La declaración de utilidad pública y expropiación del 51 por ciento del capital accionario de YPF representa un formidable avance en materia de soberanía energética. La sustentabilidad del proceso de crecimiento requería retomar el control estatal sobre un insumo estratégico que influye decisivamente en el esquema de costos y de consumo de la economía. Otro paso para desandar el sendero recorrido durante los noventa es la diversificación de la matriz energética.

En el documento “Subexploración y sobreexplotación: la lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina”, elaborado por economistas del Cifra, se señala que “para alcanzar esta configuración de la matriz se había proyectado un nivel de inversión en generación de energía eléctrica, entre 1973 y 1987, cercano a los 5300 millones de dólares de 1973 (alrededor de 26.000 millones de dólares de 2011), con una marcada concentración en la hidroelectricidad, en tanto que destinaba el 77 por ciento del total de la inversión a la construcción de represas, el 17 por ciento a centrales nucleares y el 5 por ciento restante a la producción por medio de petróleo, gas natural y sus derivados”. De haberse cumplido con esas previsiones, la producción primaria de energía hubiera estado compuesta en 1985 por un 71 por ciento de gas natural y petróleo, 9 de carbón, 2 de otros combustibles vegetales, 15 hidráulica y 3 por ciento nuclear.

En tanto, en la investigación “El regreso del Estado a la planificación energética. Desafíos para la nueva década”, los economistas Diego Margulis, Nadab Rajzman y Andrés Tavosnanska explican que el sistema eléctrico estuvo durante la mayor parte del siglo XX fuertemente controlado por el Estado, a través de empresas como Agua y Energía Eléctrica (encargada del desarrollo de los aprovechamientos hidroeléctricos), la Comisión Nacional de Energía Atómica, Segba e Hidronor, esta última creada con el objetivo de explotar las fuentes hidroeléctricas de la cuenca norpatagónica. “Estas empresas articulaban un sistema con predominio estatal que se caracterizaba por una fuerte integración vertical de las tres etapas técnicas del proceso productivo, mientras la Secretaría de Energía se encargaba de la planificación y la regulación.”

La transferencia de las empresas públicas a manos privadas, previa segmentación de las mismas de acuerdo con el sector donde operaban (generación, transporte, distribución) modificó abruptamente esa lógica operativa. El repliegue estatal no hizo más que consolidar una matriz energética altamente dependiente de las fuentes derivadas de hidrocarburos. “El establecimiento de la supuesta libre competencia en la fase de producción llevó a la reconversión del parque generador de unos pocos prestadores estatales con diversidad de fuentes primarias a muchos prestadores privados con preeminencia de centrales térmicas convencionales (especialmente las que utilizan gas natural). Las inversiones privadas se concentraron en centrales térmicas instaladas en las zonas del Comahue y el NOA, en donde aprovechaban la disponibilidad de gas a bajo costo”, detallan Margulis, Rajzman y Tavosnanska.

El kirchnerismo introdujo algunas modificaciones a ese esquema mediante la construcción de una central a carbón en Río Turbio, la elevación de la cota máxima de Yacyretá, la culminación de Atucha II, la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse, el fomento a la generación de energía eólica y el llamado a licitación de las centrales hidroeléctricas de Condor Cliff y La Barrancosa. A pesar de esos avances, la energía total utilizada continúa dependiendo fuertemente de los recursos hidrocarburíferos (53 por ciento del gas natural y 32 de los derivados del petróleo). El restante aporte energético está distribuido entre la energía hidroeléctrica (11), la energía nuclear (2) y el carbón (2)

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