La situación energética nacional contiene una serie de particularidades que la hacen de interés para especialistas del sector, pero también para el análisis político por sus diversas implicancias. Un diagnóstico habitual recorre un camino sesgado destinado a comentar solamente una parte de la verdad en una cuestión por demás compleja. La evaluación que observe solamente la administración del actual gobierno peca de parcialidad, por cuanto este sector sufrió una importante transformación en la gestión estatal y en la configuración del negocio privado durante los años ‘90. A partir de esa base debe buscarse el origen de problemas y la propuesta de soluciones. Puesto que de esa etapa derivaron algunos de las graves cuestiones que se enfrentan en la actualidad.

Lo que no se dice habitualmente en aquellos criterios segmentados es que la privatización de los hidrocarburos cambió totalmente los objetivos en su producción y exploración, e introdujo comportamientos absolutamente lucrativos, cortoplacistas, ajenos a cualquier necesidad estratégica del país. Actitud que significó concretamente la escasez de gas a partir de 2004 y la disminución de sus reservas como también las del petróleo. Estos recursos suponen inversiones de 5 a 10 años previos a cualquier resultado. Revertir esta tendencia supone, por lo tanto, plazos no menores a los mencionados. Y la disposición de instrumentos para concretar políticas en ese sentido, teniendo presente que a partir de 1994 la Constitución Nacional establece el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales en su territorio. Y que gran parte de las iniciativas de exploración están actualmente transferidas a sus gobiernos. Sin desconocer por ello que la fijación de políticas nacionales en esta materia corresponde, también por aquel documento, al Estado Nacional.

La creación de Enarsa y sus múltiples acciones en este campo no fueron suficientes, considerando la existencia de grandes empresas privadas, especialmente Repsol-YPF (pero no únicamente ella), que tienen el protagonismo en el desarrollo de la industria, en sus avances y fracasos. Quizá deba pensarse en otros instrumentos adicionales para fomentar la exploración y la cuantificación de reservas, sin descartar la explotación en caso necesario. Lo que no puede hacerse es desconocer los esfuerzos para revertir la tendencia de los ‘90, especialmente cuando la crítica proviene en este campo de quienes compartieron las decisiones de entonces o adhieren silenciosamente a su ideología. Se necesita de una fuerte política exploratoria en hidrocarburos, pero debe pensarse en los instrumentos acordes con su actual situación jurídica.

Frente a ello se advierte la actitud contradictoria de quienes proponen políticas activas en el sector pero rechazan cualquier intervención del Estado en las diversas soluciones que se debaten. Sobre todo, ante un empresariado reacio a realizar inversiones de riesgo que no contemplen precios de mercado internacional. En ese sentido, se escuchan argumentos vinculados al precio de los hidrocarburos en países limítrofes, que presentan situaciones de oferta energética y contexto económico totalmente diferentes. O con apelaciones a los precios del mercado global, pidiendo el progresivo acercamiento a esos niveles para el mercado interno. Aparte del daño que ello provocaría a la economía, no se justifica que ése debiera ser el precio de venta interno de los hidrocarburos, en un país que todavía exporta parte de la producción en el caso del petróleo y que importa una mínima en el caso del gas. En todo caso, ése es un razonamiento propio de los intereses de las empresas productoras.

Con relación al sector eléctrico, las particularidades antes señaladas se reflejan en las diversas áreas del negocio en que fue dividida la actividad. La generación enfrenta, entre otros desafíos, la escasez de gas en el parque térmico en épocas puntuales, que debe ser reemplazada por gasoil más caro. Esto supone subsidios que asume mayormente el Tesoro. La inversión en generación que propugnaba el modelo de los ‘90 no apareció como se previó, debido a un serio error de diseño económico de aquel modelo basado en una competencia extrema, divorciada de la realidad de un negocio que requiere inversiones de largo plazo. A pesar de lo cual el esfuerzo realizado para superar todos estos escollos permite hoy una oferta de electricidad superior al consumo, tanto en potencia como en energía. El transporte de electricidad ha requerido también ingentes inversiones, que no se realizaron en los ‘90 por el fracaso de las previsiones del sistema ideado. Actualmente las ejecuta el Estado con importantes avances en el cierre de los anillos que otorgan confiabilidad al sistema, y con el abastecimiento que requiere una economía en crecimiento. En distribución la situación es despareja, con adecuado suministro en algunas de las provincias y con crecientes problemas en la zona metropolitana, como resultado de la ausencia de protagonismo regulatorio en los requerimientos de inversión para afrontar una demanda en franco aumento, modificando así un modelo solamente inclinado a penalizar fallas de calidad, que se ha demostrado insuficiente.

En este último segmento como en la generación se ha planteado la necesidad de una adecuación de las tarifas a los usuarios, subsidiadas por el Estado en diferentes magnitudes. También aquí se observan actitudes ambiguas, cuando no contradictorias, de quienes las señalan imperativamente pero se lanzan a las críticas más duras cuando el Gobierno hace intentos en ese camino. Esa necesidad de adecuación debería comenzar por sectores de mayor capacidad económica: las autoridades han iniciado ese camino. Es una cuestión delicada que exige pasos pequeños y progresivos, a sabiendas que en su desarrollo es inevitable el uso político de algunos sectores y, lamentablemente, de algunas asociaciones de usuarios.

Pero éste no es el único tema de la actualidad energética, ni el más importante, aunque inevitable, otras cuestiones siguen siendo prioritarias. Así, la modificación de la matriz energética con el fomento de energías renovables, el desarrollo de grandes y pequeñas obras hidroeléctricas en marcha y la promoción de nuevas centrales nucleares. También una renovada presencia estatal en el estímulo de exploración de hidrocarburos aparecen como requerimientos del debate. Un estudio objetivo de este importante sector de la economía supone ampliar campos limitados de investigación y examen para evitar fundamentalismos que han resultado dañinos

* Especialista en Servicios Públicos.

[email protected]