No cabe duda de que el reclamo contra la “interferencia” de la política en los procesos de gestión de los recursos humanos en las organizaciones públicas forma parte de la agenda recurrente del sentido común. Allí se condena sin más a la política y se identifica a la técnica como el único camino de resolución a las carencias de la administración pública. Sin embargo, si se analiza con detenimiento qué significa hablar de lo político o de lo técnico, podría acordarse que se requiere de un estudio más riguroso, para identificar cuál es el papel de estos factores en la gestión de los recursos humanos.

Llamativamente, el rol del Presupuesto en el financiamiento de los recursos humanos queda fuera de la discusión, más allá de la reducción salarial en el sector público en 2001 o de la dificultad para contar con presupuestos que contemplen los requerimientos de recursos humanos. Es particularmente necesario explicar la presencia de los aspectos presupuestarios y políticos en la gestión de los recursos humanos, y qué efectos generan sobre las organizaciones. También debe considerarse que los intentos por corregir esas presencias, sin haber identificado sus causas, pueden producir efectos no deseados en el desempeño organizacional. Debe considerarse que estos factores atraviesan toda la organización, con efectos diferentes en los niveles directivos, técnicos, administrativos o de servicios.

Estas reflexiones se dan en un marco en el que, a lo largo de siete años, el Estado nacional ha ampliado su presencia en campos que durante la década del noventa habían sido remitidos al mercado u omitidos de la agenda pública. Esto obliga a contar con agentes que respondan a estos desafíos con capacidad técnica y adecuada comprensión de los objetivos de la gestión gubernamental. Cabe observar que, en la década del noventa, la restricción del empleo público era congruente con sus principios, mientras que la actual orientación de las políticas públicas propone otros valores, aunque falta alcanzar mayor congruencia entre las políticas y la gestión del personal.

Lo anterior se manifiesta en la fuerte presencia de personal no permanente, lo que informa de la vigencia de la dimensión presupuestaria y de la persistencia de una visión que identifica al empleo público con un gasto que debe ser controlado y restringido. Esta modalidad de contratación de personal, si bien permite eludir las carencias de planta permanente y reducir los gastos de personal, produce, por lo menos, dos consecuencias que deberían ser atendidas, la precariedad de las relaciones laborales y la consecuente limitación para aprovechar íntegramente las capacidades de estos trabajadores.

La variable política se manifiesta en modalidades menos formalizadas de cobertura, que permiten la provisión de profesionales sin atravesar requisitos formales de reclutamiento. La designación discrecional en puestos clave con base en criterios políticos privilegia el concepto de confianza y compromiso por encima de la independencia de criterio. Esta relación laboral entraña el riesgo de producir respuestas más acomodadas a las necesidades de la autoridad que a criterios técnicos. Es erróneo suponer que estas estrategias solo tienen efectos negativos, ya que a la confianza se suma la flexibilidad presupuestaria y la posibilidad de negociar puestos laborales con actores internos y externos.

Estos señalamientos no deben omitir experiencias de transformación que se dieron en la Administración Pública. Tanto el Cuerpo de Administradores Gubernamentales como el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa ponían el acento en la dimensión técnica. Sin embargo, ambos proyectos han dado resultados por debajo de lo esperado, en buena medida por haberlos subordinado a las necesidades del ajuste fiscal. También cuenta la dimensión política, por ejemplo, en la baja profesionalización del Sinapa y en el congelamiento del cuerpo citado. El Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública y el cambio del Sinapa por el Sistema Nacional de Empleo Público expresan una tendencia valiosa al incorporar principios de profesionalidad y de fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y sus trabajadores.

Frente a una visión que subraya la calidad técnica y la neutralidad política de los funcionarios públicos, relegando la política a los niveles superiores de la administración y congelando los debates sobre la agenda pública, en la región latinoamericana se han puesto en discusión los modelos de intervención estatal a partir de la necesidad de promover procesos de transformación con una central acción del Estado. En consecuencia, se ha producido un quiebre respecto de los postulados de la década del noventa, que configura una nueva agenda pública en la región.

En síntesis, se trata del acento en la redistribución del ingreso con equilibrio fiscal que evite las crisis generadas en el sector externo, a la vez de un esfuerzo por ampliar las fronteras de la ciudadanía, en un marco de unidad regional. El debate en torno al rol del Banco Central es un ejemplo de estas cuestiones, en las que se pone en juego no solo la competencia técnica sino la congruencia con los valores antes mencionados.

Es importante mencionar la necesidad de fortalecer los vínculos entre la administración pública y las instituciones universitarias para incorporar la perspectiva pública en la formación de grado y posgrado, con el fin de superar la limitación existente en instituciones que hoy no cubren esta problemática. Esto debería estar acompañado de la construcción de una visión de largo plazo en torno de los objetivos de la administración que, junto a un genuino liderazgo organizacional y a la aplicación de estrategias orientadas al desarrollo de competencias laborales, ayude a fortalecer el rol técnico político de los recursos humanos

* Magister en Administración Pública (UBA). Coordinador de la Licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de Moreno.