Pamela Andrada Díaz era una atractiva morena de ojos muy verdes. Había sido secretaria del presidente del Banco Central de Chile, Carlos Massad, cuando éste era ministro de Salud, y lo había acompañado cuando al economista trasandino le tocó presidir la entidad rectora del sistema bancario de su país. Massad no sabía que antes de incorporarse al sector público, su secretaria había trabajado en un conglomerado financiero llamado Inverlink, estableciendo una relación amorosa intermitente con un alto ejecutivo, Enzo Bertinelli. Según ella misma confesó más tarde, a partir de octubre de 2002 comenzó a desviar información secreta relevante para el mercado financiero desde el correo electrónico de Massad a la computadora de Bertinelli. Al descubrirse esas filtraciones, estalló un escándalo económico y político de proporciones que terminó con la renuncia de Massad, del Superintendente de Valores y Seguros, Alvaro Clarke, y de Gonzalo Rivas, vicepresidente de la Corporación de Fomento y yerno nada menos que del presidente de Chile de ese momento, Ricardo Lagos.

Los hechos llevaron a la caída, en 2003, del Grupo Financiero Inverlink, que contaba –entre otras empresas financieras– con un agente bursátil, un fondo común de inversiones y un fondo de pensiones. Las vicisitudes de ese grupo pusieron en riesgo la estabilidad del sistema financiero chileno, generando una minicorrida en el mercado de fondos comunes de inversión que finalizó cuando el Estado chileno decidió absorber las pérdidas generadas por el accionar del conglomerado financiero.

Más recientemente, las trágicas consecuencias de la caída de uno de los gigantes del sistema financiero norteamericano –Lehman Brothers– llevó a que los reguladores de todo el mundo pusieran el foco en las llamadas “entidades financieras de importancia sistémica”, que son aquellas que por su gran tamaño –como Lehman– y/o por sus relaciones financieras con otras entidades e inversores –como Inverlink– le generan un riesgo potencial a todo el sistema financiero, que debe ser regulado apropiadamente.

En tal sentido, la reciente reforma financiera promovida por Obama creó un Consejo para la Estabilidad Financiera integrado por diez reguladores financieros, que tendrá entre sus funciones evitar el sobredimensionamiento de estas instituciones, teniendo facultades para desarmar aquéllas que por su tamaño o por su complejidad representen un riesgo para la salud del sistema financiero.

Esta semana, y después de más de tres años de discutir el tema, la Unión Europea elevó para la aprobación del Parlamento Europeo un conjunto de normas orientadas a regular más ajustadamente a los conglomerados financieros. La Comisión que elevó la propuesta enfatizó las complicaciones que surgen al tratar de supervisar entidades financieras multinacionales de alta complejidad, que operan tanto en negocios bancarios como en seguros u otras actividades, y que en ocasiones comprenden a cientos de empresas bajo el paraguas de una misma empresa holding.

La norma alcanza aproximadamente a 57 grupos financieros que operan en Europa, quedando fuera de la misma aquellos conglomerados que tengan activos inferiores a los 60.000 millones de euros, tomando en cuenta todas las compañías que pertenecen al mismo dueño. La Comisión Europea descubrió que en algunos casos los reguladores no pudieron supervisar acabadamente a estos grupos por el “maquillaje legal” con el que están estructurados los mismos, ya sea para eludir impuestos o para arbitrar vacíos regulatorios. Según la Comisión Europea, “el principal objetivo de la propuesta es restaurar las facultades y las herramientas de los reguladores nacionales, más allá de la estructura legal que adopten los conglomerados financieros”

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