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El 1º de abril de 1991 se puso en marcha el Plan de Convertibilidad. La iniciativa instaló una estricta regla monetaria y cambiaria donde se estableció que el Banco Central debía respaldar la totalidad de la base monetaria con reservas internacionales. El programa que estableció un tipo de cambio fijo y apreciado fue desplegado en medio de un profundo proceso de desregulación, privatizaciones, ajuste del gasto, apertura comercial y distintos programas financieros (reestructuración con el Brady y canje compulsivo de plazos fijos con el Bonex) que apuntaban a estabilizar el escenario macroeconómico luego de dos procesos hiperinflacionarios en 1989 y 1990, el cese de hecho del pago de los servicios de la deuda externa y una fuerte disputa de poder político y económico entre diferentes sectores hegemónicos. Ese esquema de política económica que activó el gobierno de Carlos Menem, donde la Convertibilidad era una pieza central junto con los contenidos promercado del Consenso de Washington, se prolongó más de diez años.

Una mecánica rígida

El plan de estabilización impulsado por Domingo Cavallo hace dos décadas se basó en el uso del tipo de cambio como ancla del sistema de precios a partir de un régimen donde el Banco Central se convirtió en una caja de conversión. La ley estableció la paridad entre el peso y el dólar e impuso severas restricciones legales a la autoridad monetaria que debía mantener el respaldo en divisas de la base monetaria. Esa regla se relajó con el paso de los años para poder asegurar la continuidad del modelo. Así, la liquidez y el crédito doméstico pasaron a depender directamente de la evolución del stock de reservas internacionales. Por lo tanto, el incremento en las reservas derivaba en una expansión de la base monetaria y el crédito e impulsaba la demanda local, mientras que una reducción inducía a la recesión.

El impacto antiinflacionario de las medidas fue inmediato y durante los primeros años el país registró una etapa de expansión económica aunque la dinámica laboral comenzó rápidamente a exhibir un franco deterioro. El éxito en materia de crecimiento resultó mucho menos duradero que el alcanzado en relación con los precios. El crecimiento del PIB liderado por el ingreso de capitales afectó al balance de pagos, ya que estuvo motorizado por un creciente flujo de importaciones que profundizó el crónico déficit en cuenta corriente.

El esquema de tipo de cambio fijo y apreciación cambiaria de la Convertibilidad no fue un proceso original y excluyente de Argentina a comienzos de los años noventa, aunque sí lo fue la extensión del régimen. El sistema de Caja de Conversión, que el país había instrumentado durante el auge agroexportador de comienzos del siglo XX, tampoco fue un evento aislado de la coyuntura internacional, ni de la propia trayectoria política, económica y social del país.

- Urbi et orbi: Luego de las crisis de los años ochenta, distintos países de la región, como Brasil y México, recurrieron a planes de estabilización similares que tenían al tipo de cambio nominal como ancla para controlar la inflación. Sin embargo, en esas experiencias, que también experimentaron sus propias crisis en 1994 y 1999, el tipo de cambio real se mantuvo relativamente competitivo, a diferencia de Argentina, donde el esquema se instaló sobre un tipo de cambio real que ya se encontraba apreciado. Más cerca en el tiempo, los países balcánicos como Estonia, Lituania y Bulgaria atravesaron crisis externas a partir de esquemas macroeconómicos similares al de Argentina durante los noventa.

- Contexto global: Desde 1989 las tasas de interés internacionales registraron un franco retroceso y se reactivó la disponibilidad de financiamiento externo. Esa situación impulsó el fuerte ingreso de capitales y el creciente endeudamiento externo necesario para preservar el modelo. En 1994, la Reserva Federal decidió elevar sus tasas de descuento, impactó sobre la entrada de capitales financieros y profundizó el déficit de la cuenta corriente.

- Consolidación: El economista Eduardo Basualdo, de Flacso, explica que “durante este período se consolidaron las tendencias hacia la desindustrialización y reestructuración sectorial puestas en marcha a partir de la dictadura militar, provocando el tránsito de una economía industrial a otra que puede considerarse como financiera, agropecuaria y de servicios”. El investigador señala además que “la reducción del salario real, el de-sempleo, la desregulación del mercado de trabajo, el subempleo, la pobreza y la indigencia registraron niveles inéditos que reforzaron el efecto disciplinador de las hiperinflaciones anteriores”.

El ciclo

La experiencia argentina constituye un caso particular de un patrón de crisis externas que en la literatura económica se denomina Ciclo Frenkel-Neftci. Según explica el propio Roberto Frenkel, investigador del Cedes, este comportamiento es generado por el ingreso de un flujo significativo de capitales a un sistema financiero doméstico pequeño y mal regulado en un régimen de tipo de cambio fijo. El atractivo para el ingreso de estos capitales es el elevado diferencial de rendimiento entre los activos domésticos y externos en un contexto de credibilidad en el esquema cambiario. Le sigue una expansión del crédito doméstico y la demanda agregada. La apreciación del tipo de cambio real comienza a profundizarse, se deteriora la cuenta corriente por el incremento en las importaciones netas, aumentan las necesidades de financiamiento externo y se acumula deuda. Esa situación incrementa la vulnerabilidad externa de la economía. A medida que aumenta el riesgo percibido, los ingresos de capitales se desaceleran y las tasas de interés aumentan. La acumulación de reservas se detiene y comienza la contracción económica. Las cada vez más altas tasas de interés y la salida de capitales dan lugar a un escenario financiero de iliquidez e insolvencia creciente ‘a la Minsky’ que detona en una crisis sistémica.

A lo largo de la década el proceso profundizó la dependencia externa del país. La política monetaria y cambiaria estuvo acompañada por la venta de los activos del Estado (desde empresas hasta la seguridad social), el crecimiento del endeudamiento externo, los paquetes de ayuda y ajuste del FMI y el Banco Mundial, la dolarización financiera, una masiva fuga de capitales, la flexibilización de las condiciones de empleo y marginalización de un segmento significativo de los trabajadores, y la apertura comercial y financiera.

Los pilares fundamentales de la política que desmanteló la estructura productiva se prolongaron hasta 2002, cuando el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, quien había firmado una década atrás como vicepresidente la Ley 23.928 que fijó el cambio 1 a 1 entre el peso y el dólar, dispuso el abandono de la paridad cambiaria y una megadevaluación de la moneda nacional