La YPF de Repsol acumuló en la Cuenca Neuquina un pasivo ambiental de unos 5000 millones de dólares, además de cientos de denuncias por daños al medioambiente. También registra una causa penal contra el titular de la firma española, Antonio Brufau, y el ex CEO de la empresa, Sebastián Eskenazi, por contaminación en la zona de Loma La Lata, el principal yacimiento de gas del país. Los interventores de la empresa, ahora bajo control del Estado, ya tomaron nota de todos los incidentes y buscan obtener una cifra que determine el pasivo ambiental que carga YPF sobre sus espaldas. Se trata de un dato clave a la hora de discutir el precio que se deberá pagar por la expropiación del 51 por ciento de las acciones.

La mayoría de las provincias petroleras apenas tiene registros del daño al medio ambiente. Neuquén es una de las que más avanzó en ese sentido. En 2008, cuando el gobernador Jorge Sapag renegoció los contratos con las empresas que operan en este territorio, se creó un banco de datos con todos los incidentes ocurridos desde la YPF estatal y las tareas necesarias para repararlos.

El archivo, sin embargo, tiene dos limitaciones. En principio, sólo surge de la declaración jurada de las compañías. Además, el lobby empresarial, con Repsol a la cabeza, logró que ese pasivo no se valúe de forma monetaria, para no trasladar los costos a sus balances y obtener así mayores ratios de ganancia. Fuentes provinciales estimaron que podría superar los 1500 millones de dólares.

Apoderados de diversos damnificados denuncian que Brufau jamás informó a los accionistas de la empresa madre española que su “perla argentina” poseía multimillonarios juicios en contra por remediaciones ambientales incumplidas.

Causas

“Vinieron muchas veces a presionarnos y a ofrecer dinero para que demos de baja las causas”, aseguró Ricardo Apis, presidente de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa), detrás de una mesa cubierta de copias de expedientes que prepara para llevar a Buenos Aires. Esa entidad se conformó para defender los derechos de los titulares de la tierra donde se realizan explotaciones hidrocaburíferas. Terminó, sin embargo, encabezando denuncias por daños al medio ambiente, entre ellas la más importante demanda civil, por unos 1000 millones de dólares, que espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Apis estima que la remediación total que tiene que hacer YPF en la Cuenca Neuquina alcanzaría los 5000 millones de dólares.

–¿Cómo surge esa cifra? –preguntó Cash.

–En principio de la proyección de un viejo estudio que el PNUD realizó en Neuquén en 1997. Sólo en el 4 por ciento de la Cuenca Neuquina el valor alcanzaba 1000 millones de dólares, en su mayoría correspondientes a YPF. El trabajo, encargado por el entonces gobernador y tío del actual mandatario, Felipe Sapag, sentó un precedente sobre cómo medir y valuar el impacto.

Apis muestra la principal prueba de ese monto: una entrevista que la revista Fortuna le realizó al abogado Luis Macchiavello en su carácter de asesor de la UIA. El letrado hablaba de un pasivo de 5000 millones de dólares en el marco de la causa de Assupa. Macchiavello trabajó para la YPF de Repsol y su firma aparece en varios documentos recientes de la compañía.

Además de las causas civiles, Assupa presentó en 2008 una denuncia penal por contaminación en las zonas cercanas a Añelo, el pueblo más cercano a Loma La Lata, que involucra a Brufau y a Eskenazi, entre otros. El expediente, que tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, incluye una pericia realizada en 2009 por el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema, la máxima autoridad en su tipo en el país.

Cash accedió al informe que señala que se detectaron hidrocarburos en todas las muestras remitidas, en algunos casos “muy por encima del límite máximo establecido”. También se detectó la presencia de combustibles en el lago Los Barreales, ubicado en el centro geográfico de Loma La Lata, “por encima del límite establecido para aguas con fines recreativos”.

El metal

En 1997, la defensora del Niño y del Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por la falta de atención sanitaria a niños de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayin, que habitan sobre el yacimiento de Loma La Lata. Un año antes, ya se había comprobado la presencia de metales pesados en su sangre. El pedido se replicó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“En 1999, Repsol tomó el control de la compañía. Dos meses después se firmó un convenio con las comunidades para analizar los puntos a remediar en el suelo y el agua: ellos hacía su estudio y nosotros el nuestro”, explicó el apoderado de las comunidades indígenas y abogado de la CTA, Mariano Mansilla. “Lo que no se imaginaban era que íbamos a conseguir apoyo financiero de distintas ONG para contratar a la prestigiosa consultora alemana Umweltschutz Nord. El trabajo que realizaron, de gran profundidad técnica, arrojó como conclusión un pasivo ambiental y cultural del 453 millones de dólares, sólo en Loma la Lata”, indicó.

Repsol se negó a cumplir con ese compromiso apelando a distintos artificios legales. Las comunidades fueron a la Justicia y, tras un largo camino de avances y retrocesos, la causa sigue su curso en la Corte Suprema de Justicia. “Los 453 millones quedan cortos; hoy deben ser mucho más. Es cierto que Repsol hizo algunos trabajos de remediación, pero de ninguna manera se reparó el daño profundo”, afirmó Mansilla. Además de esa megacausa, existen más de 200 episodios ambientales denunciados, reseñó el abogado.

Todas esas denuncias, con las documentación respectiva, están bajo la lupa del Estado nacional como parte de la puja por el precio del 51 por ciento de YPF. Más allá del valor de las acciones, la nueva petrolera tendrá también el desafío de crear un plan de trabajo para remediar esos pasivos que se arrastran desde hace décadas

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