Tras haber probado el encanto de los primeros planos de las cámaras y los titulares de la prensa gráfica, a los representantes de las corporaciones agropecuarias les cuesta volver a la trivialidad contemplativa de sus producciones sencillas. La adrenalina mediática resultó una droga difícil de abandonar. A comienzos de semana, tres de las cuatro entidades, las tres sin complejos con su ubicación a la derecha del espectro, condenaron al Gobierno por despedir al presidente del Banco Central.

El intento del Ejecutivo por desprenderse de una de las rémoras del Consenso de Washington, pagando los costos colaterales tanto de no haber modificado en su momento la Carta Orgánica del Banco Central de los ‘90, como de haber nombrado al frente de la entidad monetaria a un economista neoliberal de pasado cavallista, fue la oportunidad propicia para que el Partido del Campo confluyera en una nueva proclama.

Reforzando la embestida mediática, los dirigentes señalaron que desplazar a un funcionario que opera contra la política económica gubernamental constituía una situación “peor que la 125”. Para el sesudo análisis campero, tanto la 125 como el despido del presidente del Banco Central dejaron al descubierto “la impunidad y la voluntad hegemónica” del Gobierno. Hugo Biolcati, titular de la SRA, detalló la analogía. Explicó que en el caso de la 125 “hubo abuso con una herramienta fiscal”, mientras que en el caso del Banco Central “hay un claro atentado contra las instituciones y la división de poderes”. El núcleo común no es otro que la voracidad fiscal para hacerse de “caja” para seguir gastando. La preocupación republicana demostrada por la Sociedad Rural constituye, sin dudas, un gran paso adelante para su autoconciencia democrática. Basta comparar la actitud institucionalista del presente con las solicitadas de la entidad en celebración de la dictadura militar, como por ejemplo la publicada el 24 de marzo de 1977.

Por su parte, Mario Llambías, de la ultramontana Confederaciones Rurales, declaró que “las consecuencias de la crisis institucional por el uso de reservas para pagar deuda pueden ser muy graves”. Aquí también, como en la cuestión de la República, resulta muy loable la preocupación corporativa para que los ahorros públicos no se destinen al pago de deuda o para que las reservas internacionales no sean presa de “la búsqueda desesperada de fondos” gubernamental. Dejando de lado el desconocimiento de los empresarios rurales acerca de la naturaleza y usos del Fondo del Bicentenario, se trata de otro paso adelante en la autoconciencia de las corporaciones. Y en buena hora, porque desde 1976 a la fecha no se había escuchado nunca preocupación alguna de los ruralistas por las sistemáticas políticas de endeudamiento que llevaron la deuda pública de 8000 a cerca de 200.000 millones de dólares después del default y antes del canje.

En tanto, a muchos en Federación Agraria que todavía balbucean críticas por izquierda, les pareció too much salir en defensa de “la autonomía del Banco Central”. Por eso no se los escuchó a principios de semana junto a las otras tres fuerzas del Partido. Pero Eduardo Buzzi no se aguantó y, ya sobre el fin de semana, señaló a la prensa que parte de las reservas embargadas en Estados Unidos las había “aportado el campo” vía retenciones, toda una muestra de conocimiento de las cuentas públicas.

[email protected]