Por Ricardo Delgado *

Si el “ruido político” no se amplifica de cara a las elecciones, 2003 será un año donde palabras como dolarización e hiperinflación –en extremo vigentes algunos meses atrás en gran parte de la profesión económica– habrán pasado al olvido. La actividad económica medida por el PBI mostrará, por primera vez desde 1998, una leve variación interanual positiva, del orden del 2-2,5 por ciento, en línea con el crecimiento proyectado para el promedio de las economías latinoamericanas.
Con una modestia de objetivos económicos que será moneda constante en los tiempos por venir, estos resultados no son irrelevantes y rescatan la idea de que la batalla de corto plazo fue ganada por la administración vigente. En lo inmediato, parece claro que aún existe cierto margen para administrar la política económica, en particular las decisiones monetarias y cambiarias. En este marco, el Banco Central seguirá jugando un rol decisivo en la determinación de los niveles en los que se mueve el dólar y aunque ya comienzan a observarse algunas señales amarillas (la cantidad de dinero en circulación en relación al PBI supera los niveles más altos de la convertibilidad, por ejemplo), la autoridad monetaria está en condiciones de hacer “sintonía fina” con las LEBAC (o instrumentos similares) y otorgando más flexibilidad al mercado de cambios.
El éxito de esta estrategia de “filo de navaja” permitirá dar certidumbre a la paridad cambiaria y ayudará a estabilizar los precios. Dadas estas condiciones, será posible observar un también leve aumento del consumo y es posible que ciertos proyectos de inversión sean rescatados de los cajones, en especial los exportables.
Esta visión optimista de la “macro” de corto plazo, sin embargo, no debe perder de vista que la economía todavía se encuentra en un equilibrio inestable, dada la gran cantidad de cuestiones irresueltas que, aisladas o en conjunto, serían capaces de borrar de un plumazo los importantes logros estabilizadores del segundo semestre de 2002 de no resolverse adecuadamente.
Las tensas relaciones con el FMI no son, en este sentido, un escenario favorable para que la Argentina pelee nuevamente por un lugar en el mundo de las relaciones financieras internacionales. Por eso, el cierre de algún acuerdo que al menos permita despejar la incertidumbre de pagos con los organismos internacionales en el verano argentino, refinanciando los vencimientos, sería saludable para consolidar la calma monetaria y financiera de estos días.
El gobierno de transición debería dejar las tareas iniciadas en el proceso de reestructuración de la deuda pública para comenzar a dar señales que ayuden a despejar las incógnitas sobre el nivel futuro del tipo de cambio real (más alto o más bajo en función de las necesidades de giro de divisas por deuda) y de los excedentes fiscales requeridos en los próximos años. El consenso es que el proceso debería contener una reducción de los intereses, algo de quita de capital, presumiblemente un período de gracia inicial y una distribución razonable de las amortizaciones. El camino que se escoja en la renegociación de la deuda determinará las necesidades de financiamiento del sector público durante los próximos años, y dependiendo de los resultados obtenidos, el Estado requerirá de una mayor o menor asistencia por parte del BCRA. Por cierto, la reestructuración influirá también en la resolución de las deudas externas del sector privado.
Otro punto clave es el modo en que se resolverá el corralón, y en particular qué camino elegirá la Corte Suprema. Con el actual esquema de amortizaciones de CEDRO a partir de este mes, las reservas bancarias y la predisposición de los ahorristas a constituir nuevos plazos fijos con los depósitos desafectados, no se modificarían las metas de emisión monetaria y, por lo tanto, el impacto sobre el tipo de cambio y la inflación sería mínimo. En el caso extremo de que la Corte adoptara una redolarización de los depósitos y la obligación de su devolución al contado (hipótesis poco probable), ello significaría –si una fracción mayoritaria no retornara al sistema– necesidades de efectivo significativamente superiores a las disponibilidades de reservas de las entidades bancarias, que necesariamente debería ser provista vía emisión de pesos, junto con un aumento de las tasas de interés para atraer recursos hacia los bancos. Esto provocaría fuertes presiones sobre el tipo de cambio y la inflación. Si la redolarización se instrumentara a través de la emisión de bonos (de los propios bancos, mayormente), los efectos monetarios serían inferiores que en el caso anterior, aunque las necesidades de liquidez de los bancos aumentarían debido a la obligación de devolver los depósitos originalmente constituidos en dólares al tipo de cambio de mercado de cada momento.
Asimismo, dado que los bancos locales son importantes acreedores del Estado argentino, sus activos dependerán en gran medida del tipo de reestructuración de la deuda pública que se logre. Sólo una vez conocido el verdadero valor de los títulos públicos en sus carteras, estas entidades podrán iniciar una refinanciación integral de sus compromisos (principalmente en el exterior, dados el stock de ON y líneas de crédito con bancos extranjeros por cerca de u$s 15.000 millones), y encarar el necesario redimensionamiento de sus estructuras. A su vez, esto último permitirá un restablecimiento significativo del crédito con fuerte impacto sobre el nivel de actividad. Hasta entonces, sin embargo, sólo cabe esperar la reaparición de líneas puntuales para las empresas más solventes ligadas al sector externo (y algunas pocas vinculadas con la sustitución de importaciones), lo que acotará las posibilidades de utilización de recursos ociosos en la economía y dificultará un repunte de la actividad más vigoroso.
Por último, la agenda económica no puede soslayar la situación actual y, fundamentalmente, el futuro de las empresas de servicios públicos privatizadas. La cuestión va mucho más allá del aumento de tarifas (que, si fuese del orden del 10 por ciento promedio, impactaría por única vez en 1,2 puntos porcentuales en el índice de precios al consumidor). Con un dólar alto, las ecuaciones de muchas de estas empresas se vuelven inviables en el largo plazo, al tener ingresos en pesos y deudas en dólares. Por ello, el nuevo gobierno deberá encarar una profunda revisión de los contratos firmados cuando la convertibilidad parecía durar para siempre.

* Economista de Ecolatina.