Cada vez que algún interés económico se encuentra en riesgo aparece el remanido tema de la “seguridad jurídica”. Esta es declamada por empresarios, amplificada por ciertos medios de difusión y, en muchos casos, zonzamente repetida por amplios sectores de la población. Repiquetean con que las inversiones se ven afectadas por los “permanentes cambios” o que la actividad económica no puede desarrollarse sin “reglas de juego claras y estables”. ¿Cuánto hay de cierto en esto y cuánto de defensa de intereses particulares?

En primer lugar, vale la pena recordar que ciertos aspectos centrales de la política económica de cualquier país no han sido modificados en estos siete años de gobiernos de los Kirchner. Por ejemplo, no ha habido reforma impositiva ni financiera, cuestiones que no parecen ser precisamente menores a lo hora de hablar de seguridad jurídica. Es más, éstas son las grandes asignaturas pendientes en materia de política económica de estos tiempos.

Volviendo al tema de la supuesta “inseguridad jurídica”, la cuestión de fondo es que ese concepto suele ser interpretado (o utilizado) en un solo sentido: cuando los intereses afectados son los de los patrones.

Varios ejemplos van en ese sentido: no se escuchó a empresarios reclamando cuando se crearon las AFJP, ni cuando se bajaron los aportes patronales sobre los salarios, ni cuando se instrumentaron las modalidades de contratos basura al modificarse la Ley de Empleo a comienzos de los ‘90. Tampoco cuando se disminuyeron salarios a mediados de la década pasada y en 2001. Quizás el ejemplo más paradigmático sea el de las retenciones: en 2008, cuando los precios internacionales de los granos subían aparentemente de manera imparable y el Gobierno intentó instaurar el régimen de retenciones móviles, la dirigencia del campo decía que no quería cambios, que las reglas debían ser estables. Así lograron (Cobos mediante) que las retenciones quedaran en los mismos niveles que estaban.

Pero ocurrió que al poco tiempo, debido a la crisis financiera internacional, los precios de los commodities empezaron a bajar. Entonces comenzaron a pedir que el régimen cambie, por supuesto que reduciendo las retenciones. Por suerte para todas las partes, los precios volvieron a subir.

Por lo tanto, ese reclamo permanente del establishment económico acerca de la seguridad jurídica, debería ser traducido de la siguiente manera: “Queremos que las reglas sean estables... siempre que nos beneficien”

* Profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. [email protected]