Durante la década del ‘90, el Estado firmó más de cincuenta Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con distintos países, con el argumento de que así sea alentaría y protegería a los empresarios extranjeros del “riesgo” argentino. Esta política atravesó a otras naciones de la región, con excepción de Brasil. El rasgo central de los TBI fue la concesión de competencias jurisdiccionales desde los Estados a un órgano supranacional. Un mecanismo que derivó en la pérdida de soberanía nacional y consolidó relaciones asimétricas entre países ricos y pobres. “No sólo a nivel internacional sino también regional”, advierte Hugo Ruiz Díaz, ministro Asesor de Relaciones Internacionales del gobierno paraguayo. En su visita a Buenos Aires, donde participó del seminario “Unasur. De la integración política a la integración económica y financiera”, organizado por el Cemop, la CNV y el Cefidar, Ruiz Díaz dialogó con Cash sobre la necesidad de sustituir los TBI por un marco regulatorio en sintonía con la integración latinoamericana.

¿Cómo analiza la situación de los países de América del Sur frente a los Tratados Bilaterales de Inversión?

–Los gobiernos de la región tienen una visión crítica de ciertos tratados, como los de promoción y protección recíproca de las inversiones, por el carácter asimétrico de algunas cláusulas concretas, como la creación de un órgano de naturaleza supranacional a la que los Estados transfieren las competencias en materia jurisdiccional, y así consagran la asimetría.

¿Cómo se da esta dinámica entre países de la región?

–En el Cono Sur también existen tratados asimétricos. Por ejemplo, el tratado de Itaipú, entre Paraguay y Brasil, y el tratado de Yacyretá, entre Paraguay y la Argentina. En el campo de la explotación de la energía hidroeléctrica, poco y nada se habla de la erradicación de las asimetrías.

¿Qué actitud deberían tener los gobiernos hacia estos tratados?

–Hay conductas disímiles. Brasil no tiene firmado un solo tratado de protección de inversiones. La Argentina, Paraguay, Chile y otros estamos atravesado por éstos. Creo que deben ser sustituidos por un nuevo marco regulatorio que responda al proceso de integración latinoamericana y a la recuperación de soberanía de los Estados, con el ejercicio pleno de nuestros recursos naturales. Los Estados latinoamericanos somos parte de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Y también allí hemos aceptado que un órgano supranacional intervenga cuando se trata de diferendos entre Estados.

¿Hay una discusión entre quienes plantean que hay que denunciar estos tratados y quienes proponen anularlos?

–La denuncia es un mecanismo de los Estados y de la Convención de Viena. Un Estado puede considerar que un tratado atenta contra su soberanía o que ha extrapolado el ejercicio de la competencia de los poderes públicos en beneficio de instituciones internacionales. La nulidad de tratados también tiene que ver con la convención de Viena. Hay dos ejemplos de denuncia en América latina. El gobierno boliviano denunció al Ciadi en mayo de 2007. Y el Estado ecuatoriano también, aunque en forma más limitada que Bolivia. Denunciar un tratado es un atributo de todo Estado soberano.

¿Qué es más conveniente, la denuncia o la nulidad?

–El tema no es tanto si se denuncia, o no, sino si las condiciones actuales de este proceso de integración permiten que dicha denuncia se constituya en un factor político de recomposición de la integración y que no quede como una decisión individual de cada Estado. Eso no obsta que gobiernos denuncien los tratados en actos individuales, pero lo ideal sería que haya una colaboración colectiva.

¿Por qué se da esta diferencia entre Brasil y otros países de la región?

–Porque Brasil reguló la inversión internacional dentro de un proyecto con fuertes activos de desarrollo social autónomo, frente a los intentos de una liberalización exacerbada en materia de inversiones.

¿Cómo analiza las asimetrías existentes en el Mercosur?

–Hay tres países asimétricos en el Mercosur. Bolivia, que es Estado asociado, Paraguay y Uruguay. Claro que existe una voluntad indiscutible de superar esas asimetrías, pero hay que tener en cuenta las diferencias entre los Estados en el nivel de desarrollo y en cuestiones políticas. Para nosotros, la asimetría es el eje político de nuestras relaciones en el interior del bloque regional, basado en valores de solidaridad, cooperación y respeto por la autodeterminación.

¿A qué se refiere?

–Al derecho soberano de los Estados de disponer de sus recursos naturales. Pienso que es tiempo de que demos un debate político más abierto, donde ningún gobierno se sienta ofendido porque se plantean temas de asimetría.

¿Cree que hubo avances en ese sentido?

–Sí. El que haya habido avances no obsta que subsistan situaciones reales de asimetría que constituyen un obstáculo al proceso de integración.

¿Podría identificar alguna de esas mejoras?

–Con el gobierno de Brasil nos sentamos a negociar sobre un tratado que fue firmado por dictaduras militares y sirvió para legitimar la política expansionista brasileña. Con la Argentina se está en un nuevo proceso de negociación, aunque aún subsisten muchos puntos sobre los cuales tenemos que profundizar un debate fraterno, abierto, sin temores.

¿Cuáles son esos puntos?

–Sigue subsistiendo una situación asimétrica en la utilización y apropiación de la energía hidroeléctrica proveniente de Yacyretá. Nuestro gobierno reivindica su soberanía en relación con el legítimo derecho de disponer de esos recursos y vendérselos a terceros países. Estamos negociando. El gobierno argentino ha demostrado una excelente voluntad política para que este proceso de integración salga del aspecto discursivo y se concrete