El gobierno argentino se presentó en el último encuentro del G-20 como uno de los principales promotores para que se revise el accionar de los paraísos fiscales. Desde entonces hubo avances que, en su mayoría, consistieron en la firma de acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal y financiera. El objetivo es combatir la evasión fiscal y la elusión monetaria en operaciones de comercio internacional y negocios bursátiles. En la última parte del año, los organismos reguladores locales rubricaron importantes convenios con jurisdicciones donde operan plazas offshore. Sin embargo, esos acuerdos no siempre conllevan una voluntad real de brindar mayor transparencia a las cuentas, sino que son tomados como un paso protocolar para poder salir de la lista negra que elabora la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE). Es el caso de Uruguay, donde sus sociedades “sello de goma” reciben buena parte de lo que fugan los especuladores argentinos.

Luego de que se desatara la crisis mundial, los gobiernos centrales se mostraron alarmados ante el enorme flujo de fondos que circula sin control o con escasa regulación y que hace perder a las cuentas fiscales miles de millones de dólares. Argentina en la reunión del G-20 en Londres alertó sobre la necesidad de coordinar una estrategia para mitigar ese impacto. Entre los puntos que se acordaron se destacan las iniciativas que apuntan a combatir el fraude, mediante el intercambio de información tributaria, la eliminación del secreto bancario y la posibilidad de inspecciones en el extranjero. En Estados Unidos y varios países de Europa hubo una fuerte resistencia de parte de los bancos que no quieren transparentar sus operaciones.

Los reguladores argentinos trabaron el año pasado las operaciones con esas jurisdicciones donde se establecen firmas fantasmas. Previo al compromiso adoptado por el G-20, el país tenía acuerdos sólo con Chile, Brasil y Perú. El mes pasado se rubricaron nuevos con los principados de Mónaco y Andorra. La Argentina se convirtió en el primer país de América latina en cerrar un convenio de intercambio de información con este último. Mañana el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, firmará con Costa Rica y antes de fin de año se prevé hacer lo mismo con Francia, Islas Caimán, Jersey, Bahamas y San Marino.

La lista de países que se agregarán en la siguiente etapa es abultada, lo que hace todavía más notoria la ausencia de Uruguay. Tanto el gobierno actual como los candidatos a asumir el gobierno en ese país el año próximo defendieron el accionar de su plaza offshore, como parte de un modelo de banca internacional. “La Argentina también defiende un sistema financiero internacional, pero dentro del marco de transparencia que se planteó en el G-20”, objetó un destacado funcionario de la AFIP. En el organismo recaudador se manifestaron optimistas en poder reanudar las conversaciones luego de que asuman las nuevas autoridades uruguayas. “En medio de una campaña política es difícil creer que haya anuncios al respecto”, agregó la misma fuente.

De todos modos, todo indica que los escasos acuerdos que celebró Uruguay sólo buscaron abandonar la categoría de paraísos fiscales que confeccionó la OCDE. Tax Justice Nertwork confeccionó una “lista alternativa” con más de 60 territorios que no cooperan en materia fiscal. La enumeración incluye a Uruguay, Panamá, Costa Rica y la plaza londinense, a pesar de que la OCDE no los incluya por haberse comprometido a “intercambiar información”. El estudio sostiene que los criterios que se utilizaron para quitarlos de la lista de la OCDE son “inapropiados” e “insuficientes”. De acuerdo con esta red internacional, el nivel de “opacidad” financiera de Uruguay es excesivo, debido a que continúa garantizando el secreto bancario, no cuenta con registro público de sus sociedades financieras y no adhiere a reglas internacionales en materia fiscal.