Por Ricardo Romero

El endeudamiento externo es uno de los puntos cruciales que tiene que enfrentar Argentina. En este sentido, los economistas Kunibert Raffer, profesor de Economía de la Universidad de Viena, Austria, Pedro Morazán, del Instituto Suedwind y ATTAC Alemania, y Bárbara Fritz, del Instituto de Estudios Iberoamericanos, Hamburgo, Alemania, proponen una solución: un proceso de arbitraje justo y transparente para países endeudados del sur.
Resulta interesante rescatar la idea de Raffer, quien sugiere una alternativa, que podría evitar los costos de no pagar la deuda y evitaría los tiempos que implicaría un juicio que busque declararla ilegítima, que consiste en generar un mecanismo justo y transparente de arbitraje internacional.
¿En qué consiste la propuesta?
Kunibert Raffer: –El mecanismo de arbitraje no es más que la idea de un trato igualitario. De hacerle valer a los ciudadanos de los países del sur su protección como deudor, como ocurre en los sistemas legales de los países civilizados. Eso quiere decir que en un caso de sobreendeudamiento, el deudor que no puede pagar toda su deuda no debe pagar cuando se viole su dignidad humana o ponga en riesgo su salud. Nadie puede ser forzado, en un sistema legal, a matar de hambre a sus niños para pagar a sus deudores. Eso se llama: “protección del deudor”. Es posible hacerlo con el principio del capítulo 9 de la Ley de insolvencia para entidades oficiales públicas de los Estados Unidos, donde se protege la esfera y los poderes gubernamentales para que, como interés público, el deudor pueda seguir funcionando como entidad pública.
¿Qué repercusión internacional tuvo la propuesta?
Pedro Morazán: –Desde que el profesor Raffer lo propuso hace 15 años fue tomada desde Jeffrey Sachs hasta la Unctad. Aunque el tema toma relevancia ahora por la crisis de la deuda. A partir de las exigencias de la sociedad civil generadas por la campaña de Jubileo 2000 es que empieza a ganar terreno esa propuesta.
¿Y cuál es la viabilidad económica de llevar adelante ese proceso?
Bárbara Fritz: –Lo interesante es que desde 1997 crece desde los acreedores una propuesta en ese sentido. Es que el Fondo Monetario tuvo que desembolsar mucho dinero en las crisis financieras pasadas. Y se reconoce, en primer lugar, que vamos a tener muchas más en el futuro. Entonces, los acreedores buscan una solución que sea menos costosa que la que el mercado impone en el G7. Por lo tanto, surge un interés coordinado de llevar adelante ese proceso.
¿Y Argentina se les presenta como paradigma para un arbitraje?
K.R.: –Es un caso muy interesante que muestra la necesidad de aplicarlo. Porque esta situación de poner condiciones a Argentina para otorgar nuevos créditos para refinanciar la deuda provocó un sistema muy inestable que tiende a fracasar de un momento a otro. Creo que luego de décadas los acreedores ven que sus estrategias fracasaron.
¿Cuál sería la fortaleza de esa propuesta frente a no pagar la deuda?
K.R.: –No son propuestas opuestas, aunque no sean iguales. Incluso, el procedimiento que propongo comienza con una verificación de la deuda. Eso quiere decir que en casos donde es totalmente claro que deudas firmadas por personas que no tienen ningún derecho de hacer obligar al país a pagarlas deben ser rechazadas inmediatamente. En el caso de Argentina, el fallo del juez Ballesteros a partir de la investigación de Alejandro Olmos podría ayudar a definir una cuantía de deuda. Pero no estoy a favor de una discusión sobre qué deuda es legal y cuál no. Porque cuando se discute un procedimiento de quiebra es claro que se debe reducir una deuda a un nivel sostenible. Es necesario reducir una cantidad importante para obtener una solución rápida de la crisis.
¿Qué entiende por plan sostenible porque suena igual al plan sustentable del FMI?
B.F.: –Entendemos que debatir el tema de la deuda externa es sustancial para debatir cualquier programa de salida económica, independientemente que sea el Plan Fénix, del Banco Mundial, u otros. No hay desarrollo sostenible sin una quita sustancial de la deuda. En este sentido, creo que es un avance en la discusión, que también se esta planteando en los Estados Unidos, y es que el Fondo no puede ser juez cuando es acreedor y tiene intereses en el tema e influye en una política perjudicial para el deudor. El problema está en definir quién va a ser el árbitro que va a fijar la política económica posterior.
¿Y cuál es la implicancia del arbitraje?
K.R.: –Una nueva arquitectura del sistema financiero internacional, porque en los años 70 se afirmaba que un país siempre es solvente, que el Estado siempre iba a pagar, porque buscaría la forma de procurar el dinero. Esa es la razón principal del endeudamiento de los países de América latina. Con el mecanismo de insolvencia se sabe que no siempre se pagará. Marcará disciplina, no sólo de los deudores, sino también a los acreedores para que no otorguen créditos, por ejemplo, a una dictadura militar.
¿Es factible para Argentina el arbitraje?
P.M.: –Creo que es la única salida frente a los manotazos de ahogados que están dando tanto el gobierno argentino como el Fondo Monetario Internacional.