El tema económico, y también político, de la semana será el nuevo lockout de las corporaciones agropecuarias. Es comprensible que a buena parte de la oposición político-mediática le brillen los ojitos y que, en algunos, se despierte el sueño de polarizar. De regresar a los tiempos de potenciar “crispaciones” piantavotos. Tras la experiencia de 2008 la protesta agraria no es neutra para nadie. Sin embargo, a pesar de la tentación, la sociedad parece más espabilada y es difícil imaginar la motorización de los apoyos clasemedieros del pasado. Pero, además, el escenario actual es diferente. En 2008 el campo discutía la política arancelaria y, con ella, el modelo económico. Detrás de las corporaciones, o mezclada con ellas, se agazapaba la derecha destituyente, la nostalgia por los ‘90.

Hoy, la “simpatía” de los representantes de las corporaciones, sumada a la reciente constatación de que las firmas más glamorosas del complejo agroexportador incurren en prácticas laborales de semiesclavitud, también son una tentación para que el oficialismo confunda el escenario y replique con las categorías de análisis de 2008. Los actores son los mismos. Probablemente también lo sean muchas intenciones, pero el problema es distinto y puede ser una oportunidad para detectar potenciales problemas de gestión. A saber: el principal “problema” del agro local es la sojización. El avance de la soja no es malo per se, como plantean los neoludditas globales, sino en tanto se tienda al monocultivo. Desde la economía, la tendencia al monocultivo es un problema de rentabilidades relativas. Entre otras razones, se planta más soja y menos trigo, porque la soja es globalmente más rentable. Si se quiere contrarrestar la tendencia deben, entonces, mejorarse las rentabilidades relativas de los cultivos amenazados.

Los productores trigueros reclaman hoy por la rentabilidad de su cultivo.

No lo hacen por el 23 por ciento que pagan de retenciones, aunque no bajen las banderas, sino por un problema de “apropiación del excedente del eslabón superior”. Lo que sucede en el mercado del trigo es, con matices, una típica situación de precios oligopsónicos; esa que se presenta cuando existen unos pocos compradores para una multitud de oferentes, lo que para los compradores, se traduce en la posibilidad de fijar un favorable “precio de oligopsonio”.

La cadena triguera tiene básicamente tres actores: los productores primarios, los molineros y los exportadores. Sólo en unos pocos casos, como Cargill, el molinero es también exportador. Dicho por ellos mismos, existen unos 60.000 agricultores que producen, este año, unas 14,5 millones de toneladas. Una parte de este trigo se exporta y siete empresas exportan alrededor del 90 por ciento de ese total.

De estos tres actores hoy sólo se queja el eslabón primario. Vale considerar las razones. De las 14,5 millones de toneladas. Agricultura calculó que para abastecer el mercado interno se necesitan 6,5 millones. Cualquiera sea el nivel de producción, sólo puede exportarse el excedente sobre el abastecimiento interno. Esto se traduce en que los molinos sólo estarían comprando, según los productores, poco más 500.000 toneladas por mes. Como no hay competencia entre el trigo que va a mercado interno y el que se exporta, la demanda se regula y se evitan los costos de estoquearse.

Paralelamente, las exportaciones no son automáticas. Requieren una doble autorización, primero en el Ministerio de Agricultura y la Aduana y luego se tramita un R.O.E. (Registro de Operación de Exportación), ante la Oncca, que debe ser aprobado por Comercio Interior, que determina los cupos de importación en función del abastecimiento del mercado interno. Finalmente, los cupos son distribuidos por el Centro de Exportadores de Cereales.

Este conjunto de factores son los que concurren a debilitar la demanda por la producción primaria, sea para consumo externo o exportación, brindándoles un gran poder de fijación de precios a molineros y exportadores. Para 2,6 millones de toneladas, que son las que se destinan a la fabricación de pan, existe un precio de abastecimiento y uno de mercado. Redondeando los números, se supone que para tener el kilo de pan en 2,5 pesos, la bolsa de harina debe costar unos 70 pesos, lo que significa que ese trigo vale unos 440 pesos la tonelada. Por eso, el Estado subsidia a los molinos con la diferencia entre esos 440 pesos y el FAS teórico (el precio internacional menos el 23 por ciento de retenciones y los costos de fobbing, que son los gastos de embarque), hoy en poco más de 800 pesos. Los productores dicen que si bien los molinos son subsidiados, ellos no siempre reciben ese FAS, pues por las condiciones de mercados se les hacen diferencias, por ejemplo haciéndolos cargo del flete hasta el molino.

Los productores primarios dicen que todos estos problemas, esta apropiación de rentabilidad vía precio por parte de los molineros y exportadores, se limitaría bastante si se dejase de lado el cupo para el mercado interno. Es decir, si se permitiese que la demanda para el mercado interno compita con la demanda para exportación. El Gobierno, en cambio, considera que esto entraña el riesgo de desabastecimiento. Los productores contra argumentan que en 2009 se firmó un convenio entre el Ejecutivo y los exportadores según el cual, si en algún momento falta trigo para el mercado interno, los exportadores se obligan a importarlo. Como esta importación es onerosa, significa una autorregulación de las ventas externas.

Cualquiera sea la perspectiva, pueden obtenerse dos conclusiones:

1. El esquema actual supone apropiación de rentabilidad primaria, con lo que hay ganadores y perdedores al interior del circuito triguero.

2. Las razones del lockout agrario de esta semana no son comparables a las de 2008. Desde lo económico no se discuten aranceles, sino muy posibles abusos en la comercialización. No es una disputa por recursos entre el sector público y el privado, sino al interior del privado

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