El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional el viernes al Parlamento se caracteriza por reclamar un nueva delegación de poderes completando el equívoco ya cometido en la Asamblea Legislativa. En aquélla se decidió elegir un Presidente sin gestar un sólido acuerdo parlamentario en torno de un plan concreto. En el presente proyecto se piden poderes sin especificar el plan global que se pretende poner en marcha. No se aclaran tampoco las novedades que se implementarán en materia monetaria y cambiaria ni se precisa el modo en que se reordenará el sistema financiero (salida del corralito).
Tampoco hay ninguna claridad todavía respecto de cual será el marco fiscal de la propuesta gubernamental. Cuestión que asombra frente al señalamiento que el propio Presidente hiciera de los 9000 millones de dólares de déficit que tiene el sistema público argentino. Más aún, la única mención a recursos fiscales concretos (derechos temporarios a la exportación de hidrocarburos) tiene por destino expreso compensar a los bancos frente a la necesidad de devolver los depósitos.
Al estar ausente la cuestión fiscal, no existe tampoco palabra alguna sobre la necesidad de “reestatizar los aportes de los trabajadores activos que hoy van a las AFJP”. Situación esta que, en tanto se mantenga, reproduce condiciones de déficit estructural para el sector público argentino.
Cabe aclarar que si el eje de la política económica es la “devaluación”, estamos en presencia de una estrategia que pretende mejorar los precios relativos a favor de una salida exportadora. No obstante corresponde señalar que el núcleo exportador argentino no tiene capacidad para generar empleo y que esto sólo existirá en tanto y en cuanto se definan estrategias que pongan en marcha una política industrial local. Asimismo, las exportaciones representan sólo el 9 por ciento del PBI y nos encontramos en una coyuntura de recesión mundial.
Por lo tanto, al no existir efecto reactivante alguno sobre el mercado interno (todo lo contrario, habrá caída salarial y está en cuestión aún saber cuál será la afectación a los patrimonios y cómo se distribuirá), lo que hasta hoy se conoce no producirá reactivación.
La política anunciada secundariza y coloca en un lugar residual el problema principal de la Argentina: la distribución del ingreso. Problema que por cierto está en el centro del reclamo de igualdad que estallará en las calles del país durante el finalizado año 2001.
Se ha cometido el grave error de centrar la estrategia en la cuestión cambiaria. La economía argentina exigía fijar un nuevo piso distributivo; pesificar todas las operaciones; replantear la cuestión fiscal; revisar la apertura comercial y replantear las relaciones con las privatizadas y el capital extranjero. Sólo en este nuevo contexto podía formularse la recuperación gradual de la política cambiaria.
La opción elegida obliga a correr por detrás de los efectos de la devaluación. Ya no se discutirá la recomposición de los ingresos de la población sino el modo en que éstos caigan menos. No se debatirá la reducción de las tarifas públicas sino que no suban, y así sucesivamente.
En el mejor de los casos, y si lo que hasta hoy se conoce se consolida y se confirma (habrá que ver cómo se sostiene el nuevo régimen cambiario), se corre el riesgo de intentar cambiar la conducción del bloque dominante sin alterar el esquema general de ganadores y perdedores. Tendería a afirmarse de este modo el “patrón de desigualdad” que ha padecido la Argentina de los últimos 26 años.

* Director del Instituto de Estudios y Formación. CTA .