomar el rol del Estado en el control de estos recursos estratégicos. Debería el Gobierno tomar nota del rumbo que han tomado los pueblos de Latinoamérica en la recuperación de sus recursos naturales, durante siglos saqueados por los imperios de turno

* Asesora de la diputada nacional Cecilia Merchán, Libres del Sur.