Por Claudio Lozano *

El discurso dominante pretende polarizar y restringir el debate respecto a las alternativas que se le plantean al país. Por un lado nos presentan la perpetuación del presente. El devaluacionismo duhaldista exhibido como la apuesta a un modelo productivo, pero que en la práctica supone la consolidación de una factoría exportadora dedicada a malvender recursos naturales y mano de obra barata, luego de haber pulverizado los ingresos de la sociedad y de haber resuelto la crisis financiera esquilmando a los ahorristas e incrementando la deuda pública para preservar el patrimonio de los bancos. Por otro, nos contraponen la propuesta menemista que sugiere ir más a fondo en la medicina aplicada durante los ‘90. Medicina sostenida en los criterios aperturistas, desreguladores y privatistas, fundada en el endeudamiento permanente, y que habiéndose aplicado en un contexto internacional más favorable (en los ‘90 había financiamiento externo y hoy no), ya demostró su absoluta incapacidad para poner en marcha un crecimiento armónico y sostenido, así como su imposibilidad de afirmar equilibrios sociales elementales. Durante su aplicación se profundizó la regresividad distributiva, se expandió la tasa de desempleo y los niveles de pobreza.
La discusión planteada en estos términos constituye una falacia que, lejos de confrontar posturas antagónicas, sólo debate predominios distintos en el interior de los ganadores de la reestructuración capitalista abierta en 1976. El menemismo expresa la articulación entre el capital financiero internacional, los grandes bancos privados locales y los conglomerados que operan las empresas privatizadas. El duhaldismo intenta expresar la nueva etapa de un mundo en recesión, donde los acreedores del exterior tienden a articular con los grupos de inserción exportadora, desplazando en el predominio a los grandes bancos y a las privatizadas. Se trata de un debate acerca de cómo se reparten la rentas extraordinarias colocando como variable de ajuste al resto de la sociedad. Así, el discurso nacional levantado por Duhalde en Davos y los gestos supuestamente autónomos de Lavagna ante el FMI deben ser vistos como un emergente de este intento de alterar los predominios en el interior de una cúpula empresarial trasnacionalizada, y bajo ningún aspecto como una estrategia productiva dirigida a resolver los problemas que exhibe la sociedad argentina.
Abrirle la puerta a otro país supone ser capaces de conjugar tres criterios: distribución-autonomía nacional-democratización. El primero de ellos remite a entender que la distribución no es un subproducto del crecimiento. En realidad, hay que modificar el modo bajo el cual funciona la economía a los efectos de garantizar el crecimiento equitativo. La distribución es hoy indispensable, ya que no hay democracia posible con 22 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, pero también para garantizar una adecuada inserción en el mundo de hoy. En el contexto del cambio tecnológico, no hay perspectiva sin ser capaces de garantizar la reproducción de una fuerza de trabajo con crecientes niveles de calificación. Pues bien, vulnerar el nivel de vida presente resiente la productividad futura de la economía local. Por otra parte, la incorporación de progreso técnico requiere de inversión y para esto deben desterrarse las posibilidades de incrementar los beneficios en base a rentas fáciles procedentes de la sobreexplotación del trabajo, el mantenimiento de monopolios, privilegios fiscales o el control de recursos naturales que otorgan rentas.
Para poder distribuir es necesario recuperar autonomía nacional, lo cual supone en el presente contexto otra negociación externa del endeudamiento, una regulación efectiva del capital interno más concentrado, y la ampliación del espacio regional priorizando el Mercosur y América Latina. En esta dirección se requiere afirmar la regulación pública sobre el comercio exterior y el sistema financiero, restringir la libre movilidad de los capitales, replantear el sistema arancelario y renacionalizar, asícomo garantizar un adecuado control público sobre las áreas privatizadas. Lo expuesto permitiría construir una nueva moneda y gobernar la asignación de nuestros propios recursos.
Por cierto, es imposible distribuir y recuperar autonomía nacional sin ampliar la capacidad de nuevos actores sociales para influir sobre el proceso económico: democratización. Se necesita, por tanto, generalizar la experiencia del presupuesto participativo para que la comunidad incida en la asignación de los recursos públicos; se requiere una ley antimonopólica para favorecer la desconcentración de la economía; se necesita un compre nacional que permita integrar nuestro aparato productivo, promover la organización autónoma y libre de los trabajadores en el interior de las empresas para que sean socios de una estrategia de regulación pública sobre los precios, las ganancias y las inversiones de las mismas y, por último, se necesita conformar un área de economía pública y social que se transforme en motor de la generación de empleo y la incorporación de tecnología, ante la ausencia de un empresariado nacional que controle los resortes principales de la economía local.
En ese contexto se puede impulsar una estrategia de reindustrialización y desarrollo de las economías regionales. Contexto que, para ser posible, exige de una amplia unidad política y social y una renovación profunda de las instituciones. Difícilmente esto pueda encararse con el mismo Parlamento que le cedió las facultades extraordinarias a Cavallo o que convalidó sin chistar la brutal transferencia de ingresos de la devaluación duhaldista. Parlamento que sobrevivirá a las próximas elecciones de abril. Difícilmente pueda resolverse manteniendo la actual Corte Suprema de Injusticia. Unidad política y social en torno a un nuevo proyecto de país y con la decisión de renovar el conjunto de las instituciones es la agenda política pendiente de quienes pretenden una Argentina más justa.

* Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA