Argentina y Uruguay pueden sumar la experiencia de empresas recuperadas a su largo recorrido en común. En ambos casos la crisis por las políticas neoliberales favoreció el surgimiento de emprendimientos sociales alternativos. En Uruguay existen hoy 18 recuperadas y otras 3 intentando comenzar su actividad, proporción de unidades productivas de este tipo por habitante similar a la registrada en Argentina. También cualitativamente se comparten muchos rasgos: los trabajadores tienen en promedio 48 años, el 90 por ciento del personal administrativo prefiere buscar otro destino y no participar de la recuperación, y quienes se organizan en forma autogestionaria sufren la falta de acceso al crédito.

Para la socióloga Anabel Rieiro la diferencia fundamental tiene que ver con la idiosincrasia uruguaya de “sociedad amortiguadora”, como la definió el pensador Carlos de Azúa, que hace que los conflictos sean menos profundos y las luchas sociales tiendan hacia la institucionalización. “Esto se ve en que la conflictividad fue baja comparada con lo que ocurrió en Argentina. Si bien el fenómeno es muy heterogéneo, muchas de las recuperaciones han estado lideradas por los sindicatos con distintos grados de participación de los trabajadores.” Las conclusiones están apoyadas en su tesis de maestría realizada en 2009, uno de los estudios cuantitativos y cualitativos más extensos sobre empresas recuperadas uruguayas. En ella explica que de los 20 casos analizados, 13 implicaron una ocupación, y el conflicto siempre se ha canalizado por medios institucionales sin confrontación directa.

Uno de los puntos más conflictivos en los casos argentinos, la disputa por los inmuebles, se ha resuelto en Uruguay por medio de tres mecanismos: concesión de un espacio por parte del Estado (4 casos), alquiler de un local nuevo o a los anteriores patrones (5) o negociación con el Banco de la República en otros 4 casos, en los que poseía las hipotecas de las empresas fallidas. El rasgo distintivo de la mayoría de las recuperadas argentinas, las expropiaciones votadas por el Poder Legislativo, no se repite en la experiencia uruguaya.

En 2007, las recuperadas se nuclearon en la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por Trabajadores para poder tratar sus problemáticas en forma más específica. Mantienen vínculo con la central sindical PIT-CNT uruguaya, que motorizó el fenómeno en sus inicios. De hecho, 19 de las 20 unidades registradas en el estudio de Rieiro se declaran parte de la Asociación, 10 de la Federación de Cooperativas y 8 del sindicato de base. Se está intentando integrarlas a todas en una mesa por la autogestión en la que participen las distintas organizaciones.

Uno de los principales problemas para encarar la producción es, al igual que en la Argentina, el de conseguir suficiente capital de giro para funcionar a capacidad plena. Rieiro explica que “se está creando un fondo para proyectos autogestionarios. Aún está reglamentándose”. Otro rasgo llamativo recogido por la tesis de Rieiro es que el 80 por ciento de los trabajadores considera su participación como alta o muy alta. En cuanto a la innovación en la forma de organizar el trabajo, el 85 por ciento de los socios visualizan cambios respecto de cuando eran empleados.

De los 20 casos analizados por Rieiro, 13 se dieron entre 1999 y 2003, sin que hubiera un pico y una explosión mediática sobre el fenómeno como ocurrió en Argentina. La investigadora señala que “sigue habiendo recuperaciones. Hay conflictos que están activos y van surgiendo nuevos, pero no hay mucha cobertura del tema”. Lo que es común a todas las recuperadas de cualquier país es lo innovador de la experiencia, que abre caminos donde el sistema ofrecía el vacío. En Uruguay, en particular, han tenido un rol importante para reactivar el cooperativismo y demostrar que pueden dar estabilidad a trabajadores