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La reforma del sistema de seguridad social debe continuar. Avanzar con la mejora del sistema previsional en general y de los haberes en particular para seguir con el resarcimiento a los jubilados de tantos años de pauperización y olvido debe ser un objetivo a alcanzar. Para encarar la decisión política correcta se requiere generar un debate amplio que permita dar respuesta a los interrogantes básicos: qué sistema de seguridad social, para quiénes y con qué recursos.

La relevancia del sistema de jubilaciones y pensiones dentro del conjunto de las erogaciones fiscales implica que cualquier decisión sobre la materia conlleve un fuerte impacto dentro del presupuesto. A su vez, por las particularidades del sistema, las decisiones actuales tienen fuertes implicancias en el futuro y en consecuencia debe analizarse con cuidado su sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo.

En este punto, además, resulta necesario contemplar variables demográficas (tasa de natalidad, expectativa de vida, envejecimiento de la población) y económicas (nivel de informalidad de la economía, tasa de actividad, cumplimiento tributario) que también van a determinar las necesidades de financiamiento del sistema para lo cual se requieren estudios actuariales que parecerían olvidados.

En Entrelíneas de la Política Económica (www.ciepyc.unlp.edu.ar) abordamos algunos de los puntos a tener en cuenta en la discusión que aquí resumimos.

Cobertura

Hasta la privatización del régimen, Argentina mantenía tasas de cobertura cercanas al 80 por ciento. Sin embargo, en menos de diez años, entre 1995 y 2004, pasó del 77 por ciento a menos del 69 por ciento y con proyecciones que continuaban la tendencia a la baja.

Como consecuencia del Plan de Inclusión Previsional, instrumentado a partir de 2005, se elevó la cobertura aproximándola al 90 por ciento de la población en edad de jubilarse, convirtiéndose así en el país de Latinoamérica con el sistema previsional de mayor cobertura. Los jubilados incorporados se sumaron a aquellos que cobraban la mínima aunque en los primeros años se les deducen los aportes no realizados.

Sostenibilidad financiera

Las prestaciones de la Anses no se limitan al pago de jubilaciones, también es responsable de otros instrumentos que hacen a la seguridad social, en especial las asignaciones familiares. Para financiar todas estas prestaciones, tiene actualmente dos fuentes de recursos: las contributivas (los aportes y contribuciones a la seguridad social) y no contributivas (asignaciones específicas de impuestos nacionales). Si se consideran todas las prestaciones y todas las fuentes de recursos, la Anses tiene superávit (los ingresos exceden sus gastos), pero si sólo se consideraran los componentes contributivos, el resultado sería deficitario.

Por esta razón, el sistema de seguridad social requiere de financiamiento extra para garantizar sus prestaciones: en la actualidad, estos ingresos representan entre 40 y 45 por ciento del total de recursos del sistema.

Sustentabilidad

Un sistema de reparto se basa implícitamente en un contrato intergeneracional entre la clase activa y la pasiva, y la viabilidad en el cumplimiento de dicho pacto depende en gran medida de la relación entre el número de trabajadores activos aportantes y el número de pasivos beneficiarios. Por lo tanto es vital para un sistema previsional, incluso uno de capitalización, el crecimiento del nivel de actividad, del empleo registrado y de los salarios reales para aumentar y estabilizar el coeficiente de sostenimiento del sistema.

Si la relación entre aportantes activos y beneficiarios cae, como efectivamente ocurrió en la Argentina, para mantener una cierta relación entre el haber jubilatorio y el salario se debe aumentar la tasa de los aportes personales o contribuciones patronales, o bien crear nuevos impuestos y salir de la lógica de un régimen puramente contributivo. En efecto, esto es lo que ha hecho la Argentina desde mediados de los años ochenta (y en especial a partir de principios de los noventa, previo a la creación de las AFJP) cuando empezó a incorporar recursos tributarios para financiar el déficit previsional.

82 por ciento ¿de qué?

En el imaginario social está instalada la creencia de que el haber previsional debería ser el 82 por ciento del salario para todos los jubilados. Sin embargo, jamás fue así en toda la historia del sistema previsional argentino. La Ley de Frondizi preveía proporciones decrecientes a medida que aumenta el monto de los haberes y el decreto-ley de Onganía disponía el 70 por ciento como criterio general y sólo se alcanzaba el 82 por ciento si se realizaban aportes durante 42 años, requisito prácticamente imposible de cumplir para un régimen que sólo tenía 25 años con cierto grado de universalización.

Con la reforma del año 1994 se altera la relación haber/salario y se establece un complejo cálculo que sigue vigente hasta la actualidad. Contiene diversos componentes y entre ellos una prestación básica universal (PBU), que representa una suma fija para todos aquellos que puedan acceder a una jubilación, esto es, quienes tuvieron al menos 30 años de aportes.

El caso Badaro

La generalización del caso Badaro produce una gran cantidad de controversias. Las más destacadas son dos: la inconsistencia financiera del sistema y el impacto regresivo en términos distributivos.

La primera de ellas se origina en que el sistema actual tiene topes máximos, tanto para los haberes como para los aportes personales. En consecuencia, la actualización de los haberes sin ningún tipo de tope se contradice con el límite vigente para el financiamiento. Si los aportes tienen tope y los haberes no, es evidente que el sistema no podrá ser sustentable.

La segunda controversia surge al proponer un aumento proporcional a todos los haberes superiores al mínimo. Al hacerlo, se refuerza el carácter pro rico que tiene todo sistema previsional al tender a distribuir beneficios más elevados a quienes están en los estratos más altos de la población.

El camino

Repensar la seguridad social implica enfrentar dos grandes desafíos. El principal es cómo hacer para que garantice protección social a todos los integrantes de la sociedad, es decir, cómo transformar al sistema en auténticamente universal. El más complejo en su consecución pasa por intentar conformar un sistema integrado y coherente entre sus componentes. Para enfrentar esta situación es necesario revisar las instituciones para pasar del sistema actual basado en esquemas contributivos que garantizan la cobertura a quienes tienen capacidad de pago a otros que prioricen la solidaridad y la igualdad.

En ese sentido, la Argentina inició ya un camino de reformas durante el último lustro que va a la vanguardia de lo que acontece en el mundo.

Como vimos, los segmentos de la población que no tendrán posibilidades de acceder al sistema cuando lleguen a la edad para jubilarse porque no realizan (o no les realizan) sus aportes previsionales, están contribuyendo a su financiamiento mediante el pago de impuestos. Y los excluidos del sistema previsional están concentrados en los estratos de menores ingresos. Esta combinación, financiamiento con impuestos regresivos y exclusión de los más pobres, hace que el sistema jubilatorio tal como está pensado sea notoriamente pro rico y con posibilidades de ser regresivo en términos distributivos.

Por lo tanto, resulta indispensable, siguiendo los principios de una “seguridad social para todos” planteados por la OIT, avanzar hacia un sistema que combine un componente no contributivo “universal”, con uno contributivo que lo complemente.

Para transformarlo en progresivo, el esquema debe garantizar al mismo tiempo un beneficio jubilatorio para todos los habitantes mayores y un haber creciente de acuerdo con los años de aportes y con los ingresos obtenidos en la vida económicamente activa, pero menos que proporcional en relación con este último.

En línea con esto, es fundamental generar un debate amplio sobre la financiación del Estado en general y del sistema previsional en particular. Así, teniendo en cuenta que los ingresos tributarios son indispensables para el sostenimiento del sistema, cualquier propuesta que tienda a desmantelar este financiamiento debe ser desechada o necesariamente reemplazada por otra fuente de ingresos.

El reclamo de un “82 por ciento móvil”, que ha sido bandera de los sectores populares desde mediados del siglo pasado en la Argentina, debe ser revisado en función del sistema previsional (y el mercado de trabajo) que nos legó treinta años de ajuste neoliberal para convertirse en una opción seria, responsable y sustentable en el mediano y largo plazo, porque sólo de esa forma será funcional al desarrollo del país

* Economistas del Ciepyc-UNLP.