Durante la década del noventa el gobierno menemista impulsó la privatización de casi todas las empresas públicas bajo la premisa de que eran ineficientes. A partir de 2003 la gestión kirchnerista avanzó en algunas reestatizaciones. Las AFJP, Aerolíneas Argentinas, el Correo y Aguas Argentinas fueron los procesos más importantes. Cash realizó una investigación sobre la actuación estatal en comparación con la privada en un servicio fundamental para la población: la empresa de agua y saneamiento. La estatal AySA reemplazó a la subsidiaria de la francesa Suez, Aguas Argentinas. En forma contundente el saldo es favorable a AySA:

- En 13 años de gestión, los franceses brindaron nuevo servicio de agua potable a 460 mil habitantes; AySA, en cuatro años, habilitó el servicio a 1,2 millones.

- La compañía privada incluyó en el servicio cloacal a 210 mil personas; la empresa estatal, a 700 mil.

El 21 de marzo de 2006 el gobierno nacional creó AySA “con el objetivo prioritario de expandir los servicios de agua potable y de-sagües cloacales a todos los habitantes del área de su concesión: 17 municipios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, área en la que habitan 10 millones de personas”, señala el Plan Rector de la empresa estatal. El Plan que presentó hace cuatro años prevé completar esta tarea en 2020 y contempla un presupuesto total de 17.580 millones de pesos.

Desde entonces, lleva invertidos 5400 millones de pesos en el mantenimiento y la expansión de los servicios, que dieron como resultado 1,9 millones habitantes beneficiados. AySA se comprometió a alcanzar la cobertura total de agua potable y el 80 por ciento de cloacas en cinco años. Para fin de 2011 se estima que tendrán agua potable el millón y medio de personas que aún no cuentan con el servicio. Aunque todavía falta colocar cloacas a 3,5 millones de personas, en AySA aseguraron a Cash que el 100 por ciento de los habitantes del área bajo su gestión tendrán ese servicio varios años antes que la meta fijada en el plan rector, que estimaba la finalización de las obras en 2020.

Las metas planteadas en el pliego de licitación con el que llegó Suez a manejar el negocio sanitario eran poco exigentes. Se estimaba llegar al 100 por ciento de los habitantes del área concesionada con el servicio de agua en 2024, trece años después del plan que está cumpliendo la empresa estatal. Pero, además, la evolución hacia esas metas no se estaba cumpliendo. Según un informe del ente de regulación de esa privatizada, en el primer quinquenio de la concesión se previeron obras por 1449 millones de pesos, pero sólo se ejecutaron 837 millones, el 58 por ciento. En el segundo quinquenio el resultado no fue mejor: entre 1999 y 2002 se habían previsto obras por 752 millones de pesos y sólo se realizaron por 428 millones, el 57 por ciento del total.

Durante toda su gestión, Aguas Argentinas argumentó que las tarifas eran insuficientes para cumplir con sus obligaciones. Como en otras licitaciones implementadas por la administración menemista, el ganador surgió de una oferta por precio. El pliego indicaba taxativamente que esas tarifas no podían modificarse hasta 2003. Sin embargo, esa oferta oportunista tuvo sucesivas renegociaciones poco transparentes con el gobierno de entonces, hasta casi duplicar la tarifa, que también fue dolarizada. Durante los trece años de gestión, Aguas acumuló deudas por multas impagas al ente de control superiores a los 30 millones de pesos, que no pagó.

AySA elaboró un Plan de Mantenimiento y Mejora que contempla la renovación y rehabilitación de las redes existentes, y el mantenimiento, ampliación y mejora de las instalaciones, con el objeto de atender la calidad, presión y continuidad de los servicios para los habitantes que ya cuentan con las prestaciones. Ya se están realizando obras básicas de gran envergadura como la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas, en Tigre; el establecimiento depurador de líquidos cloacales Del Bicentenario, en Berazategui; y la planta de Osmosis Inversa Virrey del Pino, en La Matanza. La planta potabilizadora de Tigre demandará una inversión de 2800 millones de pesos y traerá beneficio a 2 millones de habitantes. Por su lado, el establecimiento Del Bicentenario, con una inversión de 482 millones de pesos, dará servicio a una población de aproximadamente 4 millones de personas. En tanto la Planta de Osmosis Inversa Virrey del Pino, la más grande de América del Sur con esta tecnología, permitirá llevar el servicio de agua potable a 400 mil habitantes del partido de La Matanza, con una inversión de 58,4 millones de pesos.

En cuanto a las obras contempladas en el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo, AySA inició en diciembre pasado el proceso de contratación para la construcción del Colector Margen Izquierda, el Desvío Baja Costanera y obras complementarias: la Planta de Pretratamiento Riachuelo y el Emisario Planta Riachuelo. Estas obras de infraestructura sanitaria forman parte del Plan Director de agua potable y desagües de AySA que contempla –para la Cuenca Matanza-Riachuelo– una inversión total en los próximos diez años de 16.600 millones de pesos. Además de estos emprendimientos, la empresa tiene en ejecución más de 700 obras.

En relación con el marco regulatorio, su mayor mérito es que prohíbe cortar el servicio por falta de pago de la factura. Aguas Argentinas podía hacerlo y era un drama para miles de familias carenciadas. Ahora, en cambio, después de los reclamos de rigor, AySA puede colocar una válvula que restringe la provisión de agua hasta un consumo básico. Es la solución que se aplica en Europa.

Según la Organización Mundial de la Salud, “el agua potable y las cloacas son elementos indispensables para mantener la salud de la sociedad”. Aguas Argentinas no cumplió con su pobre plan de ampliación del servicio. El argumento oficial para anular el contrato en marzo de 2006 fue que la empresa Suez puso además en “peligro potencial” a la sociedad al distribuir aguas contaminadas. Los afectados fueron más de 800 mil personas del sudoeste del conurbano. El hecho incluso había sido admitido por la propia concesionaria ese verano, cuando recomendó a través de las facturas el no consumo de agua por parte de embarazadas y niños.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmó que “el derecho al agua y al saneamiento están incluidos en los tratados vigentes de garantías fundamentales, por lo que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar a los ciudadanos su ejercicio y goce pleno”. Aún en la década del noventa, cuando gran cantidad de países del mundo se lanzaron a privatizar sus empresas de servicios públicos, fueron pocos los que se arriesgaron a ceder a manos privadas un servicio tan delicado como el sanitario; la mayoría de ellos lo reestatizaron. La positiva diferencia de gestión entre el Estado y la empresa de servicios sanitarios más grande del mundo se notó en apenas cuatro años