La Resolución 125 fue una “divisoria de aguas” para el desarrollo político del kirchnerismo, porque definió un salto cualitativo en términos políticos, asegura Eduardo Basualdo, investigador y coordinador del Area de Economía de la Flacso. Cash lo entrevistó a pocos días de la publicación de su último libro, Sistema político y modelo de acumulación (editorial Cara o Ceca). Basualdo desarrolló con elocuencia los rasgos que signaron el pasaje de la valorización financiera, agotada en 2001, hacia un nuevo patrón de acumulación de capital, aún en disputa. Desde ese análisis, destacó dos aspectos: la evolución del sector hegemónico desde mediados de los ’90 hasta la actualidad y la definición de la identidad del gobierno kirchnerista a partir del “inédito” conflicto con el agro pampeano.

¿Cómo analiza la evolución del sector económico hegemónico durante los ocho años de gestión kirchnerista?

–Se pueden definir dos etapas, relacionadas con el desarrollo político y el grado de avance del kirchnerismo. En ese sentido, el conflicto alrededor de la Resolución 125, sobre las retenciones móviles, es una divisoria de aguas. No sólo porque fue el conflicto más serio y más enclavado en las contradicciones históricas de la sociedad argentina, sino porque, por eso mismo, definió un salto cualitativo en términos políticos en el kirchnerismo.

¿Por qué?

–Desde el punto de vista de la hegemonía, hasta ese momento era un gobierno que se movía entre dos tipos de hegemonía. Una es el transformismo, que venía de la valorización financiera, que no se basaba en las concesiones a los sectores subalternos, sino en la cooptación de sus dirigentes. La otra es la hegemonía clásica, ya que a partir de esa crisis del 2001/2002 los sectores dominantes tuvieron que responder efectivamente a ciertas reivindicaciones populares.

¿Por qué se ven obligados a hacer concesiones?

–Porque entra en crisis el sistema de representaciones políticas y mi impresión es que todavía no salimos de eso. Por lo tanto, había que recrear condiciones de gobernabilidad y hegemonía por parte de los sectores dominantes. La ambivalencia del gobierno de Néstor Kirchner es que estuvo compuesto por medidas y reivindicaciones populares y, al mismo tiempo, por concesiones que aseguraron una reproducción ampliada de capital a los sectores dominantes. Esa ambivalencia se interrumpió con el conflicto de la Resolución 125, provocado a partir de un nuevo paradigma dominante en la sociedad argentina, asentado en la producción agropecuaria pampeana: el paradigma sojero, que se puso en marcha a mediados de los años ’90. Por ello, el sector agropecuario pampeano es el único que no sufrió la crisis de 1998 a 2001.

¿Qué transformaciones acompañaron a ese paradigma sojero?

–Una vez concluido el ciclo de privatizaciones, en 1995 comenzó otra reforma estructural, que fue la extranjerización de la economía. Los grupos locales vendieron no sólo su participación en los consorcios que controlaban los servicios públicos, sino muchas de sus empresas industriales. Los casos de Bagley y Terrabusi son emblemáticos, también lo es el del Grupo Perez Companc, que se reconvirtió. Estas transferencias rompieron la tradición argentina de vender empresas en malas condiciones financieras. Como esas compañías estaban en buenas condiciones, las transferencias que se hicieron dieron lugar a una exacerbación de la fuga de capitales durante esos años.

¿Qué consecuencias trajo este proceso en este sector de la economía que tuvo tanto poder durante la etapa anterior al kirchnerismo?

–Ese proceso de venta hizo que los grupos económicos perdieran predominio, tanto en la facturación de las doscientas empresas más grandes de la Argentina como en el comercio exterior. Esta fracción del capital, que vendió activos en servicios e industria, se recostó en la producción de bie-nes con ventajas comparativas naturales vinculadas con la producción agropecuaria. La mayoría de ellos fueron siempre grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires y, dentro de la cúpula, son los más importantes de la pampa húmeda, en términos de superficie. La patria sojera tiene como núcleo a estos capitales y fueron centrales en el conflicto de la Resolución 125 para imponer un nuevo patrón de acumulación de capital.

¿Quiénes participan de esa disputa?

–Estamos frente a un fenómeno de fragmentación y rupturas que comienza durante el gobierno de Néstor Kirchner y se profundiza durante el de Cristina, relacionado con nuevos alineamientos sociales, que forma parte de la definición de un bloque social dominante y un bloque alternativo. En esta definición, muchos de los que integran los sectores populares no los van a integrar más y habrá nuevas incorporaciones.

¿Cómo analiza el rumbo que tomó el Gobierno en estos dos últimos años, a partir de la Resolución 125?

–El principal efecto de la 125, tanto en la política presidencial como en la identidad del gobierno y en la relación con los sectores populares, es que eliminó la dualidad en términos de hegemonía. Se definió mucho más como una hegemonía clásica mediante el disciplinamiento del capital. Se trata de una hegemonía clásica dentro de un capitalismo en Argentina y, en ese sentido, de la definición de un tipo de Estado con un fuerte sesgo en términos de políticas hacia la promoción y potenciación de los sectores populares con efectos diversos. Lo que hizo el kirchnerismo en materia de jubilaciones es un hecho muy notable y poco rescatado, incluso por el Gobierno. Lo de la Asignación Universal por Hijo –más reconocido– es sumamente importante. En ese marco, la lucha ideológica y cultural adquiere otros contenidos. Pero hay un déficit original en el kirchnerismo, que es cuando en 2005 Néstor Kirchner pasó a ser presidente del Partido Justicialista. El peronismo (PJ), desde mi punto de vista, difícilmente tenga la capacidad de generar un proyecto popular y nacional, en Argentina, perdurable, porque expresa más el partido del orden que la construcción de un proyecto popular