En una nota reciente en Página/12, de Julián Bruchstein, se consigna la siguiente afirmación, de un dirigente (no identificado) del Congreso de la Corriente Nacional de la Militancia Política y Social: “Hay que cambiar el Estado y sus instituciones, porque todavía tiene una matriz neoliberal. Más militantes y menos técnicos”.

Si se me permite una nota personal, vengo de ser –por muchos años– precisamente un “técnico”, que entre otros aspectos vio de cerca la reestructuración que se produjo en el Estado de la mano de las reformas neoliberales de la década pasada. Algunas de ellas empujadas por una repartición que tenía esa agenda: desregular (la Subsecretaría de Desregulación y Organización Económica, a cargo de Pablo Rojo).

El clima imperante en el Estado, en esa época, no era precisamente de tolerancia. Aun cuando en mi experiencia no puedo consignar propiamente persecuciones ideológicas, no había espacio para ningún planteo alternativo. Toda excepción a la regla del mercado debía justificarse ante el tribunal de la Santa Razón Neoliberal. Claro que hubo excepciones; algunas técnicamente fundadas, como la regulación en transporte y distribución de gas y electricidad; otras fundadas en armar negocios hiperrentables, como fue el caso paradigmático de la reforma del Sistema Previsional.

Pero es indispensable no incurrir en un error de percepción en cuanto a la naturaleza y función del técnico en el Estado.

El ideario neoliberal se justifica a sí mismo por identificarse con la noción de racionalidad económica. Lo que propugna no sería sino simple sentido común: si cada uno es libre de hacer lo que más le conviene, la sociedad en su conjunto gana. Si logro vender a buen precio lo que produzco –y gano bien– es porque estoy atendiendo una necesidad; por eso es que gano bien. Todo desvío voluntarista de este principio vía injerencia estatal es visto como una irracionalidad, que el saber técnico tiene que venir a corregir. Como el ingeniero con conocimiento “técnico” corrige un error de cálculo del constructor empírico.

Es así como se concluye que el programa neoliberal es asociable a la tecnocracia, al gobierno de los técnicos; un gobierno que por definición aplica el ideario neoliberal. Y de allí entonces la consigna cuando se trata de construir una postura opositora: “Más militantes y menos técnicos”. Hay errores en este razonamiento. Errores que entrañan peligros importantes para el proyecto o modelo que propugna la dirigencia afín a este Gobierno. Y también para cualquier proyecto que pretenda favorecer a las mayorías, lo que seguramente es más grave.

Por lo pronto, no debe creerse que la Argentina de los noventa ha sido gobernada por “tecnócratas”. Fue gobernada por dirigentes políticos, muchas veces ineficaces en sus decisiones, desde un ángulo de racionalidad. El mejor ejemplo de esto es precisamente la reforma previsional, que concluyó con el desfinanciamiento del Estado, disparando así la crisis de 2001. Pero también en otros ámbitos pueden verificarse irracionalidades similares. Un caso poco conocido pero muy ejemplificativo es el del ómnibus interurbano. En 1992 se sancionó una reforma regulatoria, a instancias precisamente del entonces subsecretario de Desregulación y Organización Económica, Pablo Rojo, que se tradujo inicialmente en sobreinversión y luego en un aumento considerable de concentración empresaria. Es así que el sector exhibe hoy tarifas 300 por ciento mayores a las existentes en la década pasada. Otro ejemplo es el del transporte eléctrico troncal, que fue librado a las fuerzas del mercado hasta que se concluyó que debía responder a la iniciativa coordinada por el Estado porque no había inversiones.

En todos los países no gobiernan los técnicos, sino los políticos, cualquiera sea su orientación. El que haya habido un prolongado período en el que la extrema restricción fiscal le dio al político a cargo del Ministerio de Economía un poder mucho mayor al que tendría en otras circunstancias no debe llamar a engaño. Y desde ya celebramos el que la holgura de estos tiempos haya distribuido más equitativamente este poder entre las diferentes áreas del Estado.

Pero esto nada tiene que ver con la presencia de “técnicos”. Las sociedades capitalistas actuales son muy complejas. No pueden ser abandonadas a su funcionamiento automático. Por si quedaran dudas, la propia teoría económica más convencional ha llegado a esta conclusión, hace tiempo ya. Requieren una conducción consciente por parte de la sociedad civil, y esto se realiza únicamente mediante un Estado eficaz y –aunque parezca una mala palabra– técnicamente dotado. Hay técnica para el proyecto neoliberal, pero hay técnica también para un proyecto diferente de éste.

No parece recomendable sustituir técnicos por militantes. Es la sabiduría del conductor político de un área del Estado la que debe saber extraer provecho de los conocimientos albergados en sus estructuras técnicas. Desde ya es un requisito ineludible que el nivel técnico acate la directiva política (o que dé un paso al costado en caso de que alguna “objeción de conciencia” se lo impida). Pero es desde esta base que la dirigencia política deberá desarrollar su proyecto.

Sólo un Estado que actúa con sólido fundamento técnico es eficaz a los propósitos de un proyecto político; máxime si este proyecto pretende involucrar al Estado en un conjunto amplio de acciones.

No hay duda de que hay ingentes tareas pendientes para el Estado. El nuevo patrón económico y social que se pretende impulsar desde el Gobierno ha tenido poco reflejo en el plano legal e institucional. Como muestra: siguen vigentes la Ley de Convertibilidad, la Ley Previsional que creó las AFJP, el marco regulatorio energético de los ’90 y una ley de entidades financieras heredada de la dictadura.

Crear una nueva institucionalidad es indispensable y, a no dudarlo, ella tiene que encontrarse “técnicamente” fundada si el propósito es hacer las cosas bien

* Economista Cespa-FCE-UBA