Argentina Corporate Trust”. Así se denomina el plan de salvataje para un selecto grupo de empresas argentinas, sobreendeudadas en dólares en el exterior, que el Banco Mundial y el BID presentaron en estricto secreto al Gobierno. El proyecto apunta a refinanciar deudas por unos 7000 millones de dólares de las 40 mayores empresas de capital nacional, que ya declararon el default y los acreedores extranjeros amenazan con llevarlas a juicio. Para ello, los organismos internacionales, el Gobierno y un grupo de inversores privados deberían aportar unos 1500 millones de “capital fresco”, a razón de un tercio cada uno. La iniciativa también prevé que las AFJP participen de los nuevos bonos que se emitirían para reestructurar las deudas privadas. El ministro Roberto Lavagna analiza cuidadosamente la propuesta, que Washington presiona para que sea instrumentada una vez firmado el acuerdo con el Fondo Monetario.
La situación es conocida. La pesificación alcanzó exclusivamente a los créditos tomados en el sistema bancario local. Sin embargo, empresas radicadas en Argentina contrajeron también deudas por unos 35.000 millones de dólares, ya sea con acreedores extranjeros o bajo legislación extranjera para la que, obviamente, la pesificación no es válida. De ese total, unos 22.000 millones serían obligaciones negociables emitidas por las empresas, mientras que el resto correspondería a préstamos o fideicomisos contratados en el exterior.
Según un informe de la Fundación Capital, a lo largo del último año, de una muestra de 90 empresas, unas 49 ingresaron en alguna clase de default, por la cesación de pagos de interés de capital y/o intereses o el incumplimiento de alguna condiciones original de los títulos emitidos. Así, del total de la muestra, 35 compañías cayeron en cesación de pagos por 1614 millones de dólares. En el 2003, las cosas no serán más sencillas, porque el sector privado deberá enfrentar vencimientos de capital e intereses por 4900 millones de dólares.
Más del 40 por ciento de la deuda privada “externa” fue tomada por los bancos, que ya recibieron un seguro de cambio del Estado (ver aparte). De las empresas no financieras, una buena parte de la deuda dolarizada corresponde a empresas de capital extranjero, y otra a empresas privatizadas. Una revisión de la información que se maneja en el mercado revela que no existe un patrón homogéneo de comportamiento. Hay empresas de capital extranjero, como Repsol-YPF y Disco, que siguen cumpliendo puntualmente con sus préstamos; y otras, como Telecom, Metrogas, Edenor y Transener, que declararon la cesación de pagos. Un tercer grupo, como Telefónica, logró reestructurar su deuda postergando los vencimientos de los títulos. En el caso de las empresas de capital local, algunas siguen pagando en las condiciones originales (Aluar, Molinos), otras sortearon el default con alguna clase de reestructuración (Pérez Companc), mientras que una larga lista cayó en default (Mastellone, Loma Negra, Grupo Clarín, Acindar, Alpargatas, Sideco, Ferrum, Fargo, etc.).
Para las empresas en default la situación no es sostenible en el tiempo, porque tarde o temprano los acreedores extranjeros accionarán judicialmente contra sus deudores para cobrar a cualquier precio, y hasta pueden amenazar con quedarse con el control (take overs) de las compañías o simplemente decretar su liquidación.
Sea como fuere, el plan del Banco Mundial y del BID sólo involucra a las firmas locales de mayoría accionaria nacional. “Las empresas beneficiarias serían las 40 más importantes de capital nacional (accionistas argentinos). El programa trabajaría sobre un endeudamiento global de unos U$S 7000 millones”, señala el informe al que accedió Cash.
Este diario reveló el 30 de junio pasado que la poderosa Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), integrada por los principales holdings del país, impulsaba un proyecto para que el Estado asumiera las deudas privadas en dólares con acreedores extranjeros (mediante la emisión denuevos bonos), y que, como contrapartida, los empresarios locales quedarían endeudados con el Estado, pero pesificados a 1,40 e indexados por el CER. Sin embargo, esa propuesta (denominada “fronting”; es decir, que el Estado se pusiera al frente de la renegociación de la deuda privada) generó un fuerte debate interno dentro de la propia asociación patronal. Tanto es así que el presidente del Grupo Aluar, Javier Madanes Quintanilla, envió una dura carta a Oscar Vicente, en aquel entonces titular de AEA y ejecutivo del Grupo Pérez Compac, protestando por lo que consideraba un nuevo intento por “socializar” deudas privadas. En otras palabras, una reedición de la estatización de la deuda externa privada llevada a cabo por Domingo Cavallo en 1982.
Desde entonces, cambiaron muchas cosas. Aquella propuesta, que suscitó el total rechazo del ministro Lavagna, fue definitivamente archivada. Y AEA estaría al corriente del plan de Washington. El documento dice claramente que “la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) es la entidad empresaria que participa en el ámbito local como nucleadora de las empresas objeto de esta reestructuración de deudas”.
Sin embargo, no está claro que lo apoyen con demasiado entusiasmo.
En especial porque Washington pretende que el Banco Mundial (a través de la Corporación Financiera Internacional, la rama de la entidad que otorga préstamos al sector privado) y el BID participen de la administración de las compañías sujetas a reestructuración. El informe lo dice así: “La Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo deberían ser socios en la administración de la compañía” en proceso de reestructuración financiera.
El documento confidencial, que hace varias semanas yace sobre el escritorio de Lavagna, se titula “Argentina Corporate Trust”. En una carilla resume el proyecto, y en otras dos describe mediante cuadros sinópticos el rol de cada uno de los actores que intervendrían en el esquema.
El interés de los organismos internacionales en el proyecto es evidente. El Fondo Monetario viene presionando al Gobierno para que empiece la renegociación de su propia deuda, casi como vocero de los acreedores, que consideran inadmisible que no haya habido hasta ahora ningún gesto oficial para reanudar los pagos. El lobby fue tan feroz que Lavagna debió empezar un acercamiento con los acreedores, aun antes de cerrar un acuerdo con el FMI, para demostrar la buena predisposición por parte del Gobierno a negociar. En el caso de las deudas privadas, la posición del ministro fue siempre que eran las propias empresas las que debían encontrar alguna solución en tratativas individuales con sus acreedores. Así, procuraba evitar cualquier intento de estatización.
Sin embargo, los organismos internacionales quieren algún tipo de intervención estatal, de modo de acelerar el proceso. El Banco Mundial, además, tiene un interés directo, porque a través de la Corporación Financiera es también acreedor de grandes firmas locales.
El esquema propuesto es el siguiente. El Gobierno, la CFI y el BID, y un grupo de “inversores de largo plazo” –es decir AFJP– deberían aportar 500 millones de dólares cada uno, “separados en tres tramos de bonos de diferente riesgo”. Con esos 1500 millones de dólares de “capital fresco” se buscaría negociar con los acreedores la refinanciación de deudas por unos 7000 millones de dólares. El proyecto habla de plazos no menores a 10 a 15 años y una tasa de interés máxima del 6 por ciento anual.
El documento destaca una serie de beneficios que supuestamente traería aparejado el plan:
n Recomponer el normal desenvolvimiento de las empresas.
n Desparramar la reactivación sobre pymes directa e indirectamente vinculadas.
n Aumentar el valor patrimonial de las empresas. En tanto, señala que la participación de las AFJP serviría para “dirigir las inversiones a la economía real” e “incrementar el valor de los porfolios”.
En las últimas semanas, Lavagna estudió en detalle el proyecto. Sabe que, una vez firmado el acuerdo con el FMI, Washington presionará a fondo por su implementación. Sin embargo, el ministro teme que el mecanismo abra una nueva puerta a la socialización de las deudas privadas, comprometiendo, para colmo, a las AFJP, que ya tienen en sus carteras demasiados bonos públicos como para seguir cargándolas con papeles de empresas en default.