La extensión de las asignaciones familiares a los hijos de los trabajadores no registrados y desocupados logró reducir un 32 por ciento la desigualdad de ingresos entre los sectores más ricos y los más pobres. Las mejoras socioeconómicas registradas entre 2003-2009 alcanzaron con menor intensidad a los sectores más desprotegidos. La vulnerabilidad de esos grupos para caer en la indigencia y la pobreza comenzó a bajar considerablemente con la implementación de ese programa de seguridad social. Los 180 pesos por mes por hijo que cobran los beneficiarios se traducen en una caída del 69 por ciento en la indigencia por ingresos. El efecto sobre la pobreza también es relevante aunque su impacto es menor. La Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzó a funcionar en noviembre pasado. En febrero, el programa alcanzó a 3.384.546 chicos menores de 18 años, que forman parte de 1.732.530 familias.

El coeficiente de Gini –el indicador que mide desigualdad considerando a 0 como igualdad perfecta y 1 como el valor más regresivo– se redujo en el período de postconvertibilidad. En tanto, la relación entre el ingreso del 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se mantuvo sin mejoras significativas. La Asignación es la primera medida que reduce esa brecha al ubicarlo en parámetros registrados en la primera parte de los ochenta. En promedio, la caída es del 32 por ciento pero registra picos muy fuertes en algunas regiones del país, como en el Noroeste y Noreste donde la reducción de esa diferencia ronda el 40 por ciento. En la Patagonia, donde los ingresos son más elevados que la media, el impacto es el más bajo del país: 22 por ciento.

Estas estimaciones a las que accedió Cash corresponden al documento de trabajo “Asignación Universal por Hijo: resultados preliminares”, elaborado por los especialistas del CEIL-Piette del Conicet Demian Panigo, Emmanuel Agis y Carlos Cañete, que será publicado en las próximas semanas.

“La AUH reduce la pobreza e indigencia en términos considerables pero una consecuencia todavía más importante es que cambia el perfil de los grupos más vulnerables del país”, apuntó Panigo a Cash. A pesar de las políticas de universalización de la cobertura del sistema provisional, las políticas activas de empleo, el aumento en los haberes jubilatorios y el salario mínimo, en los últimos seis años los grupos vulnerables profundizaron esa situación en términos relativos. Si bien la indigencia y la pobreza cayeron en forma generalizada, quienes más se beneficiaron fueron los sectores más fuertes. Así, la vulnerabilidad relativa de los más débiles creció.

En toda América latina aquellos con mayores posibilidades de caer en la indigencia y la pobreza son las familias numerosas, las madres solas con hijos a cargo, los jefes con bajo nivel educativo y los niños.

Entre noviembre y febrero la Anses desembolsó 1629,9 millones de pesos entre los beneficiarios. En ese escenario la incidencia de la pobreza cayó alrededor del 30 por ciento y la indigencia hasta un 75 por ciento. En las regiones más pobres del país, donde el ingreso medio es muy bajo, la AUH impacta con más fuerza sobre la indigencia. En las provincias más ricas (patagónicas), la mejoría sobre la incidencia de la pobreza es la más relevante.

En el exhaustivo trabajo realizado por esos expertos el impacto sobre pobreza e indigencia del programa está medido con los datos de la EPH del segundo trimestre de 2009, los últimos disponibles. De ese momento a la actualidad, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para fijar la línea de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que establece la línea de pobreza, aumentaron el 13,3 y 14,5 por ciento, respectivamente. Los autores reconocen que la evolución en el precio de esos bienes impactará negativamente sobre las mejoras que genera la asignación. De todas formas, aclaran, para establecer un resultado preciso habrá que evaluar cuál fue la trayectoria del ingreso de los inscritos en el plan desde noviembre pasado.

Frente al cuestionamiento sobre las mediciones de precios del Indec, y para reflejar las distintas realidades provinciales, los autores analizan cuál es la magnitud del impacto en materia de pobreza e indigencia si la CBA y la CBT son en promedio un 50 por ciento más altas. Con esos parámetros la reducción de la medida sobre la incidencia de la pobreza pasa del 30 al 13 por ciento. “Pone en evidencia que la medida social más importante del país y de América latina, en toda la historia, no puede eliminar la pobreza. Para eso, el único camino es el acceso al empleo digno”, remarcó Panigo a Cash.

En cambio, el mismo incremento en la CBA la reducción de la indigencia pasa del 70 por ciento al 55 por ciento. De todas formas, los autores identifican que existen ciertos grupos, regionales y demográficos como el Norte del país y los hogares con jefes de bajo nivel educativo, que requieren otras acciones complementarias.

Discrecional vs. Automática

La movilidad de las prestaciones de la AUH está atada al sistema de asignaciones familiares. A diferencia de lo que sucede con los haberes jubilatorios, que se actualizan en forma automática desde comienzos de 2009, el incremento en las asignaciones familiares –y la AUH– es decidido por el Ejecutivo. Tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Anses sostienen que no está en estudio ninguna automatización del mecanismo. Las prestaciones serán actualizadas, pero su monto será determinado por el Gobierno. El año pasado el aumento en las asignaciones familiares se anunció dos semanas antes que la AUH y fue el 33 por ciento.

Para evitar que suceda lo mismo que con las jubilaciones, el salario mínimo y otros programas durante los noventa, cuando se licuaron las prestaciones al congelarse el monto, los especialistas remarcan la necesidad de un mecanismo de actualización automática. En ese sentido Panigo remarcó que es necesario “establecer un mecanismo de actualización de la capacidad de compra de las asignaciones, evitando recaer en mecanismos indexatorios tradicionales –por sus potenciales efectos macroeconómicos nocivos– y recurriendo a herramientas más innovadoras como las utilizadas para ajustar los haberes jubilatorios en la nueva ley que, al mismo tiempo, intentan asegurar el poder de compra de los beneficiarios y la sustentabilidad fiscal intertemporal del nuevo derecho”.

Una de las críticas que recibe el plan de extensión del sistema de asignaciones familiares es su carácter inflacionario. “Descartamos que ese gasto genere aumento de precios por presionar sobre una oferta de alimentos inelástica. Lo que sí sucede es que la asignación genera un efecto fortísimo sobre la distribución del ingreso y esto es lo que puede exacerbar una puja distributiva que ya viene con una inercia importante”, apuntó Agis a Cash. Así, no se trata de una inflación generada por un “exceso en la demanda”, sino que las causas residen en su impacto sobre la distribución del ingreso y las “reacciones” que eso genera por parte de los capitalistas/empresarios.

En ese escenario, además de la movilidad nominal de la asignación, es necesario que el Estado garantice su poder adquisitivo. Para eso proponen que la tarjeta por medio de la cual se cobra la asignación pueda utilizarse en determinadas cadenas comerciales para comprar alimentos con una deducción plena del IVA