El Estado-Nación fue un actor central en la organización económica mundial durante buena parte del siglo XX. El ascenso del neoliberalismo como paradigma dominante desdibujó ese rol estatal, profundizando las instancias de coordinación y/o regulación económica supranacional. El vaciamiento estatal que supuso el proceso de liberalización económica fue afrontado con diferentes estrategias nacionales. Como enseña Aldo Ferrer, los mejores resultados fueron obtenidos por aquellas naciones que se vincularon estrechamente con el orden global manteniendo el comando de su destino y la capacidad de organizar sus propios recursos. Eso implica el diseño de una estrategia que involucra la planificación de áreas sensibles. Entre ellas, el tratamiento a las inversiones extranjeras.

Durante la década del ’90, el gobierno firmó cincuenta y cinco Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con otras tantas naciones. La sobreactuación argentina para seducir a las inversiones extranjeras contrastó fuertemente con la conducta de su vecino brasileño. Este apenas firmó un poco más de una docena de TBI y, además, ninguno de ellos entró en vigencia.

Los TBI brindan una serie de garantías al capital extranjero: trato no discriminatorio en relación con los inversores nacionales; libre disposición y remisión de utilidades; libre repatriación de capitales; renuncia gubernamental a la posibilidad de establecer limitaciones al desempeño productivo (por ejemplo: exigir un mínimo de proveedores locales), indemnización por pérdidas producidas por conflicto armado, emergencia nacional o desastre natural; limitaciones a las expropiaciones; habilitación para recurrir a tribunales arbitrales internacionales en el caso de diferendos. Además, los acuerdos suscriptos por la Argentina incorporaron la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, la suscripción de nuevos TBI con beneficios adicionales (con respecto a los ya existentes) implicaba la extensión automática de esos privilegios a todos los TBI.

En teoría esos tratados aseguraban la promoción de las inversiones recíprocas, cuestión que no se ha cumplido en relación con capitales argentinos en otros países, por caso Estados Unidos. Los Tratados firmados por la Argentina tienen una vigencia de diez años. Vencido ese plazo, las partes contratantes pueden denunciar por vía diplomática su caducidad. Pero los beneficios amparados por el TBI no se extinguen con esa mera denuncia. La mayoría de los tratados establece que las inversiones conservarán sus privilegios hasta diez o quince años posteriores a esa denuncia. Actualmente, la totalidad de los TBI (con excepción de los suscriptos con Argelia y Tailandia, que vencen durante este año) tienen más de 10 años de vigencia. Por eso, el Gobierno está en condiciones de denunciar su caducidad. En ese sentido, los diputados del bloque Nuevo Encuentro presentaron un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que los denuncie.

Ese puede resultar el primer paso para el diseño de un esquema regulatorio del capital extranjero funcional a las necesidades nacionales.

Eso no significa “aislarse del mundo”, sino aprender de las prácticas implementadas por aquellos países que se insertaron eficazmente en este convulsionado orden económico mundial. Como sostiene Aldo Ferrer, “los estudios comparativos sobre la incorporación de la inversión extranjera en países de América latina y en algunos de Asia revelan muy claramente la diferencia de postura entre estas naciones. En el caso de los países asiáticos exitosos, la incorporación de la inversión fue utilizada no para comprar cosas que ya existían en esos países, sino para ampliar capacidad productiva, para acceder a terceros mercados, incorporar tecnología, integrarse al tejido productivo. Nosotros no hicimos esto. Tuvimos más bien una política de puertas abiertas indiscriminadas que nos ha llevado a una situación en la cual la inversión extranjera, en vez de prestar la colaboración y la contribución sustantiva que puede hacer énfasis en otras circunstancias, termina configurándose en sí misma en un problema hasta llegar a niveles de desnacionalización del sistema económico realmente notables”

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