Por Natalia Aruguete

El grupo controlante de Aguas Argentinas elaboró un informe en el que intenta demostrar que la tarifa se redujo entre octubre de 1992 y diciembre de 2001. El documento coincide con el reclamo de la concesionaria de un aumento de precios del orden del 15 por ciento. Sin embargo, de una serie de informes provenientes de la Comisión Renegociadora de los Contratos y del ente regulador, Etoss, se desprende que Aguas ha venido aplicando aumentos que afectaron la configuración de la tarifa básica convenida en el contrato original y agudizaron la distribución regresiva del ingreso.
El documento del grupo francés Suez, accionista mayoritario de Aguas Argentinas, afirma que el precio se redujo entre octubre de 1992 y enero de 2001 y que el coeficiente “K”, a partir del cual se define la tarifa básica, tuvo una evolución inferior al índice de precios al consumidor (IPC). Sin embargo, si se toma en cuenta el momento en el que la empresa se hizo cargo del servicio, mayo de 1993, y se calcula hasta principios de este año se puede demostrar que el incremento del servicio fue del 88,2 por ciento. Mientas que el IPC creció, en idéntico período, el 7,3 por ciento.
La información surgida del Etoss es relevante, ya que el marco regulatorio establecía taxativamente que las tarifas no podían aumentar durante los primeros diez años de la prestación. Y que incluso debían disminuir como producto de las revisiones ordinarias previstas en el contrato de concesión. Además, del análisis hecho por la empresa se desprenden algunas observaciones:
n Entre octubre de 1992 y abril de 1993 –el mes anterior a la transferencia de la empresa– el IPC se incrementó un 4,2 por ciento. Por su parte, entre mayo de 1993 –cuando Aguas se hizo cargo del servicio– y diciembre de 2001, el IPC sólo se incrementó el 2,4. Durante esos meses, la tarifa se mantuvo estable.
n La empresa Suez finaliza su análisis en diciembre de 2001. Por lo tanto, deja afuera el incremento del 4,4 por ciento, efectuado en el coeficiente “K”, el 1º de enero de 2002.
n Al tomar sólo el coeficiente “K” para avalar su argumento, ignora los cargos fijos sumados a la factura, que elevaron considerablemente el costo real del servicio.
Por otra parte, dos informes elaborados por la comisión renegociadora -Aguas es la única prestataria que ya cuenta con dos dictámenes– invalidan los argumentos de la empresa y desestiman sus pretensiones de ajustar nuevamente la tarifa. El ingeniero Jorge López Raggi, coordinador del primer dictamen de la comisión relativo a Aguas, consideró inaceptable la actualización tarifaria mientras dure la emergencia. Y sostuvo que “sería ilegítimo aceptar un diferimiento, suspensión o reducción de inversiones, sin fundamento en alguna causal de interés público”. Según el texto, la empresa está en condiciones de reducir gastos en honorarios de directores y consultores, en capacitación, en viáticos y otros conceptos, que suman 23 millones de pesos.
En un segundo documento, la comisión advirtió que los usuarios percibieron un aumento promedio de entre 54 y 65 por ciento a causa de cargos adicionales sobre los consumos, aumentos netos en la tarifa básica y cargos no previstos propuestos con el argumento de invertir en obras que luego no se realizaron. Otro dato importante es que “la factura residencial habría aumentado, a lo largo de la concesión aproximadamente 62 por ciento. En igual período, el índice que mide el salario del obrero ha caído en un 5,8 por ciento. Y, por lo tanto, el aumento real del servicio sería del 70 por ciento”.
Lejos de asumir las consideraciones que surgen de diversos organismos oficiales, Aguas Argentinas exige, entre otras cosas, un aumento tarifario, rebajas en las alícuotas de algunos impuestos que gravan suactividad y reducciones de los costos de operación y de los montos comprometidos en inversiones.
La renegociación debería contemplar además las inversiones realizadas y la calidad del servicio. Dos aspectos que no juegan a favor de la compañía. Cash tuvo acceso a una carta enviada por el ente regulador al director general del consorcio, Jean-Bernanrd Lemire, con fecha 24 de octubre de 2002. En el escrito comunica las negligencias verificadas en más de veinte aspectos del contrato. Entre las más graves figuran insuficiencias en el análisis para el agua de red en materia de fenoles, cianuros y detergentes, no cumplimiento del contenido mínimo de nitrato y del límite de demanda de cloro y existencia de concentración de arsénico y nitratos superiores a los permitidos.