El calentamiento global genera un aumento de la temperatura media, modificaciones en el régimen de lluvias, reducción de la superficie cubierta por nieves y glaciares y multiplicación de eventos climáticos extremos. Ese preocupante fenómeno puede afectar de manera irreversible el ecosistema y un conjunto de actividades económicas. Actualmente, el 60 por ciento de las emisiones de gases contaminantes proviene de la quema de combustibles fósiles y de la producción de cemento.

La magnitud del problema obligó a las naciones a suscribir algunos compromisos que fueron plasmados en el Protocolo de Kioto en 1997. Ese acuerdo estableció que los países desarrollados debían –para 2012– reducir un 50 por ciento la emisión de gases contaminantes emitidos por la producción energética, la industria, la agricultura y el transporte durante 1990. Para el cumplimiento de las metas de Kioto debían realizarse significativas reconversiones productivas y profundos cambios en los hábitos de consumo. Esos cambios estaban fuera de la agenda de la potencia económica mundial y, al mismo tiempo, mayor contaminante planetario. Por eso, Estados Unidos no suscribió el Protocolo de Kioto.

En la decimoquinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada recientemente en Copenhague, los resultados fueron decepcionantes. El acuerdo entre Estados Unidos, China, India, Brasil y Sudáfrica estableció el compromiso de limitar la suba de la temperatura pero sin precisar metas de emisiones para 2020 y 2050. Al ser no vinculante, este convenio solamente obligó a la presentación voluntaria de metas de reducción de emisiones. La promesa de crear un fondo anual de 100 mil millones de dólares en el 2020 –para ayudar a los países pobres a combatir el calentamiento global– fue el punto positivo de la reunión.

Sin embargo, la imprecisión de esa iniciativa habilita el escepticismo en relación con la concreción definitiva de ese aporte. Ya el Protocolo de Kioto preveía la organización de un fondo para financiar la “adaptación” de los países más pobres a los efectos del cambio climático. La Unión Europea tildó de “desastre” los resultados de la cumbre internacional y se fijó como meta alcanzar un acuerdo vinculante en la conferencia que se celebrará en México en diciembre del año próximo. Por su parte, el canciller argentino Jorge Taiana denunció que las negociaciones no pudieron avanzar porque los países desarrollados pretenden transferir su inmensa deuda ambiental a los países en desarrollo.

Si bien los costos económicos del cambio climático son difíciles de estimar, la Cepal en “La economía del cambio climático en América latina y el Caribe” realizó un estudio preliminar sobre su impacto en las economías latinoamericanas. Para 2100, el costo del cambio climático para la región –de no adoptarse medidas que mitiguen ese problema– equivaldría al 137 por ciento del PIB regional actual. Para la Cepal, las evidencias indican que algunos países y regiones tendrán beneficios temporales como consecuencia de los aumentos moderados de la temperatura y los cambios en el régimen de lluvias. Sin embargo, el conjunto de naciones afrontaría efectos negativos en el largo plazo.

En el caso argentino, la Cepal pronostica un aumento de temperatura entre 1,5 y 2,0 C en el período 2030-2050. Ese cambio “podría repercutir positivamente en la producción agrícola, si no se consideran los potenciales problemas relacionados con la aparición o la difusión de plagas y enfermedades ni la restricción hídrica a consecuencia del derretimiento de los glaciares (sobre todo en Chile y el oeste de la Argentina). Sin embargo, después de pasar ese umbral de temperatura, los efectos sobre la producción agrícola y pecuaria serán negativos”, sostiene la Cepal. Desde una visión cortoplacista, la Argentina se beneficiaría por una suba del rinde sojero de acuerdo con las estimaciones realizadas por técnicos del INTA. Desde una mirada a más largo plazo, la reconversión productiva y el cambio en los patrones de consumo serán los desafíos ineludibles que el mundo deberá enfrentar

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