Por Pablo Cáneva *

“Las superorganizaciones producen bienes y a su vez prestan dinero a los consumidores para que compren sus mercancías.”
(Aldous Huxley: “Brave New World Revisited”)

En 1965 fue creada la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) compuesta mayoritariamente por los Estados Unidos y la Unión Europea, bloques que en conjunto manejan el 65 por ciento del comercio mundial y en consecuencia lo digitan. Uno de los primeros temas acordados fue disponer un techo máximo del 4 por ciento para la protección a imponer sobre los bienes industriales transables, “dejando al libre arbitrio de sus países miembros las políticas económicas a implementar en el rubro agrario”, en una mera expresión de deseos, tal como luego evidenciaron las Rondas del GATT. Según datos estadísticos de la misma OCDE, la tasa media de subsidios implementados por sus países miembros en el rubro agrario es de un 40 por ciento. Esto representa una indiscutible depreciación artificial del valor internacional de los productos agrarios del 40 por ciento, o bien que, de no mediar tales ilícitas prácticas de dumping, el valor real de tales mercaderías transables internacionalmente sería un 40 por ciento mayor.
Según las mismas fuentes, coincidentes con el “Informe sobre Barreras” de la Secretaría de Agricultura y estimaciones de la Sociedad Rural Argentina, el monto de las erogaciones con las que los Estados Unidos y la Unión Europea subvencionaron su agro durante los últimos períodos han superado los U$S 360.000 millones anuales (el doble de la deuda pública argentina).
Cabe entonces preguntarse por qué asumir tales gastos así como practicar el dumping internacional y el proteccionismo agrario por quienes entronizan la libertad del mercado y la irrestricta apertura económica. Comparando los respectivos subsidios entre industria y agro (un 4 por ciento vs. un 40 por ciento) resulta sencilla la respuesta: las naciones industrializadas y/o desarrolladas obtienen muchísimo mayor beneficio interno y externo a través de la colocación de sus productos industriales dado su mayor valor agregado inherente y la ocupación de mano de obra propia y, a la vez, y confirmando lo dicho por Huxley, tras el eufemismo de “la guerra de subsidios agrícolas” se ha conformado entre los bloques señalados un oligopolio transnacional que somete a servidumbre de hecho a los países fundamentalmente productores de materias primas y convierte a sus pueblos en infrahumanos objetos de consumo, al generar una minusvalía en sus exportaciones básicas del 40 por ciento que ocasionan un perjuicio o déficit fiscal que lleva al endeudamiento financiero y consolida in eternum el crónico deterioro en los términos del intercambio.
Con la intervención de una misión de la Cancillería argentina encabezada por el consejero Gabriel Martínez fue proyectado en Canberra, Australia, el impacto que produciría en la balanza comercial de nuestro país la “liberación” del 100 por ciento en el precio de las mercancías agrarias concluyéndose que, para el año bajo estudio (fines del 2000) se obtendría un incremento de U$S 8747 millones, por cuanto es dable deducir que el fisco nacional dejó de percibir, en concepto de todo impuesto (nacional y provinciales) el 33 por ciento de dicho monto, recaudación que debía haber obtenido sobre las utilidades que habrían realizado los productores nacionales de no mediar la minusvalía señalada y que, para el año bajo estudio equivaldría a U$S 2776 millones.
Simultáneamente, y considerando que en el mejor de los casos nuestros productores agrarios vienen trabajando a rentabilidad “cero”, es dable suponer que la utilidad neta (beneficio menos impuestos = U$S 5971 millones) habría sido canalizada al consumo de bienes y servicios, generando así otro 33 por ciento más de impuestos a recaudar sobre las utilidades de los terceros proveedores de tales mercancías, con lo cual el perjuicio fiscal sería el resultado de adicionar U$S 1970 millones a losprimeros U$S 2776 millones determinados, obteniéndose así, para sólo un año, un perjuicio fiscal total de U$S 4746 millones.
Aplicando este método de cálculo a lo largo del período 1964/2000 en base a los montos de exportaciones de materias primas y manufacturas agrarias exportadas según informes del INdEC, y adicionándose una tasa del 8 por ciento anual, compensatoria de comisiones abonadas a consultorías, gastos administrativos generales y sus financiaciones así como la depreciación inflacionaria externa, durante los 36 años analizados el monto total del perjuicio fiscal acumulado arriba a la suma de U$S 151.149 millones. Aclarándose que para los años 1964/65 las manufacturas agrarias exportadas se tomaron al 100 por ciento de su valor, para el período 1966/1990 se estimó un 80 por ciento y para el lapso 1991/2000 un 60 por ciento, verificándose dichas deducciones en razón del mayor valor agregado industrial generado por la incorporación tecnológica y el incremento de fletes (cadena de frío) y packaging, entre otros ítems.
Debido a estos guarismos, es a todas luces procedente reclamar el resarcimiento de los perjuicios causados por el descripto accionar internacional ilícito, como también denunciar la deuda externa nacional dada la ilicitud que la originó y que, por su carácter de tal, vicia de nulidad cuanto acuerdo se suscribiera aceptándosela.

* Economista.