La toma de predios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano a fines del año pasado instaló en la agenda una crisis habitacional de larga data, que no es privativa de la Argentina. José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible de la Cepal, advirtió en diálogo con Cash que los avances en esta materia fueron modestos. Peor fue la performance de los objetivos del milenio dedicados a la sustentabilidad ambiental que no pertenecen al medio ambiente humano, como la preservación del suelo, de los recursos no renovables y de los servicios ecosistémicos. En este terreno, Samaniego encuentra un obstáculo clave: la distancia que aún existe entre las concepciones de desarrollo y de desarrollo sostenible. Para salvar esta distancia, el especialista propone impulsar una fuerte normativa que restrinja el uso indiscriminado de estos recursos y aplicar precios elevados “a los derechos del desarrollo”, para detener el avance de la frontera agropecuaria, del uso intensivo del agua y de la eliminación de montañas para la extracción minera.

¿Cómo define el concepto de sustentabilidad ambiental?

–Podríamos pensar la sustentabilidad como un insumo en la producción. Pero también como una condición de borde. Es decir, hasta dónde se puede hacer una actividad sin tocar los límites de la capacidad de cambio. Hay mucha preocupación en la región sobre la accesibilidad de energía, pero hoy nos estamos dando cuenta de que tal vez la condición limitante no sea ésa sino la posibilidad de deshacernos de los desechos de la energía y no tener el espacio ambiental para eso. Entonces, la sustentabilidad ambiental dependerá de todos los medios naturales.

¿Como cuáles?

–Desde la viejísima concepción de la tierra en su capacidad productiva, pasando por los recursos naturales no renovables, hasta llegar a los servicios ecosistémicos, es decir, los bienes públicos globales, como la atmósfera en su capacidad de recibir desechos.

¿Cree que los avances para alcanzar las metas del milenio en este terreno fueron suficientes?

–No. Uno de los objetivos del milenio está dedicado a la sustentabilidad ambiental. Esas metas corresponden a las grandes convenciones ambientales internacionales recientes, que incluyen bosques, el calentamiento global, sustancias que afectan la capa de ozono, y una parte tiene que ver con el medio ambiente humano. Estas últimas, que están muy ligadas al hábitat –la cobertura de los servicios de agua potable o la cobertura de los servicios de saneamiento– están prácticamente cubiertas.

Hay aspectos relacionados con el medio ambiente humano donde el acceso ha sido desigual.

–Nosotros publicamos la última evaluación que llega hasta 2010 y la meta estaba prácticamente cubierta en agua potable, aunque con un pequeño déficit en el medio rural. Donde hay muchos mayores saldos es en saneamiento, en el medio rural, ya que en el urbano también se ha alcanzado a cubrir.

¿Qué ocurre con las metas que no pertenecen al medio humano?

–Las metas de sustentabilidad que no son del medio humano no van nada bien, ninguna de ellas, salvo el abandono del uso de sustancias que agotan la capa de ozono. Pero deforestación, extracciones de agua potable, emisiones de gas y el efecto invernadero en la atmósfera son muy evidentes. Y la incorporación de criterios ambientales en las políticas generales es muy débil. La polaridad entre las concepciones de desarrollo y de desarrollo sostenible es muy grande todavía. Creo que lo importante en los próximos quince años será poder superar esta contradicción.

Algunos especialistas afirman que hay una crisis urbana que excede el problema habitacional.

–No. Somos un continente con países en vías de desarrollo que tienen un alto nivel de urbanización. Y tener población tan concentrada en las ciudades genera vulnerabilidad de muerte. Eso es muy evidente con el cambio climático. Se podrían enfrentar riesgos muy numerosos. En la zona limítrofe entre la zona central y la tropical, a raíz del calentamiento, hay un corrimiento de las fronteras de las enfermedades: malaria y dengue son las dos más importantes. Allí hay riesgos.

¿De qué tipo?

–El primero es que regiones que han sido aisladas de estas enfermedades tropicales pueden volver a ser vulnerables. El segundo es que en América latina hay muchas ciudades costeras, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y con la suba continua del nivel del mar hay muchos activos en riesgo en esas ciudades. Además se prevén cambios en el ciclo del oleaje, por lo cual algunos puertos importantes –incluidas ciudades portuarias como Buenos Aires y Montevideo– podrían verse afectadas seriamente. El tercer problema es que una buena cantidad de ciudades –de América del Sur sobre todo– dependen del deshielo glaciar, que está en retroceso. Entonces, a lo largo del siglo habrá un estrés hídrico, es decir, cambiará la cantidad de agua disponible, porque se va a derretir.

Frente a un escenario futuro de estrés hídrico, ¿en qué medida impactan las actividades extractivas, como la agricultura o la minería?

–La agricultura es la principal. Cuando haya estrés hídrico, habrá competencias de los usos. Eso llevará a señales de precios distintas a las actuales, para poder asignar los recursos hídricos entre distintos stocks. Los productos agrícolas no necesariamente están representando el precio que tiene el agua. Si se le pone precio al agua, cultivar tomates o cultivar granos no será exactamente lo mismo. Entonces habrá que ser más específico al elegir los cultivos. Ese es el nuevo mundo, donde los recursos naturales van tocando límites y van entrando a la esfera de lo económico.

¿De qué forma entran en la esfera económica?

–Se los empieza a valorar, se les empieza a poner precio, aparecen los derechos por descarga a la atmósfera, los derechos por el uso del agua o los derechos del desarrollo.

Y en el caso de la minería, ¿cuál puede ser el impacto?

–Si se dinamitan glaciares para acceder al horno detonador de la minería en los Andes y, además, el cambio climático los reduce de tamaño, aumenta la presión sobre el recurso hídrico disponible. Entonces hay una presión de corto plazo, que es la minería, y una presión de largo plazo, que es el tamaño del glaciar en sí mismo.

¿Cómo debería posicionarse el Estado frente a actores económicos tan poderosos?

–Tiene básicamente dos mecanismos que se unen. Por un lado, la normativa, que es permitir o no permitir el acceso con una serie de restricciones. Por otro, poner precios. O una combinación de ambos. Si un bosque no tiene precio en pie como bosque, la gente tendrá un incentivo para convertirlo en otra cosa, como centímetros cúbicos de madera en tierra para la agricultura. Lo que vemos con el avance de la frontera agropecuaria es que no hay una rentabilidad que compita contra otra. El mismo razonamiento puede aplicarse al agua. Si el glaciar no tiene precio hasta que es agua aprovechada en la agricultura, no hay ningún incentivo en la conservación de ese glaciar, ni en cambiar el estilo de su uso. Al ponerle un precio al glaciar allá arriba, la minera tendría que hacer cuentas entre lo que le conviene más: pagar por la destrucción de ese glaciar para consumir ese recurso o instrumentar el tipo de minería tradicional que va por túneles.

¿Qué aporta esta decisión al uso de los recursos?

–Desde una perspectiva histórica, vemos que estamos cambiando nuestra concepción con respecto a los recursos. Teníamos muy clara una concepción de los renovables y los no renovables que se nos va a perder.

¿Por qué?

–Porque pensábamos que un bosque o la biodiversidad eran renovables. Hoy nos estamos dando cuenta de que las zonas que se deforestan se pierden para siempre, que la biodiversidad se pierde para siempre, que la alteración de los ciclos hidrológicos y climáticos puede que nunca se vuelvan a normalizar. Y que recursos naturales que parecían infinitos, como la limpieza del aire, la capacidad de carga atmosférica, la infinidad del agua potable, no lo son. Así estamos analizando lenta, muy lentamente los costos que han tenido para nuestras sociedades el tocar los límites naturales.

¿Qué iniciativas cree que se deberían tomar hacia adelante?

–Si pensamos que estamos tocando ciertos límites, si pensamos en el agotamiento y el abuso de ciertos recursos y, al mismo tiempo, que hay que garantizar ciertos derechos ciudadanos, debemos cerrar el círculo con que se financian estos derechos ciudadanos. Eso nos obliga a pensar en una reforma fiscal, nuevos recursos, una tasación de contaminación y en el papel y la lógica que tienen ciertos recursos, más allá de ser fuentes adicionales de ingreso. En el caso de la minería, por ejemplo, cuando se habla de bienes no renovables, cobra importancia el tema de los derechos de accesos a quienes explotan ese recurso de la Nación en beneficio propio y lo que dejan para garantizar la reproducción del conjunto de la sociedad.

¿Derecho de acceso a qué, específicamente?

–Derechos de acceso a los yacimientos petroleros, royalties mineros, derechos de explotación de los bosques y podría extenderse el concepto hasta la propia productividad de la tierra. Porque sobre la tierra se tiene la propiedad privada pero, visto en conjunto, es uno de los activos de la Nación y debe estar al servicio también de la lógica de la reproducción de la sociedad. En ese sentido, los impuestos a la rentabilidad de la tierra, las rentas extraordinarias, cobran otra legitimidad. En las grandes convenciones internacionales aparece el concepto del pago por servicio ambiental