La reciente crisis política en torno del tope de deuda pública norteamericana encierra opciones y decisiones más profundas sobre el rumbo económico y social de los Estados Unidos. No sólo se debatió sobre cómo se logrará controlar el enorme déficit fiscal sino que, indirectamente, se está definiendo el perfil futuro de la sociedad norteamericana.

En una primera lectura, centrada exclusivamente en el plano político, se señaló que las diferencias entre republicanos y demócratas giraban en torno del énfasis que hacían los primeros en achicar el gasto, especialmente en rubros de salud y asistencia social, en tanto los segundos pretendían –sin éxito– aumentar algunos gravámenes a los sectores más prósperos de la sociedad. Dentro del conservador bando republicano se destacaron los representantes de la fracción llamada Tea Party, intransigentes y dispuestos a arriesgar un default parcial, para forzar al presidente Obama a conceder la mayor parte de las retrógradas demandas republicanas. La negociación, que terminó en un acuerdo pro-recesivo, muestra los límites que tiene el sistema político norteamericano.

Un enfoque alternativo del problema presupuestario norteamericano permite traspasar el problema bipartidario y acercarse a los dilemas profundos de ese país.

Lo primero que debe decirse es que el endeudamiento se disparó con la crisis financiera que estalló en 2008. Retraducido en términos presupuestarios: Estados Unidos está hoy fuertemente endeudado debido el esfuerzo público en sostener a las grandes casas financieras, a las que el sistema político renunció regular desde los años ’80. El déficit público, que estaba bajo control en la era Clinton, fue relanzado por Bush Jr. en consonancia con la escalada bélica estadounidense. Una parte significativa del presupuesto público se destina a gastos de defensa, que superan al gasto conjunto de todo el resto de eventuales “enemigos” norteamericanos en materia militar. Las empresas que le venden al Estado bienes y servicios “de defensa” ha encontrado nuevas formas de seguir siendo sostenidas por el presupuesto público del país.

Pero también otros gastos –aparentemente “sociales”— sólo son explicables por la incidencia de los intereses corporativos en las políticas públicas. Es el caso de Medicare, un programa público de asistencia a la salud de los norteamericanos mayores, que absorberá importantes flujos presupuestarios, crecientes en el tiempo. Estados Unidos, entre los países desarrollados, tiene uno de los peores sistemas de salud, dados sus elevadísimos costos, desmesurados en relación con cualquier comparación internacional. ¿Qué reflejan esos costos? Las enormes ganancias de laboratorios, empresas de salud, profesionales especializados y la multiplicidad de servicios asociados a que la gente se enferme. Adicionalmente, todo el sistema médico norteamericano se encarece aún más con los costos de la litigiosidad artificial promovida por la corporación de buffets de abogados.

En resumen, bancos, industrias militares, laboratorios y clínicas definen las prioridades presupuestarias de esa nación. Es, por lo tanto, el costo de los intereses privados definiendo las prioridades públicas lo que ha puesto en crisis las cuentas del Estado más poderoso del planeta. La palabra “poderoso” debería ser revisada: si hacia el exterior de sus fronteras lo es, en términos de su poder local los gobiernos norteamericanos aparecen sometidos a las demandas corporativas, diseñando sus estrategias en base al cortoplacismo de aquéllas, mientras su sistema político piensa en cómo obtendrá los gigantescos fondos necesarios para financiar la próxima campaña electoral. Esos fondos saldrán de esas mismas grandes empresas

* Economista de UNGS-UBA.