A fines de 2003 se modificó la Ley de Monotributo y en 2004 se hizo efectiva. Desde entonces, 420 mil trabajadores cuentapropistas, ocupados en cooperativas y en otros emprendimientos productivos se inscribieron en el Monotributo Social. A partir de la iniciativa de la entonces senadora Alicia Kirchner, el Parlamento aprobó la creación de esta nueva categoría tributaria, alcanzando a las personas físicas o jurídicas que están fuera del sistema impositivo y previsional y generan ingresos menores a los 24 mil pesos a través del autoempleo.

A partir de esa modificación, los mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad, dedicados a la producción de bienes, la prestación de servicios o la comercialización fueron incorporados a la nueva categoría de monotributistas sociales.

Con un presupuesto de 14 millones de pesos mensuales, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, subsidia el ciento por ciento de los componentes tributario y previsional y un 50 por ciento del porcentaje destinado a la obra social. En números, el contribuyente paga 35 pesos –más otros 35 pesos por cada adherente, cónyuge o hijos– y el Estado aporta los otros 35 pesos. En ese ministerio proyectan llegar a un millón de inscriptos el año próximo. Según la ministra Kirchner, el 5 por ciento ya pidió el pase a una categoría superior, lo que demuestra el éxito de esta política pública.

Si bien la inscripción es un paso importante en términos de registración laboral, los investigadores del Ceil-Piette del Conicet Julio Neffa, Demian Panigo y Juliana Persia advierten que los monotributistas son trabajadores precarios, porque no tienen garantizadas la seguridad ni la estabilidad en el empleo. Sus actividades “dejan de estar reguladas por el derecho del trabajo y la seguridad social, para situarse en el ámbito del derecho comercial o civil, considerándose una actividad comercial”, señalan esos especialistas.

Por su parte, Claudia Bernazza, directora nacional de Fomento del Monotributo Social, explicó a Cash que se trata de “un apoyo concreto al emprendedor social bajo cualquier figura. El objetivo es que la economía social se inserte en la economía formalizada”. “Esta política es un reconocimiento de derechos. No se trata de ‘beneficiarios’, sino de titulares de derecho”, afirmó.

Con la nueva reglamentación, las personas físicas, cooperativas de trabajo o quienes estén incluidos en proyectos productivos de hasta dos o tres personas pueden ser incorporados a este régimen y contar con cobertura médica, aportar a la jubilación y emitir facturas. Cuando se trata de iniciativas de varias personas agrupadas en cooperativas o proyectos colectivos, es la entidad la que se inscribe, pero todos sus miembros tienen acceso a dicha obra social y están incorporados al régimen provisional. Por otra parte, el hecho de inscribirse al Monotributo Social no supone perder la Asignación Universal por Hijo.

Nancy Jara tiene un emprendimiento productivo de gallinas ponedoras en Cipolletti (Río Negro). El Monotributo Social le vino “muy bien, porque pude hacer las facturas y, así, vender huevos a panaderías y comercios grandes”, explica. Además, el municipio de Cipolletti le compra huevos en gran cantidad para los comedores escolares. En la familia de Nancy son diez integrantes. Junto con su inscripción pudo incorporar a cuatro de sus hijos, que ahora cuentan con cobertura social.

Los trámites se inician en delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social –no en la AFIP–, donde se analiza la situación de vulnerabilidad de las personas y se hace una evaluación in situ del emprendimiento. Si se trata de emprendimientos individuales, la facturación no debe ser superior a los 24 mil pesos anuales (equivalente a la categoría más baja del monotributo general) y debe ser la única actividad económica. Es decir, no tener otro trabajo en relación de dependencia ni ser empleador o accionista de otro emprendimiento. La facturación se duplica o triplica en el caso de las cooperativas, donde el reparto de excedentes para cada miembro no puede superar los 24 mil pesos.

Entre los índices para medir la vulnerabilidad de los contribuyentes se incluyen los problemas para acceder al mundo del trabajo y el nivel patrimonial: estas personas pueden tener hasta un bien inmueble y un rodado.

Según las estimaciones de Desarrollo Social, un 35 por ciento de los inscriptos son jóvenes de entre 18 y 29 años y otro 50 por ciento son mujeres, sobre todo, miembros de cooperativas incluidas en el Programa de Ingreso Social con Trabajo.

Otro derecho al que accedieron estos emprendimientos es que el Estado los puede contratar en forma directa, sin licitación. Organismos como la Anses, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Defensa contratan sus servicios consultando al registro publicado en el portal Argentina Compra, dependiente de la Oficina Nacional de Contratación. “Cuando el Estado les compra cambia el mapa territorial de esos sectores, porque utiliza su potencial como comprador para afianzar esta política de inclusión social y laboral”, concluyó Bernazza