Las recientes tomas de tierras ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trajeron a la luz un tema que en forma subterránea se venía dando desde hace mucho tiempo. El problema del acceso a la vivienda propia afecta a un sector amplio de la población: diversos estudios lo ubican en un rango superior al 50 por ciento, ya que no es sólo una cuestión de clases bajas, sino que alcanza a sectores medios.

La cuestión central radica en la concepción que se tenga sobre la propiedad privada. Luciano Scatolini, una de las personas que más han estudiado el tema en nuestro país, opina que es “difícil pensar en construir ciudadanía plena sin reconocer y poner en ejecución programas de gobierno que reivindiquen el derecho colectivo al uso de la tierra con fines productivos y de vivienda social. Sin dudas que para lograr ello debemos repensar el rol del Estado como regulador activo del uso del suelo y como generador de obligaciones a los propietarios del mismo”.

Un aspecto llamativo es el pedido de represión por parte de ciertos sectores, cuando al mismo tiempo se siguen produciendo irregularidades en lugares donde existen negocios inmobiliarios para emprendimientos privados. Además, vale recordar la cantidad de tierras fiscales que fueron vendidas en los ‘90 para explotaciones particulares, cuando se podrían haber utilizado para fines sociales. El caso emblemático es Puerto Madero.

Es una zoncera no observar que se pretende criminalizar a los pobres cuando toman las tierras, pero no ocurre lo mismo con las famosas excepciones, o directamente usurpaciones que se realizan por emprendimientos privados como countries, barrios cerrados o edificios de gran categoría. Sobre ello, Scatolini dice que “el incremento de la informalidad no se puede atribuir de forma exclusiva a los cambios demográficos, ni al incremento de la pobreza urbana, que si bien ha aumentado, lo ha hecho en tasas menores. Gran parte de estos procesos se han visto favorecidos por las políticas de flexibilización del sector privado, a través del dictado de nuevos códigos de planeamiento urbano y por la gran cantidad de excepciones permitidas por los concejos deliberantes”. El último episodio conocido ocurrió hace poco cuando el country Mapuche tomó sectores que corresponden a las veredas públicas para uso propio, complicando el paso de los vecinos que residen fuera del mismo. ¿Por qué la opinión pública no reacciona en este caso con la misma agresividad que con los ocupantes de las veredas del predio del club Argentinos Juniors, cuando son casos similares? ¿La reacción diferente responde a una cuestión de clase social de los involucrados? ¿O será como decía Jauretche, que “no es la pobreza de la Villa Miseria la que molesta sino su vista”?

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