El programa de subsidios es un instrumento central de la política económica implementada por el gobierno nacional. Entre el 2003 y el 2009, los recursos transferidos por esa vía y préstamos se incrementaron un 725 por ciento. En la actualidad, la erogación de 33.000 millones de pesos anuales modera los incrementos de precios en sectores sensibles como tarifas energéticas, transportes y alimentos.

Al preservar el poder adquisitivo, esa política viene generando las condiciones necesarias para apuntalar la fortaleza del consumo doméstico.

Además, las transferencias estatales coadyuvaron a la conformación de una estructura de costos favorable al sector productivo. Por ejemplo, la reducción del costo energético fue funcional al desarrollo de ciertas actividades que hubieran resultado inviables en ausencia de ese incentivo.

En ese campo, los recursos tuvieron dos destinos principales: las importaciones de combustibles destinadas al abastecimiento de las centrales térmicas y el financiamiento operativo de diversas compañías públicas (Enarsa, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Ente Binacional Yacyretá).

Por su parte, los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros y subterráneos evitaron una brusca alteración del cuadro tarifario. Las transferencias estatales también beneficiaron a ciertos eslabones de la cadena de valor primaria (lácteos, trigo, carne bovina de engorde a corral, producción aviar y porcina) para evitar el impacto alcista de los precios internacionales en la canasta de alimentos.

De manera previsible, el programa de subsidios se transformó en uno de los blancos predilectos de las críticas ortodoxas. Esos economistas sostienen que los subsidios estatales provocaron un crecimiento del gasto público “improductivo”. De acuerdo con esa visión, la intervención estatal distorsionó el proceso de formación de precios, impidiendo la óptima asignación de recursos. En ese sentido, el liberal Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina publicitó los resultados de su “Barómetro Legislativo”. En ese relevamiento, más de la mitad de los legisladores propusieron la reducción de los subsidios y el aumento escalonado de las tarifas. Aunque ese trabajo resalta que los encuestados conforman “un grupo representativo de legisladores”, el 85 por ciento está enrolado en la oposición.

El régimen de subsidios también recibe rechazos por parte de algunos economistas heterodoxos. En ese caso, las objeciones apuntan al supuesto carácter pro rico de las transferencias indiscriminadas. En esa línea, el argumento expuesto es que benefician mayoritariamente a los sectores más pudientes. El caso de inequidad distributiva sea el subsidio al sistema de red de gas natural. “No obstante, ello no contradice el aspecto central del régimen de subsidios y préstamos implementado en el período. Dirigido a financiar bienes y/o servicios básicos que integran de modo relevante la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos, esto es, alimentos y servicios públicos como energía y transporte, el gasto comprometido en su implementación constituyó un mecanismo eficaz para mantener estables y relativamente bajos los precios domésticos, contribuyendo a mejorar el ingreso real (especialmente de las familias de menores recursos) y garantizar así su acceso a éstos y otros bienes y servicios”, afirma la docente e investigadora Eugenia Aruguete en La política de subsidios y préstamos del Estado Nacional entre 2003 y 2009. Es evidente que, tal como afirma Aruguete, resultaría deseable que esos instrumentos sean mejorados a los fines de garantizar una mayor equidad distributiva. La cuestión es que las objeciones suelen focalizarse en las virtudes del esquema de subsidios, y no en sus debilidades

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