Mientras la mirada de la crisis se centra en Europa, China está tomando precauciones para evitar turbulencias financieras en una economía que ha crecido en los últimos 30 años a más de una tasa del 10 por ciento anual. La vulnerabilidad del sistema no se limita al sector inmobiliario. En Beijing hay preocupación por la deuda a nivel municipal y provincial, lastre del gigantesco paquete de estímulo que puso en marcha el gobierno luego del estallido financiero de 2008.

El gobierno, hipersensible al impacto político de la economía, ha ajustado las tuercas del sector financiero mucho más que Estados Unidos y Europa. Entre octubre del año pasado y junio de este año el Banco Central de China elevó mensualmente los requisitos de capital de las entidades. Si las reglas post Lehman Brothers de Basilea III que rigen a la banca internacional exigen que las entidades tengan una base de capital del 3 por ciento en relación a sus activos, China requiere un 4 por ciento. Si Occidente ha extendido hasta 2015 el plazo para la adopción de los nuevos requisitos regulatorios, China quiere tener todo listo en 2013. China tiene una ventaja adicional para poner todo en marcha: el sistema financiero está mayoritariamente en manos del Estado. En el directorio de los bancos hay miembros del Partido Comunista encargados de vigilar que se cumplan las directivas del gobierno.

El regulador jefe del sistema bancario chino, Liu Mingkang, es una palanca fundamental de este sistema de control. Liu explica su estrategia con frases y refranes coloridos. Uno de sus dichos favoritos es “el pescado empieza a oler mal por la cabeza”. Este “pescado” –como casi todo en China– es gigantesco. Con una población de más de 1300 millones de personas, China tiene 202.000 sucursales con un valor total de más 6 billones de dólares. Las agencias calificadoras occidentales, que después del fiasco de 2008 se han vuelto más papistas que el Papa, han alertado que el principal riesgo que corre China se encuentra en los préstamos al sobrecalentado sector inmobiliario. La jefa de Fitch en China, Charlene Lu, advirtió en agosto que este sector es más complicado e impredecible que el de la deuda estatal. “El mercado inmobiliario penetra toda la economía de una manera que hace imposible aislar el problema y solucionarlo con una masiva inyección de dinero”, señaló Lu.

Con la acelerada liberalización de las dos últimas décadas, China ha vivido una burbuja inmobiliaria que llevó a una triplicación de los precios de la propiedad entre 2005 y 2009. El relajamiento crediticio posterior a la caída del Lehman Brothers profundizó este proceso. El sector no solo ha sido un importante factor del crecimiento por su impacto multiplicador en la economía (producción de acero, cemento), sino que también se ha constituido en una importante fuente de financiamiento estatal ya que la tierra es propiedad de municipios y provincias. El continuo aumento del precio de la propiedad les permite obtener mayores ingresos de la venta para financiar proyectos de infraestructura.

Esta dinámica creada a nivel local los enfrenta con el gobierno central que quiere controlar el desarrollo inmobiliario. Beijing impuso un aumento de las tasas hipotecarias, fuertes restricciones a la adquisición de segundos hogares e impuestos a la propiedad residencial que están enfriando el mercado. El éxito de esta estrategia no está exento de peligros. Es difícil de valorar el impacto que este enfriamiento tendrá sobre el sector de la construcción. Entre las grandes constructoras, las estatales tienen la mejor evaluación crediticia mientras que algunos gigantes privados, como Greentown China Holding Ltd, han visto caídas de sus ventas equivalentes a unos 2600 millones de dólares. Estas pérdidas son una muestra de las dificultades de la entente inmobiliaria-financiera para salir ordenadamente de la fiebre especulativa de los últimos años.

El otro frente del riesgo financiero chino es el sector provincial y municipal. En julio la Academia de Ciencias Sociales de China y el Ministerio de Finanzas publicaron un informe en el que alertaban sobre el peligro de una crisis de deuda soberana como la que afecta a la Unión Europea, Estados Unidos o Japón. El informe estimaba que este riesgo era real, pero a “largo plazo”. Aún así, el primer ministro Wen Jiabao ordenó a los gobiernos locales que adoptasen medidas para contener este riesgo “a largo plazo”. En septiembre una auditoría estatal calculó que la deuda de la mayoría de los gobiernos locales se ubicaba en torno del 25 y 38 por ciento del PIB. Al publicarse estas cifras el gobierno insistió en que eran manejables y muy por debajo de los niveles de deuda que acumulan Europa o Estados Unidos.

Con la crisis mundial de fondo, el gobierno busca un ajuste gradual con un impacto difícil de prever para una economía acostumbrada a un ritmo elevado de crecimiento. Por el momento se trata de un enfriamiento a la china: crecimiento del 9 por ciento en vez de 10 por ciento para este año con perspectivas de un descenso al 8 por ciento para el 2012