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El gasto público total destinado a la niñez suma mucho más que el destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cash accedió al último informe de la Unicef donde se analiza el desagregado de los recursos orientados a los menores de edad a través de los distintos programas y sectores de la administración pública. En 2009, el total de la inversión consolidada (Nación y provincias) fue de 91.900 millones de pesos, un 8 por ciento del PBI. En 2003, las ayudas a la niñez representaban sólo el 5,7 por ciento del Producto. En el período 2003-2008 el gasto en pesos constantes destinados a este sector tuvo un incremento del 160 por ciento, según afirmó a Cash Sebastián Waisgrais, especialista en monitoreo y evaluación del organismo internacional. Desde finales de 2009, las ayudas directas a la niñez tuvieron un fuerte crecimiento al implementarse la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hoy abarca un universo de 3,6 millón de personas. Para 2011, el Estado destinará aproximadamente 9693 millones de pesos para este programa, equivalente al 0,6 por ciento del PBI.

El trabajo de la Unicef da cuenta de que las políticas sociales deben estar bien discriminadas para comprender sus efectos en el conjunto de la población. Algunas de sus conclusiones pueden servir de punto inicial para el debate parlamentario que se avecina con el Presupuesto 2012. Dentro de la ley de leyes, en el capítulo “Gasto Público Social dirigido a la niñez”, hay una serie de rubros que explican los recursos transferidos a este sector, además de la ya conocida AUH. Están los gastos específicos e indirectos; y los gastos ampliados y en bienes públicos. En la primera categoría se incluye el gasto a la niñez contemplado en el rubro educación (nivel inicial, elemental y medio, capacitación docente, calidad educativa), fomento a la actividad deportiva, nutrición (comedores escolares y otros programas alimentarios), salud (vacunación, atención ambulatoria, salud sexual y reproductiva), y asignaciones familiares. Y la segunda categoría también abarca programas de salud, los recursos a la niñez dentro de las obras sociales, y otros servicios urbanos.

En 2009, el gasto público consolidado dirigido a la niñez fue de 91.971,3 millones de pesos, un 24 por ciento superior a las de un año atrás. De ese total, el 62 por ciento correspondió a Gastos Específicos (56.652 millones de pesos), y un 32 por ciento aproximadamente fue para la categoría Gastos Ampliados y bienes públicos. En total, sumó un 8 por ciento del PBI. En el desagregado de esta categoría, por ejemplo, el presupuesto para el rubro nutrición y alimentación destinado a la niñez fue de 3379,2 millones de pesos, el rubro condiciones de vida recibió 3759,4 millones y salud tuvo una transferencia de 10.501,4 millones.

“Este es un sistema de monitoreo orientado a que se conozca en detalle la distribución del gasto social, sobre todo para que los agentes gubernamentales puedan tomar las mejores decisiones. Es una forma de mejorar el bienestar, a partir de una evidencia concreta”, agregó Waisgrais. Entre 2001 y 2008, la inversión social en la franja etaria de personas menores de 18 años tuvo un incremento nominal acumulado de 338,8 por ciento, según consta en el último informe de Unicef.

La distribución por provincia del gasto público social para la niñez varía según jurisdicción. Las que recibieron valores superiores al promedio (0,9 por ciento) fueron Catamarca (2,1), Salta (3,2), Santa Fe (2,5), y Tierra del Fuego (4,7). Las provincias que recibieron los valores más inferiores fueron Jujuy (0,2), Entre Ríos (0,3) y San Juan (0,02), entre otras.

La AUH

El 80 por ciento del gasto en niñez es aportado por la Nación y el 20 restante por las provincias. Si las jurisdicciones tuvieran más recursos, producto de una mayor distribución de los impuestos coparticipables, ¿aumentarían su gasto público para la niñez? “Generalmente las provincias más pobres invierten menos en niñez porque tienen menos recursos. Pero cuando se toman los recursos del Estado nacional, en el caso de la AUH, se puede ver que la cobertura está llegando a las provincias que tienen mayores dificultades de empleo, ya sea por informalidad o carencia del mismo”, indicó a Cash Javier Curcio, economista de la UBA (ver aparte) y autor del trabajo Análisis del impacto de la AUH para Protección Social, publicado en junio de este año junto a Alejandra Beccaria (UBA y UNGS).

Dentro del gasto público total dirigido a la niñez está comprendida también la categoría gasto directo, que son recursos entregados directamente a las familias. Se incluyen los diferentes planes sociales y a partir de 2009 la Asignación Universal por Hijo. El año pasado, el Estado destinó a los niños y niñas recursos directos por más de 9984 millones de pesos, es decir un 0,62 por ciento del PBI. La AUH representó un 57 por ciento de esos recursos (6339,9 millones) y un 0,44 por ciento del PBI.

A medida que avanza la aplicación de esta asignación, aumentan los fondos. En su primer año fueron 322,5 millones de pesos, en 2010 se ejecutaron 6339,9 millones y para este año están proyectados, hasta el momento, un total de 9693,3 millones de pesos, un 65 por ciento más que en 2010. Según la información que maneja la Unicef, en base a los datos del Ministerio de Economía, la AUH tendrá una incidencia en el PBI del 0,6 por ciento.

En el informe de adelanto del Presupuesto 2012 que envió la cartera de Hacienda al Congreso, figura que la AUH representa, en realidad, el 0,8 por ciento del PBI. Si así fuera, el universo de los 3,6 millones de beneficiarios actuales recibirían casi 300 pesos por mes, y no los actuales 220 pesos. Este es el valor que se acerca a un posible incremento de la asignación. En el Gobierno están estudiando elevar la AUH a 280 pesos.

“Este trabajo forma parte de las políticas comprendidas en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, donde se plantea que los Estados deben hacer un seguimiento exhaustivo de sus políticas sociales y especialmente las destinadas a la infancia. Los datos aquí esbozados, con la comparación entre 2001 y la actualidad, dan cuenta del mayor esfuerzo presupuestario del Estado nacional para mejorar las condiciones de vida de la población”, concluyó el especialista de Unicef