La última dictadura militar inauguró un período de destrucción de las capacidades estatales. La progresiva desjerarquización de la gestión estatal fue la consecuencia de una política tendiente a denostar la esfera pública. La actuación burocrática estatal se fue empobreciendo a medida que se relegaban saberes y aprendizajes previos. Por ejemplo, la observación negativa a la concepción de planificador en materia económica produjo el abandono de una experiencia muy rica en esa materia.

Argentina había acumulado conocimientos a partir de las actuaciones del Consejo Nacional de Posguerra, del Consejo Nacional de Desarrollo (Conade) y del Instituto Nacional de Planificación Económica (INPE). La tarea desarrollada por esos organismos permitió la confección del Primer Plan Quinquenal (1947-1951), el Segundo Plan Quinquenal (1952-1956), el Plan Nacional de Desarrollo (1965-1969), el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad (1971-1975) y el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional (1974-1977).

A pesar de que esos planes atravesaron situaciones políticas muy diversas, “todos ellos suscriben en alguna medida la estrategia de industrialización sustitutiva, haciendo eje en particular en la necesidad de avanzar hacia la “segunda etapa”, esto es, en la provisión local de insumos convergentes críticos, entre ellos las prestaciones de infraestructura de transporte y energía”, afirma Alberto Müller en el documento La (no) planificación en la Argentina de los ‘90 y los 2000: apuntes para una historia y posibles lecciones para el futuro.

En la etapa de la convertibilidad, las únicas manifestaciones con cierta tendencia planificadora fueron el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y el Plan Federal de Infraestructura (PFI). El primero, reglamentado en 1995, tenía por objetivo “la iniciación y actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública nacional y la formulación anual y gestión del plan nacional de inversiones públicas”.

Por su parte, el PFI, promovido por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda durante la gestión De la Rúa, “no pasó de una enumeración de proyectos, o mejor, de sus designaciones y montos estimados. No existió mayor tratamiento técnico de esta demanda, ni mucho menos alguna priorización”, explica Müller.

La política inaugurada en 2003 generó un renovado activismo estatal en materia cambiaria, fiscal, monetaria e inversión pública. Esa reversión de las políticas noventistas se reflejó en una revitalización de la planificación pública. En ese sentido, los funcionarios rescatan la elaboración de un Plan Estratégico Territorial elaborado por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En su presentación, el ministro Julio De Vido sostuvo que “hemos rescatado herramientas olvidadas que, empleadas por el Estado, pueden generar el cambio. Nos referimos específicamente a la planificación. Si bien no se trata de un instrumento novedoso, cayó en desuso a partir de la concepción neoliberal que otorga al mercado el rol de único asignador eficiente de recursos”.

Ese trabajo persiguió el cumplimiento de tres objetivos generales: mejorar y sostener el crecimiento de la producción en forma equilibrada, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento; garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios básicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las regiones y el arraigo de sus habitantes y, por último, contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural a través de una gestión integrada y responsable. Como resultante de ello, los equipos técnicos partieron de diagnosticar la situación territorial actual, para proyectar la deseada. Ese diagnóstico fue acompañado por una compilación de iniciativas, programas y proyectos de infraestructura y equipamiento que se consideraron necesarios ejecutar para avanzar hacia la concreción de los objetivos propuestos

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