El mercado de la telefonía móvil en el país está dominado por tres compañías: Movistar, de la española Telefónica; Personal, de la italoargentina Telecom; y Claro, propiedad de la mexicana Telmex. Estos prestadores concentran el 98 por ciento del sector medido en accesos y el 91 por ciento de acuerdo a sus ingresos. La normativa madre que rige a las telecomunicaciones móviles es el decreto 764/2000, sancionado durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La legislación preveía la posibilidad de establecer la portabilidad numérica y el libre ingreso de nuevos prestadores. Sin embargo, el mercado quedó más concentrado luego de la fusión entre la ex Movicom y Unifón (hoy Movistar). Durante el primer semestre del año, el mercado totalizó ingresos por 15.037 millones de pesos, una suba de 25 por ciento en relación con el mismo período del año pasado, mientras que la cantidad de accesos superó los 53 millones.

A partir del año 2000, cuando Telefónica y Telecom dejaron de gozar del oligopolio de la telefonía fija, la crema del negocio quedó concentrada en el segmento de Internet y la telefonía móvil, donde no existe un marco regulatorio específico (más allá del Decreto 764 y los distintos pliegos licitatorios), que garantice transparencias en los precios, calidad del servicio, la posibilidad de pasar de una compañía a la otra sin perder algo tan esencial como el número de teléfono.

Según enumeró a Cash Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, el 50 por ciento del total de quejas que reciben por parte de los usuarios corresponde a la telefonía celular. Los principales reclamos tienen que ver con “cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una compañía”.

En base a este escenario, en el Senado existen dos proyectos de ley que apuntan a declarar a la telefonía móvil como un servicio público. Una de las iniciativas lleva la firma de Blanca Osuna (FpV), recientemente electa intendenta de Paraná. Y el segundo texto corresponde a Rubén Giustiniani (PS). “La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil, que además de regular las tarifas del servicio permitirá dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías, y dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas de facturación”, se destaca en los fundamentos del proyecto de Giustiniani.

Para el académico Manuel Castells, la telefonía móvil ofrece una “conexión perpetua”, esto es que permite a los usuarios escuchar música y radio, intercambiar mensajes (de texto y multimedia) con varios destinatarios, jugar, ver televisión, procesar datos y conectarse en red en tiempo real. Además de ser “perpetua” en los términos planteados por el sociólogo español, posee un alcance social distintivo de otros servicios públicos. Existen personas que carecen de agua potable o una red de gas, pero tienen un teléfono celular, por ejemplo. “Entonces, ¿por qué no considerar a la telefonía móvil como un servicio público?”, se preguntó ante Cash Franco Cecchini, director de Iplan, compañía que ofrece servicios de banda ancha y telefonía fija.

Hay un dato extra que hace a la configuración del esquema de negocios de las empresas de telefonía celular. Los prepagos, servicios consumidos en su mayoría por las personas de bajos recursos, resultan más caros que los servicios pospagos. Un estudio realizado por el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (Dirsi, 2009), titulado Tarifas y brecha de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe, registró que en el país los servicios prepagos eran un 25 por ciento más caros que los otros. En contraposición, Venezuela registraba una tarifa de pospago un 50 por ciento superior al esquema prepago.

Para el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra, el tipo de consumo prepago representa más del 70 por ciento del mercado de la telefonía móvil en la Argentina. “Esta es una de las principales consecuencias de tener tarifas desreguladas, como una de las rémoras de las políticas neoliberales que regulan las telecomunicaciones en el país. Las consecuencias son que los sectores sociales más vulnerables pagan mucho más cara su conexión que las capas medias y altas, dado que el minuto de tarjeta prepaga en telefonía móvil es más caro que en abono, el que, por su parte, tampoco está regulado. En la práctica, esto incide en el tipo de uso que se puede hacer de las redes móviles y profundiza la brecha digital, ya que los servicios dependen de la capacidad de pago de los usuarios”, sostuvo Becerra.

En este sentido, declarar a la telefonía móvil como un servicio público implicaría que un Estado regule precios, derechos de los consumidores (como la portabilidad numérica), tarifas sociales, el entorno de interconexión entre empresas y la calidad y continuidad de los servicios.

Regulación

Las dos iniciativas que están en danza en el Congreso apuntan a regular los contratos de los prestadores, que deberán estar aprobados por la autoridad de aplicación. Es un esquema similar al planteado en la regulación de las empresas de medicina prepaga. La diferencia entre ambos radica en la autoridad regulatoria. El texto de Osuna delega esa responsabilidad en la Secretaría de Comunicaciones, a cargo en la actualidad de Lisandro Salas y Comercio Interior, liderada por Guillermo Moreno; mientras que Giustiniani plantea la creación de un ente autárquico y autónomo.

Las dos iniciativas cuentan con artículos específicos sobre la calidad del servicio, la atención a los clientes y los distintos mecanismos para elevar reclamos. Si bien es cierto que las cuestiones relacionadas con la calidad del servicio están comprendidas en los pliegos de licitación, resultaría vital contar con una regulación específica, del tipo inclusivo, que “garantice a los usuarios que los servicios tendrán continuidad, neutralidad, adaptación y no abusarán de las tarifas”, agregó Becerra.

Por ejemplo, el proyecto de Giustiniani prohíbe el ajuste automático de tarifas, las cuales sólo podrían ser alteradas si se tienen en cuenta los costos reales y las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas. De ponerse en vigencia una regulación de estas características, seguramente se tendría en cuenta que en el primer semestre del año, Movistar tuvo ingresos por 5450 millones de pesos, un 16 por ciento más que el mismo período del año anterior, mientras que Personal facturó 5707 millones, un 33 por ciento más que durante los primeros seis meses de 2010. Y Claro tuvo ingresos por 2591 millones de pesos, un crecimiento de 24 por ciento, según datos relevados por consultoras privadas del sector.

Además, para modificar tarifas deberían realizarse audiencias públicas. Este es un artículo clave, si se tiene en cuenta que los distintos prestadores ya anunciaron que a partir de noviembre volverán a incrementar el precio de sus servicios en un 10 por ciento y podrían alcanzar para fin de año una suba total de 25 por ciento.

Audiencia

A fines de septiembre, la Cámara alta realizó una audiencia donde invitó a especialistas en telecomunicaciones, abogados, asociaciones de consumidores y a las compañías involucradas a debatir los proyectos de ley. Las empresas no concurrieron al convite, alegando problemas de agenda. En realidad, su estrategia consiste en el lobby silencioso hasta tanto el trámite parlamentario avance. Recién ahí comenzarían a mostrar su poder para evitar una nueva regulación.

Cash tuvo acceso a un breve texto entregado por una de las compañías del sector, a modo de opinión sobre los proyectos que están bajo análisis. Se trata de la consideración generalizada de la industria sobre el tema. “Estos proyectos pierden de vista que la telefonía móvil nació en un entorno de competencia que ha permitido en 20 años su notable desarrollo, poniendo a disposición de los clientes las permanentes innovaciones con que se brindan los servicios; en dicho contexto, carece de sentido su calificación como servicio público –categoría decimonónica, siglo XIX– asociada con un escenario de monopolio... La penetración del servicio supera el 100 por ciento, la alta competencia y la mayor adopción del servicio en las clases socioeconómicas más bajas son elementos clave. Por lo tanto, ¿para qué correr el riesgo cierto y tangible de definirlo servicio público y que la historia cambie? Con ese argumento las compañías de telefonía celular quieren mantener el statu quo y evitar cualquier movimiento que modifique su cómoda posición de mercado.

La postura del sector empresario es coincidente con la expresada por el abogado Henoch Aguiar, autor del decreto 764/2000. “Lo que impide que exista un mejor servicio no es tanto la falta de regulación sino la falta de competencia y la aplicación de alguna de las reglas que ya existen. Por ejemplo, se podrían licitar nuevas frecuencias. En América latina se están licitando, es decir que existe espectro radioeléctrico disponible. Habría que aplicar las normas que ya están”, remarcó Aguiar a este suplemento.

Durante el primer semestre del año, Telefónica concentró el 31 por ciento de los accesos a la telefonía móvil, Personal obtuvo una participación de 32 por ciento y Claro, un 35 por ciento. El cuarto operador, Nextel, alcanzó una participación de 2 por ciento. Desde hace varios años, el mercado permanece prácticamente invariable.

“El sector de la telefonía móvil es hoy un oligopolio privado perfecto, lo cual es peor que un monopolio. Hay tres compañías que parece que compiten entre sí pero no lo hacen en nada. Es como una guerra de payasos. Ofrecen la misma tipología de servicio, con los mismos planes y siguen cobrando tarifas exorbitantes. Y como no es un servicio público, a pesar de que todos los habitantes del país tienen un teléfono celular, se les permite tener de rehén al usuario”, afirmó a Cash el director de Iplan.

La telefonía celular se convirtió en uno de los primeros accesos al mundo del conocimiento. Si se tiene en cuenta que con un equipo móvil se puede utilizar Internet, herramientas multimedia, acceder a redes sociales y hablar por teléfono, son un buen instrumento para quebrar la tan mentada brecha digital. ¿Por qué dejar librado solamente al mercado el desarrollo de esa sociedad del conocimiento? Bajo este concepto es que cobra sentido hablar de la telefonía móvil como un servicio público