El Ministerio de Agricultura aprobará la Soja RR2 de Monsanto, que llegaría al mercado el próximo año. Las discusiones sobre la nueva soja se refieren a la política de Monsanto para asegurarse el cobro de regalías, el debate sobre la propiedad de la tecnología y una nueva ley de Semillas. El Ministerio de Agricultura estima que la soja RR2BT, que tiene el nombre comercial de Intacta, podría estar aprobada antes de julio. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido a mediados de los noventa, Monsanto ya la patentó en Argentina.

Cuando se aprobó la soja RR (resistente al glifosato) en 1996, Monsanto no hizo lo mismo. Por esa decisión la empresa perdió la oportunidad de ganar millones en cobro de patentes, pero se aseguró la rápida expansión de la RR, lo que terminó de garantizar su otro negocio: la venta del herbicida (glifosato). Con la tecnología ya patentada y la pronta aprobación del Ministerio de Agricultura, la empresa inició una campaña de “acuerdos individuales” con productores para preservarse frente a la legislación nacional, que permite al productor el “uso propio”, lo que lo habilita a reutilizar las semillas obtenidas en la cosecha sin hacer ningún pago.

El acuerdo que hizo circular la empresa entre los productores la autoriza a definir el monto de semillas que podrán usarse para la siembra y la obligación para los chacareros de comercializar el grano con ciertas acopiadoras y exportadoras, lo que le asegura el cobro de regalías, descontándolo directamente en el acopio. Luis Contigiani, quien fuera representante de la Federación Agraria durante los juicios que Monsanto le inició al Estado en los tribunales europeos en 2006, considera que éstos son “una clara violación a la Ley de Semillas”. Contigiani explicó a Cash que ahora la empresa “no busca modificar directamente el sistema legal ni acudir a la Justicia, sino que va por acuerdos con los productores para presionar al Estado”. “La nueva estrategia desconoce la figura del uso propio, sabiendo que el hombre de campo no dejará de adquirir el nuevo producto, aun bajo estas condiciones”, señaló.

Por el lado empresario, la estrategia de Monsanto también genera dudas. Tanto las firmas semilleras más pequeñas, nucleadas en la Cámara de Semilleros Multiplicadores, como las más grandes que trabajan actualmente con la sojaRR con contratos firmados Monsanto, están preocupadas. El sistema de pago de regalías que propone la empresa y, fundamentalmente, la forma que elige Monsanto para reservase para sí la fiscalización son los puntos que generan más atención.

En la firma norteamericana, que se retiró del mercado de la soja en 2004 ante la imposibilidad de cobrar regalías, dicen que los acuerdos resistidos por los productores son un “proceso muy exitoso”. “Apuntan a lograr un consenso, nosotros los preguntamos si están dispuestos a usar la tecnología pagando por ella”, explicaron a este suplemento. Monsanto no niega los acuerdos. Es más, apuesta a esta herramienta para lograr “consenso entre toda la cadena y el reconocimiento de la propiedad intelectual”. El objetivo es que con esto “se avance en un mayor reconocimiento de la investigación y el desarrollo y se den las condiciones para lanzar nuevas tecnologías”, apuntaron.

Si bien hay diferencias entre las compañías semilleras y Monsanto, el uso de la llamada bolsa blanca, con la que los productores resiembran sin pagar a las empresas por esas semillas, es un problema que afecta a todas las firmas. En este punto, por las ganancias perdidas, todas esas firmas son socias.

Si bien en 2006 la Secretaría de Agricultura definió el alcance del “uso propio”, restringiendo su definición, la normativa no se cumple y el porcentaje de bolsa blanca que usan los productores supera el 50 por ciento del total sembrado. En la actualidad, existen varios proyectos de una nueva ley de Semillas. Todas las iniciativas contemplan una mayor precisión para el concepto del “uso propio”. Según explicó el titular de la Comisión de Agricultura en Diputados, Luis Basterra (FpV), la intención es “dar un marco más claro porque se quiere que las empresas desarrollen y traigan tecnología, pero no se puede desatender a los pequeños y medianos productores”. La iniciativa contempla restringir el concepto de uso propio para los grandes productores, pero preservando a los pequeños y medianos productores