En términos fiscales existe en los ámbitos provinciales un discurso que reclama una mayor distribución de recursos de la Nación hacia las provincias, pero se sostiene un silencio conservador respecto de la distribución hacia sus municipios. La provincia de Buenos Aires, una de las que más reclamos formulan para modificar el actual esquema de coparticipación federal, es de las más atrasadas en la distribución a sus comunas. Su ley de coparticipación provincial data de 1987, es decir que no refleja los cambios que han tenido lugar en el mapa institucional de asignación de funciones de los municipios en los últimos 25 años. En dicho período tuvo lugar la reforma constitucional nacional de 1994, que proclamó la autonomía municipal y que no ha sido recogida por la reforma provincial de 1995.

Sí hubo un intento de modificar la situación en 1990, con la fallida propuesta de reforma constitucional del ex gobernador Cafiero, que proponía aumentar los fondos que se distribuyen a los municipios a un mínimo de un 20 por ciento de los recursos provinciales totales. Cabe recordar que ese valor es de 16,14 por ciento desde 1989. Pero más allá de lo reducido del valor que la provincia reparte a sus municipios, denominado coeficiente de distribución primario de la coparticipación, la forma en que esos recursos se asignan entre los municipios es anacrónica e injusta.

Como ejemplo del funcionamiento de la distribución secundaria entre los 134 municipios bonaerenses, se puede mencionar que un 5 por ciento del total de los recursos se reparte en función de transferencias de servicios realizadas en 1979, aplicando coeficientes fijados en 1986. Otro 38 por ciento se distribuye según la oferta de salud de nivel municipal, medida de una forma poco razonable y sin considerar la demanda existente en cada distrito. Así, municipios donde el peso de la población sin cobertura de salud es muy elevado, reciben una coparticipación per cápita por este concepto mucho menor que otros donde el grueso de la población tiene obra social o prepaga.

El resultado final de esta distribución secundaria favorece claramente a los municipios rurales en detrimento de los urbanos. No es de extrañar entonces que en el período 2003-2008 los diez municipios que mayor coparticipación per cápita han recibido sean rurales, mientras que los diez que menor cantidad de recursos por habitante han obtenido son urbanos, entre ellos ocho del conurbano. Al interior del conurbano bonaerense se presentan también fuertes desigualdades. San Isidro y Vicente López recibieron casi el doble por habitante que Tres de Febrero e Ituzaingó, pese a que se trata de los municipios con mayores recursos propios de la región.

Si bien en los últimos años se ha creado, como paliativos, una serie de fondos específicos que distribuyen recursos con criterios alternativos, lo hacen sobre una masa que apenas configura el 15 por ciento del monto total que la provincia gira a sus municipios. En algunos casos, como el del régimen de Descentralización Tributaria, se agudiza aún más la distribución a favor de los municipios rurales, con lo que el conjunto de estos fondos termina agravando aún más la situación de asimetría.

Nuestro equipo de investigación del Instituto de Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento está estimando algunos escenarios de modificación de los coeficientes de distribución secundaria, sobre la base de privilegiar variables relacionadas con las condiciones de vida, tales como la necesidad de atención sanitaria, de financiamiento de bienes y servicios públicos locales y de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), dejando de lado, por ejemplo, el coeficiente de superficie. Ello obedece a que consideramos que las necesidades de gasto de los municipios están vinculadas con la población que sirven, aumentando a medida que avanzan los procesos de urbanización y en relación con la existencia de bolsones de pobreza. Así, fenómenos como el de una vasta superficie tienen una incidencia en las variaciones de gasto poco significativas en comparación con la aglomeración de población. Utilizando estos nuevos criterios, la brecha entre el municipio que menos recibe y el que más obtiene sería de 1,0 a 2,5, lo que denota un cambio radical, ya que actualmente esa brecha es de 1 a 13.

De esta forma, los municipios del conurbano donde se verifica la mayor densidad de población, que es el dato que evidencia una mayor necesidad de provisión de bienes y servicios públicos (especialmente en presencia de elevados niveles de NBI), obtendrían en este nuevo escenario de distribución una coparticipación por habitante mayor a la que actualmente reciben. Sin embargo, quien tiene a su cargo los mecanismos institucionales que deberían abordar esta problemática (el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires) se muestra muy ajeno a la misma y sostiene una situación que nada tiene que ver con las necesidades reales de la población bonaerense. En el próximo proceso electoral estas cuestiones deberían formar parte de la agenda pública, ya que sin una distribución racional se torna mucho más difícil mejorar las condiciones de vida de la población y la forma de gestión de los recursos

* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.