La economía solidaria tiene arraigados exponentes de su actividad transformadora de nuestra realidad desde hace más de cien años. A fines del siglo XIX y principios del XX nacieron y se expandieron innumerables emprendimientos de ese espacio organizativo, que se basa en el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad y la democracia asociativa. La difusión de los principios del cooperativismo, en sus muy diversas modalidades, y del mutualismo se multiplicó, con el transcurso de los años, proyectando la presencia de unidades de producción y consumo alejadas de los esquemas básicos del capitalismo, signados por el individualismo, la maximización de la ganancia, la explotación social y el egoísmo.

Esos ideales inmutables en el tiempo les concedieron a las experiencias asociativas democráticamente organizadas en torno de valores de equidad y justicia social una necesaria ratificación cuando procesos críticos desde el punto de vista económico-social obligaron a amplios contingentes de población a buscar, por su propio esfuerzo, los ingresos para subsistir. Las encomiables iniciativas contemporáneas también prendieron en el espectro de las políticas públicas orientadas a generar y consolidar empleo, en épocas de aguda falta de trabajo. El Estado nacional y los locales, en los últimos años, registran numerosos programas de creación y fortalecimiento de emprendimientos productivos capaces de retomar el esfuerzo colectivo de construir formas solidarias de organización y gestión para superar las crisis de desempleo.

Uno de los mayores logros al respecto está constituido por la implementación de la ley 26.117, sancionada por el Congreso hace tres años con el apoyo generalizado de todas las bancadas legislativas a un proyecto de Alicia Kirchner, que instaló el microcrédito en la agenda pública como una herramienta de promoción social. La estrategia incorporada a esta norma legal consistió en la activa promoción y consolidación de los emprendimientos atendidos, recuperando el trabajo como integrador social y desarrollo personal, la solidaridad como esfuerzo conjunto y la distribución equitativa y el desarrollo comunitario como elementos de organización social.

Dicha ley, que creó la Comisión Nacional de Microcrédito, organismo responsable de su cumplimiento, afincada en el Ministerio de Desarrollo Social, establece como objetivo central la expansión de los microcréditos reconociendo que dicha fuente de recursos, acompañada de adecuada asistencia técnica y seguimiento, constituye una herramienta apropiada para fortalecer la economía solidaria desplegada en todo el territorio del país por pequeños emprendimientos productivos asociativos.

Partiendo del principio de complementariedad y cooperación entre lo público y lo privado, se tomaron como referencia las actividades que en la temática de microcrédito venían desarrollando diversos actores de la sociedad en distintos lugares del país. Se asumió el modelo de gestión asociada como un proceso de construcción colectiva, de mirada integral del territorio, de relación multiactoral, que genera una nueva institucionalidad en la relación Estado-Sociedad.

La aplicación de esta modalidad de gestión permitió la rápida expansión y promoción del microcrédito. El primer impacto fue garantizar un importante alcance territorial y las condiciones adecuadas de acceso al microcrédito para los sectores populares. En menos de tres años de gestión, más de 1300 organizaciones sociales, en su mayoría de base comunitaria y productiva, se encuentran aplicando en forma directa y protagónica la metodología de microcrédito como un verdadero proceso revolucionario en Argentina.

Por su parte, las Redes de Gestión Asociada se conforman con entidades afines, que a la vez son ejecutoras de microcrédito en una o más provincias donde tienen pertenencia sectorial. En general, cada una de ellas tiene antecedentes en la temática del microcrédito y cuenta con una estrategia específica de acción, diferenciándose entre sí por la elección de los destinatarios, por la rama de actividad en las que se concentran o por la localización de sus programas. La toma de decisiones es de mayor horizontalidad y buscan incidir en la política pública local o sectorial para involucrar al Estado en el desarrollo de la economía solidaria.

Una tercera modalidad de gestión asociada la constituye la experiencia del Banco Popular de la Buena Fe que conforma un entramado asociativo entre las organizaciones regionales (administradoras) y los bancos locales (organizaciones ejecutoras). De alcance nacional, la red de Bancos Populares nuclea a un importante número de emprendedores, promotores y organizaciones de base.

A tres años de la implementación de esa ley se han entregado algo más de 165 millones de pesos a las organizaciones ejecutoras de microcrédito, a través de los Consorcios y Redes de Gestión Asociada. Antes de finalizar 2009, de acuerdo con lo que ya se ha convenido y firmado, tal cifra se elevará a cerca de 220 millones de pesos. Esta iniciativa ha distribuido fondos a microproductores de todo el país por una cantidad no menor a doce veces la que, en su totalidad, programas afines habían entregado bajo muy diferentes modalidades recursos crediticios a tales prestatarios desde 1983. Ello da cuenta de la magnitud de la tarea realizada en tan poco tiempo.

Para garantizar una llegada masiva se subsidió la tasa de interés de los microcréditos de modo que no fuera más del 6 por ciento anual. Así, se otorgaron 109.445 microcréditos a lo largo de los últimos tres años y se abarcó a cerca de 80.000 emprendimientos en 22 de las 24 provincias. Un Consejo Asesor, compuesto por los ministros provinciales responsables del área de políticas sociales de 22 unidades políticoadministrativas ya adheridas, funciona como organismo de definición de estrategias y de control de las decisiones adoptadas.

Un eslabón estratégico para el buen funcionamiento de un programa de microcrédito son los Promotores y los Asesores de Crédito. Su importancia radica principalmente en su rol: seleccionar el destinatario del microcrédito para lo cual es necesaria una evaluación de variables personales, sociales y económico-productivas, al mismo tiempo que realiza el seguimiento de los créditos otorgados.

En las 1366 organizaciones de base, que incluyen organismos públicos locales, que son el contacto directo con los receptores de los créditos, trabajan activamente, en su función de promoción y asesoramiento a tales receptores, casi 5000 técnicos. Estos son lo que, en permanente contacto con los prestatarios, orientan y monitorean la actividad. El porcentaje de cumplimiento de los receptores de los plazos para retornar los créditos es muy elevado, rondando más del 95 por ciento. Los montos otorgados tienen como destino capital de trabajo y equipamiento y alcanzan a un promedio en torno de los 3000 pesos por crédito ofrecido.

Esta experiencia, que se pretende alcance a 300.000 microemprendedores a fines de 2011, es un magnífico e inédito ejemplo de gestión asociada entre organizaciones sociales esparcidas por todo el país, el Estado nacional y local como promotores directos de la experiencia y la activa y entusiasta participación de decenas de miles de pequeños emprendimientos asociativos. Estos se comprometen de palabra y en forma solidaria a devolver los créditos, no estableciéndose garantía real alguna, sino confiando en la fuerte adhesión colectiva a una idea que constituye un ejemplo renovado de la cooperación horizontal y de la democracia económica. Esta iniciativa se inscribe en la política económica y social del Estado luego de 2003 y se constituye en una pieza esencial del modelo productivista con inclusión social que desde entonces está en marcha

* Investigador del Conicet y especialista en Economía Solidaria.