Durante las últimas semanas, representantes de sectores conservadores han intensificado el cuestionamiento a la política previsional oficial. Han realizado referencias a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, al desvío del “dinero de los jubilados” para otros fines asistenciales y a las demandas por recomposición de haberes ante una supuesta inercia estatal. Han hecho foco en una de las políticas donde, paradójicamente, el Gobierno exhibe mayores logros.

En el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó que se extenderá la cobertura por Asignación Universal por Hijo a todas las embarazadas a partir del tercer mes de gestación. El plan prevé una ampliación hacia 180 mil beneficiarias. Al mismo tiempo, desde marzo comenzó a regir el aumento previsional anunciado el mes pasado, de 17,33 por ciento para todos los jubilados. Ese ajuste no solo cumple con la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada en el 2009, que garantiza dos aumentos al año, sino que además se propone dar respuesta a la embestida opositora insistiendo con el proyecto de incrementar los haberes jubilatorios al 82 por ciento del salario mínimo, proyecto discutido el año pasado en el Congreso y vetado por el Ejecutivo al no contemplar fuentes de financiamiento. La iniciativa opositora prevé incluir en la agenda legislativa un proyecto para efectuar una consulta popular.

¿Esas dos medidas recientes son excesos de demagogia del Gobierno con fines electorales o, por el contrario, se trata de entender el concepto de Seguridad Social desde un nuevo paradigma de inclusión? Si bien la extensión del beneficio de la AUH a las embarazadas y el aumento jubilatorio abarcan a diferentes segmentos de la población, ambas confluyen en definir la inclusión desde el punto de vista de la solidaridad social, en donde los recursos administrados por la Anses se entiendan como el dinero resultante del esfuerzo de todos los argentinos que, incluso, puedan volcarse al servicio de emprendimientos productivos que permitan una orientación estratégica de esos fondos para garantizar su conservación en el tiempo, y a la vez, resulte en un beneficio para la sociedad en su conjunto. En ese sentido, la Anses viene financiando proyectos en áreas sensibles y estratégicas del desarrollo, como la energía o el transporte, además de contribuir a la construcción de viviendas en todo el país.

En los noventa hubo expansión económica con exclusión social. En cambio, desde el 2003 hay en marcha un modelo que, aun con contradicciones o aspectos a profundizar, entiende que ese desarrollo debe estar acompañado del progreso de todos. La mejor y más activa presencia del Estado entre los sectores más vulnerables no debería ser eje de disputa electoral, y mucho menos con iniciativas de dudosa consistencia, más parecidas a golpes de efecto oportunistas que a propuestas responsables

* Politólogo UBA CLICeT