En las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto del Senado se emitió un dictamen para llevar al recinto el proyecto para elevar la jubilación al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Esa iniciativa no contempla las posibilidades fiscales de financiamiento actual ni la sustentabilidad del sistema a mediano y largo plazo. Solvencia que depende, además de la evolución económica futura, de la creación de empleo, de la evolución de los ingresos de los trabajadores, del avance en la registración y de la curva de crecimiento de la población. Frente a esta posición, el Gobierno exhibe el resultado de dos años del sistema de movilidad automática semestral. En la Anses aseguraron a Cash que en septiembre los haberes previsionales aumentarían un 15 por ciento. Así, el alza de las jubilaciones desde marzo de 2009 sería del 46 por ciento, ajuste que se instrumentó al mismo tiempo que se amplió la cobertura previsional.

En octubre de 2008 el Congreso nacional aprobó la Ley 26.417 que estableció la movilidad automática de los haberes previsionales en función de la evolución del salario y de la recaudación del régimen previsional. De ese modo se abandonó la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para definir las jubilaciones. Esa atribución permitió que en la década pasada los ingresos de los jubilados estuviesen congelados en 150 pesos. “Las variables elegidas aseguran progresividad y sustentabilidad a la evolución de los ingresos previsionales”, señaló en ese momento en el Congreso el entonces titular de la Anses y hoy ministro de Economía, Amado Boudou. Las voces de la oposición, por el contrario, fueron lapidarias: Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, señaló que la ley “estaba hecha para robarles a los jubilados”, mientras que el radical Gerardo Morales aseguró que “era una ley confiscatoria”.

De marzo de 2009 a marzo de 2010 la fórmula resultó en un incremento previsional del 27,3 por ciento, una suba superior a los incrementos salariales en blanco de ese período y a cualquier medición de inflación. Según fuentes de la Anses, con el aumento correspondiente a septiembre próximo, la suba desde la implementación de la movilidad automática llegaría al 46 por ciento. Estos incrementos se dieron en el contexto de una crisis internacional inédita en las últimas décadas, que tuvo consecuencias sobre la economía nacional al precipitarla a una fase recesiva y de pérdida de puestos de trabajo.

Entre mayo de 2003 y marzo de 2010 hubo 15 aumentos de jubilaciones y pensiones. El haber mínimo se incrementó en un 497 por ciento. El haber medio hace siete años era de 342 pesos; en la actualidad es de 1157 pesos. Un aumento resultante fue del 238 por ciento, similar al 240 por ciento que subieron los salarios registrados. En ese lapso el monto destinado a los jubilados prácticamente duplicó su participación en el PBI. Esa mejora se originó en los primeros años por la decisión de incrementar los haberes. Desde la aplicación de la movilidad jubilatoria, gracias a la mejora de los salarios en blanco derivados de las paritarias, de la evolución económica y del avance en la registración de los trabajadores.

El economista Jorge Gaggero explicó a Cash que “el proyecto opositor no contempla la estabilidad fiscal de mediano y largo plazo. No se basa en un cálculo que incluya ítems imprescindibles para la discusión, como empleo, ingresos, empleo registrado y curva de población. La idea expresada por algunos legisladores sobre un eventual incremento de las cargas patronales de empresas grandes no tiene en cuenta que, en el actual escenario de concentración de la oferta, ese aumento de tributos puede ir a precios. Es decir, no sabemos quién va a pagar ese incremento; no sabemos si en realidad será progresivo. Pero todo indica que no”.

El proyecto de la oposición consta de cinco artículos y treinta líneas destinadas a los fundamentos. Estos son, básicamente, una manifestación de deseos de mejora de los haberes, compartida por casi todos los partidos. Pero en el proyecto no se incluyeron argumentos que refieran a la forma de financiarlo. La suba del haber mínimo al 82 por ciento del salario mínimo requiere de 18 mil millones de pesos adicionales. Cifra que surge de multiplicar los 335 mensuales de diferencia que se reclaman por los 4,2 millones de jubilados que cobran la mínima. Si en octubre, como los últimos seis años, se eleva el salario mínimo vital y móvil un 20 por ciento (porcentaje estimado en la cartera laboral), la diferencia asciende a 27 mil millones de pesos. Además del 82 por ciento móvil, se reclama la adaptación de los otros haberes al fallo Badaro de la Corte Suprema de Justicia. Esto significaría 14 mil millones de pesos adicionales. En total, de aprobarse la ley, el aumento de las erogaciones de la Anses se elevaría a 41 mil millones de pesos anuales.

El primer cambio profundo del régimen previsional instrumentado por el actual gobierno fue la eliminación del sistema privado. En momentos en que se discuten recursos presupuestarios, vale recordar que las AFJP cobraron 12 mil millones de dólares de comisiones, casi 50 mil millones de pesos. La cobertura con el sistema instalado por el menemismo había caído por debajo del 40 por ciento; hoy alcanza al 90 por ciento de las personas en edad de jubilarse. Desde la oposición se afirma que en esos tiempos sólo el 15 por ciento de los jubilados cobraba la mínima y ahora el 75 por ciento cobra los 895 pesos del haber mínimo. Ese 75 por ciento incluye a los 2,4 millones de personas que no tenían aporte.

La presente discusión se da en el contexto de una crisis financiera global que los más prestigiosos analistas internacionales anuncian que podría recrudecer. A la vez, las mejoras otorgadas por la Anses se dan en momentos en que las principales potencias europeas congelaron los haberes jubilatorios y analizan aumentar la edad de retiro para disminuir los gastos previsionales. El economista Miguel Bein, por su parte, va más allá de la polémica coyuntural. “El debate que instaló la oposición sobre el 82 por ciento móvil tiene la virtud de que es una buena manera de traer a discusión la cuestión de la sostenibilidad futura de las cuentas fiscales y del tipo de modelo previsional de las próximas décadas. En este último punto, son evidentes las dificultades para sostener en el tiempo un régimen de reparto que muestra una relación de 1,4 trabajadores activos por cada pasivo, lo que daría margen para pagar con recursos genuinos un haber medio de alrededor de 30 por ciento del salario en actividad.”

El actual sistema de movilidad de los haberes jubilatorios es sustentable mientras se mantenga o mejore la actual relación entre aportantes y beneficiarios. Depende de variables relacionadas con la evolución de la economía, de los ingresos y de la recaudación de la seguridad social. A la vez está demostrando que en dos años está trazando un camino de incremento de los haberes previsionales en línea con los salarios y por arriba de la inflación. El primer incremento implementado en el marco del actual sistema fue del 11,7 por ciento en marzo de 2009; en septiembre de ese año subió un 7,34 por ciento; en marzo último se incremento un 8,21 por ciento. Y en septiembre lo haría en un 15 por ciento. En total, la suba acumulada sería un notable 46 por ciento.