El abandono de la convertibilidad benefició a miles de pequeñas y medianas empresas argentinas. El nuevo régimen macroeconómico permitió, en gran medida, que las pymes abandonen la conducta predominantemente defensiva llevada adelante en los ’90. Los datos publicados por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme) revelan un sostenido crecimiento de las inversiones. Mientras que en el 2001-2002 solamente un 10 por ciento de estas firmas realizaban inversiones, esa proporción creció a cerca del 20 por ciento en 2003-2004 y a más del 25 por ciento en 2005-2006.

A pesar de esa positiva evolución, el talón de Aquiles de las pymes continúa siendo las dificultades para acceder a líneas de financiamiento bancarias. Los préstamos destinados a las pymes representan un ínfimo porcentaje de la cartera total de las entidades bancarias, con excepción de lo que ocurre en la banca pública y cooperativa.

En un reciente trabajo (“Determinantes de la inversión en Pequeñas y Medianas empresas”, Argentina, 2008), elaborado por las investigadoras Valeria Arza y Claudia Vázquez, se analiza esa cuestión. Las autoras utilizan como insumo los datos provenientes de la encuesta Mapa Pyme del segundo semestre de 2008.

Ese informe es elaborado por la Sepyme a partir de las encuestas realizadas a 7513 establecimientos. El Mapa revela que la inversión es financiada principalmente con recursos propios. Eso ocurre en el 73 por ciento de los casos. El crédito bancario solamente financió el 16 por ciento de las inversiones y el 11 por ciento restante fue con crédito no bancario, como adelanto de proveedores, prestamistas privados o financieras. Las líneas de créditos bancarias más utilizadas fueron el descubierto en cuenta corriente, el descuento de cheque de pago diferido y los créditos para financiar el capital de trabajo.

Tal como afirman Arza y Vázquez “estas líneas son instrumentos de corto plazo con tasas de interés altas y por lo tanto no son los más adecuados para financiar proyectos de inversión de largo plazo. Las líneas potencialmente favorables a la inversión, como los créditos o el leasing para la compra de bienes de uso, son utilizadas por menos del 20 por ciento de los locales de la muestra”.

Consultados por Cash, los funcionarios de la Sepyme resaltaron las casi treinta herramientas de asistencia en marcha destinadas a las pymes.

Entre ellas, sobresale el Régimen de Bonificación de Tasas que subsidia un porcentaje de la tasa de los préstamos ofrecidos por una veintena de bancos públicos y privados. También existe una línea de préstamos para proyectos de inversión (Fonapyme) gestionada de manera directa por la Sepyme, herramientas de capacitación y asesoría técnica, un programa de capacitación que permite acceder a cursos y carreras de grado y posgrado para el personal, distintos planes de asistencia técnica y aportes no reembolsables destinados a proyectos de mejora de la competitividad y captación de nuevos mercados.

No obstante, el acceso al crédito bancario continúa siendo uno de los principales reclamos de los empresarios pymes. Al respecto, la ministra de Industria, Débora Giorgi, afirmó que “las pymes tienen mayor acceso al crédito y el monto de los créditos ofrecidos a las pequeñas y medianas empresas también creció: antes de 2003 recibían el 18 por ciento de 42.000 millones de pesos y hoy reciben el 27 por ciento de 163.000 millones, lo que significa 36.000 millones más de créditos para pymes”.

A su vez, las autoridades nacionales destacan el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario. Ese programa, fondeado a través de líneas de redescuentos del Banco Central, abarata el crédito bancario para aquellas inversiones que prevean aumento de la producción, generación de empleo, sustitución de importaciones, desarrollo regional o aumento de la competitividad.

Más allá de esas medidas, el sistema bancario continúa regulado por la ley de entidades financieras de la dictadura militar. Esa norma eliminó la orientación estatal del crédito y la regulación de las tasas de interés, dejando completamente de lado la idea de considerar al financiamiento como un servicio público. El proyecto de ley sobre Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social puede ser un excelente disparador para revisar ese tema. La propuesta del diputado nacional Carlos Heller define a la actividad financiera como un servicio público y plantea como objetivos principales: la promoción del acceso universal a los servicios financieros, el fortalecimiento del ahorro nacional y la protección de los ahorristas y el impulso al financiamiento productivo en general y a las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular

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