¿Acaso sorprende que el Jefe de Gobierno de la Ciudad vete otra ley votada por unanimidad en la Legislatura porteña? Sobre todo, ¿sorprende que vete una ley que expresa intereses de sectores trabajadores?

Mientras el gobierno nacional expresa con acciones su no neutralidad parándose del lado de los trabajadores, el Gobierno de la Ciudad también se muestra parcial parándose del lado de los sectores patronales. En una y otra acciones se cristaliza la puja entre el avance de un proyecto que quiere revertir día a día las consecuencias del proyecto neoliberal y otro que intenta resistir los cambios para mantener un injusto statu quo.

La acción de Mauricio Macri sigue siendo coherente con un proyecto para pocos. Es coherente principalmente con un proyecto que no incluye a todos los habitantes de la Ciudad. Y lo hace a contramano del proceso histórico que está viviendo el país y del proyecto nacional que levanta como una de sus políticas de Estado más importantes la inclusión en todos sus aspectos (político, social, cultural, económico) para los 40 millones de argentinos.

La lucha de los trabajadores de fábricas y empresas recuperadas tiene más de quince años. Primero fue desde la ilegalidad en el neoliberalismo de los ’90, que a la vez que permitía la práctica perversa de quiebras y vaciamientos que buscaba mantener ganancias de los patrones y reducir las condiciones y derechos laborales de los trabajadores.

Cuando el fenómeno de las fábricas y empresas recuperadas se extendió, la política primero y luego la Justicia tuvieron que empezar a reinterpretar las leyes para dar respuesta a una realidad que se les venía encima. Los trabajadores estafados, ahora, sin patrón estaban dispuestos a defender movilizados y organizados su derecho principal: trabajar para vivir.

Los trabajadores de fábricas y empresas recuperadas representan a más de 10 mil familias y son parte de la Economía Popular que surgió en la resistencia al neoliberalismo junto a trueques, microemprendimientos, cooperativas, junto a otras experiencias colectivas que encontraron en la solidaridad y la organización el camino para sobrevivir. Con el cambio de etapa esa economía que era de subsistencia comenzó a encontrar algunas condiciones para su desarrollo, a la vez que empezó a interpelar al Estado que no contaba (y aún no cuenta en muchos casos) con las herramientas legales e institucionales para canalizarla.

El proyecto nacional y popular que se inicia en el 2003 interpreta este conflicto, igual que como hizo con otros legados del neoliberalismo, y comenzó a interactuar con este nuevo sujeto trabajador organizado ya en diversos movimientos. Este año se expresó con la aprobación de la nueva ley nacional de concursos y quiebras que invierte el orden de prioridad de los acreedores: primero están los trabajadores, a quienes se les reconoce el derecho de organizarse de manera cooperativa para mantener los puestos y ocupar legalmente la fábrica. Mientras el gobierno nacional promueve leyes para incluir, el de la Ciudad las veta. Está claro que las diferencias no son de concepto; son de proyectos: uno que incluye y otro que frena la inclusión.

Mientras Cristina Fernández de Kirchner busca reproducir una nueva legalidad y una nueva institucionalidad para la Economía Popular, Macri la resiste desde la institucionalidad neoliberal

* Subsecretario de Acción Cooperativa de la provincia de Buenos Aires.