Quien desconoce los tiempos de las relaciones internacionales, podría no estar observando con precisión los cambios que se vienen sucediendo en el campo de la integración regional. Los avances, que en la superficie son lentos, traducen consensos que destraban diferencias nacionales que por muchos años perecieron inamovibles. Este es el caso tanto del Mercosur, como del ámbito regional de construcción más reciente de Unasur. En ambos espacios, las decisiones se toman por unanimidad sin que tengan peso las diferencias de tamaño o de desarrollo relativo de los países.

La buena performance económica de Sudamérica a partir de comienzos de este siglo y la forma en que se enfrentó la crisis financiera internacional en nuestros países, imprimió nuevos incentivos para reforzar la integración regional. Pero ya no predominan los lineamientos ideológico-políticos de los años noventa. En efecto, la historia reciente es inexorable y la Cumbre de Mar del Plata de 2005 fue el punto de ruptura con una forma de ver la integración, sólo con el cristal del libre comercio. Es cierto que ha sido clave la nueva conformación política de nuestros países y la tríada Lula-Kirchner-Chávez resultó definitoria en el “No al ALCA”. Pero tan importante como esa nueva fraternidad ha sido la visión estratégica subyacente a esa decisión, que impidió que EE.UU. descargue –a partir de la crisis internacional– su propia recesión hacia nuestra región a través de canales comerciales y financieros que se hubieran profundizado con un área de libre comercio continental.

Las últimas conferencias regionales han tomado decisiones que apuntan al objetivo de autonomía y libre determinación regional para enfrentar los desafíos globales. En ese sentido se destaca la tarea tanto del Plan de Trabajo del Consejo Suramericano de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales de Unasur, como del Consejo Mercado Común y el Grupo de Monitoreo Macroeconómico, ambos órganos del Mercosur. Estos espacios fueron confluyendo en agendas comunes que, sumadas a las relaciones bilaterales entre vecinos que se vienen desarrollando con asiduidad, denotan un cambio de paradigma en la priorización de procesos: no es el libre comercio el que provocará la reducción de asimetrías entre países, la complementariedad productiva y financiera y la mejora en los indicadores sociales; sino que estos objetivos serán los que se deban profundizarse si pretendemos una unión fructífera y sustentable para todos los países miembros.

Necesitamos una región que base su integración en cómo enfrentar posibles ataques especulativos sobre sus monedas; que avance en la acumulación de reservas como escudo protector, pero que no resigne la posible utilización soberana de esos recursos; que no abandone sus monedas locales y su política monetaria pero que piense en desdolarizar el comercio, que debe seguir creciendo pero en forma administrada, sin países estructuralmente superavitarios y otros deficitarios. Países que conformen fondos comunes que movilicen los recursos financieros y los canalicen hacia la inversión para el desarrollo gracias a instituciones financieras de la región como el Banco del Sur y la Corporación Andina de Fomento.

La reformulación productiva y financiera en clave de reindustrialización y complementariedad de proyectos binacionales que afiancen las relaciones entre empresas es, por ahora, una tibia realidad que comienza a plasmarse. Esta es la agenda positiva y concreta de esta nueva realidad regional que vino para quedarse, más allá incluso de los gobiernos de distinto signo político que hoy conforman el bloque

* Subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía.