El tercer relevamiento nacional realizado por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) sobre las empresas recuperadas echa luz para delimitar con números la envergadura y las características del fenómeno. El estudio contabilizó la existencia de 205 empresas recuperadas que ocupan a 9362 trabajadores. La cifra refleja la dinámica de ese proceso socioeconómico laboral si se lo compara con las 161 empresas y 6900 trabajadores relevados en 2004. Un fuerte indicador sobre su vigencia como herramienta frente a la crisis empresaria, aun en un contexto de auge económico, es que del total un 10 por ciento se inició entre 2005 y 2007 y otro tanto con posterioridad.

También surgieron evidencias de la ampliación geográfica: mientras en 2002 el 80 por ciento de las relevadas estaba concentrado en el Area Metropolitana, en la actualidad descendió al 50 por ciento. Las empresas recuperadas, al menos para buena parte de la sociedad, parecen ser sólo un recuerdo de los álgidos tiempos de la crisis de 2001. En realidad, han sobrevivido por debajo de la delgada capa de la realidad mediática e incluso han multiplicado las experiencias. Esto es lo que revela el flamante relevamiento nacional del Programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras.

La falta de estadísticas confiables para el fenómeno de las empresas recuperadas en los últimos tiempos ha favorecido tanto la existencia de un voluntarismo estadístico que habla de un fuerte crecimiento como una subestimación como una curiosidad de excepción histórica. En ese contexto resulta fundamental este relevamiento nacional, a 6 años del anterior. Para Andrés Ruggeri, director del programa, las conclusiones más importantes son que “las empresas recuperadas no sólo no han desaparecido, sino que se han convertido en una opción que los trabajadores reconocen como válida, con todas sus dificultades, antes que resignarse al cierre de empresas. También es importante que, si bien el fenómeno se ha venido desarrollando con distintos grados de éxito, las dificultades de origen siguen influyendo en el desempeño de las Empresas Recuperadas por los Trabajadores en tanto unidades productivas. También es evidente que sigue sin resolverse la cuestión de la legalidad, lo cual condiciona a casi todas salvo excepciones, y el Estado aún no ha resuelto una política pública coherente para fortalecerlas”. El informe completo se presentó el 8 de octubre y se lo puede leer en la página del programa (www.recuperadasdoc.com.ar).

Uno de los datos relevantes es que del total de las Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT), el 63 por ciento tiene una ley de expropiación a su favor y hay otro 8 por ciento que la reclama. Estas leyes han actuado hasta ahora como paraguas legal para que las cooperativas de ex trabajadores exploten las empresas, pero como el Estado no paga las indemnizaciones contempladas, salvo por un puñado de casos, son cada vez más los jueces que exigen rematar los bienes para pagar a los acreedores de la quiebra. La puerta de salida que se vislumbra a esa cuestión es que se apruebe una modificación de la Ley de Concursos y Quiebras para que contemple la compra de las empresas por parte de los trabajadores usando para ello sus propias acreencias laborales. De otra manera el conflicto estallará tarde o temprano y habrá que resolver sobre hechos consumados.

Ruggeri precisa qué se entiende por ERT: “Para nosotros una empresa recuperada es una de gestión colectiva de los trabajadores que conforman su plantel, con origen en una empresa anterior de gestión privada. Excluimos las que no iniciaron la producción pese a que existió el intento”. Teniendo en cuenta ese marco el relevamiento llegó a contabilizar 205 ERT que ocupan a 9362 trabajadores. También hubo una extensión geográfica del fenómeno. Esto se explica en que las recuperadas del interior comenzaron a influir en las legislaturas locales: las primeras expropiaciones de Santa Fe, una de las provincias con más casos, se dieron en 2004. También a que “desde el 2007 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abandonó el apoyo a las ERT, además de que las expropiaciones en la provincia de Buenos Aires se hicieron más difíciles y trabajosas”, evalúa Ruggeri.

La distribución de las ERT en el interior resulta desigual y no está vinculado al grado de desarrollo industrial: Santa Fe triplica a Córdoba en cantidad de casos pese a tener desarrollos industriales semejantes, mientras que Entre Ríos iguala a la primera. Lo determinante, deduce el informe, es el rol de las organizaciones de los trabajadores, sobre todo los sindicatos, en el apoyo durante la larga etapa de lucha. Para Ruggeri estos números indican “la precariedad jurídica en que se mantiene el fenómeno y la relación con el Estado, en el que se ve claramente que no hay una política coherente más allá del otorgamiento esporádico e irregular de subsidios”.

Para obtener información, 85 estudiantes de la UBA fueron a otras tantas ERT a realizar una entrevista en profundidad con 121 preguntas que permitieron una idea más detallada de la situación. El resultado de esa pesquisa fue que en un 73 por ciento de los trabajadores recurrieron a la ocupación de la planta y un 50 enfrentó algún tipo de represión o amenaza motivada por órdenes judiciales, aunque en los casos más recientes ese porcentaje bajó al 37,5 por ciento desde un pico de 60 durante el período 2002-2004. El promedio de duración de los conflictos hasta el inicio de la producción se mantiene en niveles cercanos a los 150 días desde el 2001, con una leve tendencia a la baja debido a la experiencia acumulada de los trabajadores en lucha. De hecho, cerca del 80 por ciento de las ERT obtuvieron ayuda de sus pares, lo que indica la existencia de una red de apoyo.

¿Cuál es hoy el estado económico de las ERT? Por lo pronto el estudio indica que de las 161 empresas relevadas en 2004 hay 22 que desaparecieron, pasaron a alguna otra forma de funcionamiento (como la estatizada Clínica Medrano) o no pudieron ser contactadas. Esto indica que la tasa de supervivencia es bastante alta: casi el 90 por ciento, o más si se incluye las que terminaron encontrando otra forma de supervivencia que no sea la autogestión. Con respecto a las que siguen funcionando, lo primero que se destaca es su heterogeneidad, lo que implica la necesidad de insertarse en mercados con características propias. Se ha mantenido la primacía de las metalúrgicas (23 por ciento), creciendo el porcentaje de ERT de servicios, que incluyen una variedad de rubros, desde logística y medios de comunicación hasta hotelería. Todas juntas reúnen ahora al 22 por ciento del total.

Si bien los relevamientos de 2002 y 2004 indicaban que con el paso del tiempo había un aumento significativo de la utilización de la capacidad instalada, el último indica un freno. Un 60 por ciento de las recuperadas tiene entre 20 y 60 por ciento de aprovechamiento de su capacidad, mientras que sólo 7 por ciento utiliza más del 80 por ciento. La explicación de los investigadores de la facultad es que los trabajadores tienen dificultad de reinsertarse en el mercado (52 por ciento), contra los estudios anteriores que indicaban como principal obstáculo la falta de materia prima y el estado de las maquinarias. En este sentido, un 70 por ciento de las cooperativas aseguraron contar con maquinaria en buen estado y un 59 por ciento invirtió en mejorarla o en incorporar nueva. El 60 por ciento de las cooperativas lo hicieron con ahorro propio. La incertidumbre legal actúa como freno para seguir invirtiendo.

Otro dato relevante es que el 33 por ciento de las recuperadas trabaja exclusivamente para clientes que les brindan las materias primas y les pagan sólo por el trabajo. “Esta modalidad resulta positiva en un primer momento o para asegurar un piso productivo, pero representa muy bajos niveles de rentabilidad para la empresa autogestionada y la existencia de lo que podríamos llamar un patrón externo” se explica en el informe. Con respecto a las ventas de la producción, un 13,0 por ciento tiene como clientes a otras recuperadas y sólo el 8,6 le vende al Estado, aunque esa participación aumentó desde el 3,8 por ciento del relevamiento de 2004.

Una cuestión no menor de las ERT es la forma en la que se toman las decisiones, su rasgo distintivo cuando se lo compara con las empresas tradicionales. El 88 por ciento asegura que mantiene asambleas regularmente. El 44 por ciento tiene una asamblea por semana y otro 35, al menos una vez por mes. Esta horizontalidad también se ve reflejada en los ingresos: en aquellas en las que todos trabajan la misma cantidad de horas, el 73 por ciento se lleva el mismo “retiro” (equivalente a un salario en una cooperativa). En los casos en los que no cobran lo mismo, un 33 por ciento lo explica por las diferencias en el tipo de tarea y un 30 por ciento por la cantidad de horas trabajo.

Otro rasgo distintivo de las recuperadas es su relación con la comunidad. El 35 por ciento alberga eventos culturales y otro tanto actividades educativas. Por otro lado el 30 por ciento hace donaciones y un 24 por ciento colabora con organizaciones del barrio.

Estos números del relevamiento dan cuenta de la complejidad del fenómeno, de sus numerosas dificultades pero también de su impacto en la vida de los trabajadores y la comunidad. Es necesario, aclara Ruggeri, poner las cosas en perspectiva y valorar la potencialidad de esta experiencia novedosa: “Es la primera vez en la historia de los trabajadores bajo el sistema capitalista que un número tan importante y disímil de empresas se desarrollan en autogestión y logran mantenerse a lo largo de un período tan prolongado. Sin apoyo o sostén por parte del Estado, como en la Yugoslavia de Tito, miles de trabajadores mantienen en funcionamiento por años empresas que antes eran capitalistas. En el Mayo Francés, que es cuando se populariza el concepto de autogestión, la experiencia no duró más de un mes”.