Las políticas implementadas por el Gobierno han permitido a la economía argentina alcanzar un punto de ruptura irreversible con el modelo económico iniciado por el gobierno militar en 1976 y que, consolidado durante el menemismo, se derrumbó durante el gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001. Dicha evolución, y el hecho de que la oposición carezca de un proyecto económico alternativo, la han llevado a desarrollar una violenta y desesperada crítica de la política fiscal, en particular la carga arancelaria a la renta agraria (las retenciones), que sería “expropiatorio”, y del gasto público, en particular las subvenciones y la inversión pública, que serían “clientelistas”. Los sectores dominantes comprometidos con la vieja economía del Consenso de Washington han desarrollado en los últimos años una crítica exaltada, para no decir fanática, a la reintegración del Estado en su rol de regulador en la economía argentina que aparece anacrónica frente a la importante y decisiva acción que éste tiene en los países industriales para resolver la crisis financiera internacional o su rol en el fuerte crecimiento económico de los nuevos países industriales.

Consideramos, al contrario, que la intervención del Estado, para adecuar la estructura de los precios relativos a través de las subvenciones, es un factor esencial para un desarrollo equilibrado de la demanda y que ésta es una variable central del crecimiento. La disminución de los costos de producción es además indispensable para una política exportadora de los sectores no tradicionales. Por otro lado, la renta agraria produce un fuerte desequilibrio en la estructura de la inversión y una deformación de los precios relativos. Dada la estructura fiscal regresiva, e injusta, existente en Argentina, se debe considerar que el impuesto a la renta agraria permite un reequilibrio de la misma y es funcional para el desarrollo económico.

Precio mundial y precios internos

Adam Smith, en 1776, y David Ricardo, en 1819, definieron la renta de la tierra como la diferencia entre el precio de producción, que incluye el beneficio medio sobre el capital invertido, y el precio de venta del producto agrícola. En el caso general analizado por Ricardo, en una economía cerrada, el precio del mercado será fijado por la empresa que posee la tierra menos productiva, lo cual hace que las otras perciban una renta. Ambos economistas, fundadores de la teoría económica liberal, explicaron que la renta se explica como el resultado del monopolio de la tierra y que toda ganancia monopólica es un ingreso indebido. Desde entonces, y hasta hoy, todos los economistas, sean o no liberales, consideran que la renta es un ingreso que debe ser suprimido, ya que produce por un lado una distorsión de los precios relativos y por otro lado un desequilibrio en el mercado de los bienes de capital.

En el caso argentino, la problemática es simple: el precio de los commodities es fijado por el “mercado mundial”. Por un lado, cuando los precios aumentan, el área sembrada o utilizada se incrementará, y viceversa. Por otro, la producción de las empresas agrícolas, habida cuenta de la productividad de la tierra, será función de la evolución de los precios. Como los precios de los distintos productos no varían de manera paralela, aquellos cuyos precios aumenten más rápido verán su producción subir, mientras que para los otros el área sembrada disminuirá, y viceversa.

En realidad, el “mercado mundial” es un recinto, propiedad de empresas, en el cual hay una multitud de computadoras que registran las órdenes de compraventa de productores y consumidores, de bancos e instituciones financieras, y “determinan” un precio, cuya validez es una convención. Los contratos pueden ser a término, precios futuros, o inmediatos. A partir de 2006 los grandes bancos y los hedge found pasaron a intervenir en esos mercados induciendo una rápida y fuerte alza de los precios que, según los fanáticos de “la teología del mercado”, como los llama Joseph Stiglitz, era el resultado “de la libre acción de la oferta y de la demanda”. Se trataba en realidad de una burbuja especulativa que se terminó provisoriamente con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008. En junio 2008, un estudio realizado por la Cámara de Representantes y por el Senado de los Estados Unidos mostraba que sólo 20 por ciento de los contratos en el “mercado” daban lugar a compraventas reales y que 80 por ciento eran ficticios o, si se prefiere, especulativos.

El reflujo de la tensiones especulativas luego del agravamiento de la crisis bancaria hizo que los precios “spot” cayeran. El precio del barril de petróleo pasó en pocos meses de 150 a 50 dólares, y una evolución comparable ocurrió con las otras materias primas. La vuelta al “mercado” de los traders, en marzo del 2009, impulsó una nueva tensión especulativa y un incremento de los precios. El petróleo cotiza a 70 dólares, vale decir su precio en junio 2006, y esta tendencia vuelve a inquietar actualmente a los gobiernos, que estudian las medidas para limitar las variaciones provocadas por la especulación.

Lo que no deja de sorprender es que los comentaristas argentinos finjan ignorar esta situación, ya que las tensiones especulativas en los precios de las materias primas obligaron a numerosos países a desacoplar los precios internos de los precios “mundiales”. Es el caso de Argelia, donde el precio interno del gas fue fijado por el gobierno, pero también en Tailandia y Vietnam, que hicieron lo propio con el precio del arroz, mientras que la India y China pasaron a subvencionar a los consumidores. En los países industriales fueron tomadas medidas compensatorias para limitar el impacto del aumento de los precios de la energía. Esto permite indicar que de manera general todos los Estados intervinieron en “los mercados” para impedir que los incrementos especulativos de precios provocaran distorsiones en la economía, ya que incluso los economistas liberales consideraban que los “mercados” no transmitían precios coherentes.

Como lo indicó Ricardo, la renta provoca una distorsión de los precios relativos internos ya que, por ejemplo, los salarios nominales deben ser superiores a los que deberían ser si no existiera la renta agraria, lo cual hace que se incremente el costo salarial sin que ello beneficie a los trabajadores, ya que con un salario superior comprarán un misma cantidad de alimentos. Esta situación será negativa para el desarrollo económico global del país, puesto que se gastará más en alimentos lo que, para un nivel dado de los salarios, disminuirá la demanda global de bienes manufacturados y de servicios. El remanente de la demanda una vez satisfechas las necesidades alimentarias será inferior al que sería sin la distorsión de los precios relativos provocados por la renta. Finalmente, los precios de los productos manufacturados aumentarán, lo que inducirá una caída del volumen que podría producirse para un nivel de ingreso interno dado y limitará la posibilidad de exportar, puesto que los costos se incrementarán respecto de los otros países.

La necesidad de garantizar la estabilidad de los precios relativos internos compatibles con el desarrollo supone por lo tanto fijar un impuesto diferencial a las exportaciones para cada producto hasta obtener la estructura de producción agrícola deseada. Dicho de otra manera, si las variaciones del precio mundial y la renta agraria de la soja son superiores por ejemplo a la del trigo o de la ganadería, la producción de soja aumentará en perjuicio de la de trigo o de carnes. Si se considera que se debe alcanzar una producción dada de trigo y de carne, entonces los impuestos a las exportaciones deberán variar para que la producción de trigo y carne aumente. Y esto hasta que las rentabilidades de las distintas producciones tiendan a equipararse.

La renta y el crecimiento económico

La renta provoca además un incremento de la tasa media de beneficio, que disminuye la cantidad de proyectos de inversión viables. En efecto, las inversiones se distribuirán entre los distintos proyectos en función del beneficio esperado. La inversión irá así, primero, a los proyectos más rentables y luego a los menos rentables. Como el volumen disponible de activos para la inversión es limitado, toda una serie de proyectos no podrán ser financiados. En el caso que nos interesa, la renta agraria aparece al inversor como formando parte del beneficio global, y el aumento de éste cuando se incrementa el precio mundial provocará una transferencia de inversiones del sector de los servicios e industrial al agropecuario. En particular se observará un incremento del precio de la tierra, que es una inversión fija, y del alquiler pagado por quienes no la poseen. Cuando el precio mundial de los productos baje, como sucedió a fines de 2008, el alza pasada del precio de la tierra hará que aparezca una pérdida en términos contables. En el sector agrario propiamente dicho el aumento del precio de la tierra producirá además una caída de la inversión de los bienes muebles y de los insumos variables necesarios a la producción agrícola y la productividad física disminuirá, o aumentara menos que podría subir en condiciones normales.

Esto explica que en las explotaciones agropecuarias en Argentina los “rindes” promedios sean sustancialmente inferiores a los que pueden observarse en Nueva Zelanda, Europa occidental o los Estados Unidos. Para ilustrar nuestro propósito debemos recordar los pesos promedios de faena de vacunos, que en la Argentina son inferiores a la mitad a los de la Unión Europea, y que los rindes por hectárea para un producto determinado como el trigo lo son igualmente. Vemos así que, como lo señalaba Ricardo, la renta agraria provoca una distorsión de los precios que limita la inversión tanto del sector industrial cuanto de los servicios, y por ende del desarrollo económico.

Los economistas y comentaristas liberales sostenían, hasta que la crisis financiera mostrara la inconsistencia del postulado neoliberal, que el Estado no debe intervenir en la economía ya que el “mercado” terminará por definir un equilibro de precios y de cantidades que será el más eficiente. John Maynard Keynes, hace 63 años, escribió que esta concepción teórica de la realidad podía ser conveniente para los inmortales pero no para nosotros, ya que era probable que el quimérico equilibrio, de existir, se produjera cuando estuviéramos muertos. En el caso argentino, la defensa del “libre mercado” presenta además otra dificultad, ya que dicha teoría es incompatible con la existencia del factor monopólico que lesiona a los intereses de los consumidores y de los inversores, como lo muestra la historia argentina reciente.

La supuesta “libertad de empresa” y el “libre mercado” están centrados en la búsqueda de un beneficio de corto plazo, que probablemente sea incluso negativo para aquellos mismos que defienden dicho sistema de manera ciega e intolerante. En dichas posiciones se confunden argumentos económicos de validez discutible y políticas económicas anacrónicas que han llevado el país a vivir las horas más negras de su historia, no sólo durante la dictadura en materia de derechos humanos, sino en la destrucción sistemática de los derechos sociales esenciales que son la salud, la educación y la vivienda, como lo mostró el agónico final del modelo en diciembre de 2001.

La crítica a la acción económica del Gobierno no tiene, como hemos visto, un fundamento en la teoría económica liberal, puesto que ésta no reconoce la pertinencia de ingresos producidos gracias a posiciones monopólicas y, como lo señaló Paul Kugmann, la economía de connivencia no puede ser la base de una política económica sustentable. La defensa de dichas prácticas sólo puede servir para consolidar el poder de sectores cuyo proyecto es el de excluir a la mayoría de los argentinos del progreso que permite el desarrollo tecnológico contemporáneo, pero tiene poco que ver con la racionalidad económica que pretenden defender

* Doctor en Sciences Economiques Université de Paris. Conseiller Régional d’Ile de France, Groupe Socialiste.